El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes recoge una resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En ella se publica el convenio con el Ministerio de Salud del Gobierno de Andorra sobre la reventa de vacunas de Biontech/Pfizer para luchar contra la emergencia sanitaria provocada por el virus de SARS-CoV-2.
El texto señala que tras las negociaciones en virtud del acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19, “se puso de manifiesto la necesidad de que algunos países de nuestro entorno pudieran beneficiarse del acceso a las vacunas que garantizarían estos contratos”.
Derecho a revender la vacuna
Algunos de los países que se consideró que podrían beneficiarse son los pertenecientes al Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y los pequeños países como Andorra, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano. Señala la resolución que estos últimos “dependen enteramente de la cadena de suministro de los países vecinos para la provisión de medicamentos”.
De este modo, tras una serie de negociaciones, se llegó al acuerdo de que los países desde los que se sirven habitualmente de medicamentos y productos sanitarios a los pequeños países europeos serían responsables de destinar parte de sus dosis asignadas a los mismos. Es decir, se reconoce el derecho de dichos países a revender las dosis de vacuna a aquellos que las necesiten.
Así, en el caso del Principado de Andorra, se acordó que España le facilitase una parte de las dosis asignadas de vacunas de Pfizer/BioNTech. Sin embargo, la resolución publicada en el BOE no recoge las condiciones económicas ni el precio correspondiente a dicha reventa.
Ayudas económicas para instalaciones juveniles
El boletín recoge también un decreto-ley para Cataluña con medidas extraordinarias de carácter económico en el sector de las instalaciones juveniles. Modifica, además, un decreto-ley anterior en referencia a las medidas extraordinarias de carácter social y de apoyo a entidades del tercer sector social.
Por un lado, esta ayuda en forma de prestación económica irá destinada a entidades, empresas y personas titulares o gestoras de instalaciones juveniles. Esta aportación será de 5.000 euros por cada instalación juvenil más 25 euros para cada plaza registrada de dicha instalación. El máximo para cada entidad será de 40.000 euros para cada entidad.
Por otro lado, la modificación del Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre cambia -entre otros- su artículo 12. Así, el importe máximo correspondiente al pago de estas subvenciones aumenta en casi 2,8 millones de euros, pasando de unos 3,7 millones de euros a 6,5 millones, pudiendo ampliarse posteriormente.
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