Hemos recibido a través de nuestro servicio de verificación de información por WhatsApp (+34 627 28 08 15) varias consultas relacionadas con una Proposición no de Ley presentada por el grupo parlamentario de Unidas Podemos, con el fin de “prevenir la propagación de discursos de odio en el espacio digital” y que ha sido respaldada por el Congreso. Algunas publicaciones critican que el objeto de esta iniciativa es “censurar las redes sociales”, ¿qué hay de cierto?
En qué consiste la iniciativa
La proposición insta al Gobierno a que obligue a las plataformas de redes sociales, como Facebook o Twitter, a eliminar “contenidos que inciten al odio y a la violencia”, así como a aumentar la cooperación de las empresas proveedoras con las autoridades a la hora de procesar una denuncia por delitos de odio. Ahora queda a discreción del Gobierno la decisión de convertir esta propuesta en ley. Newtral.es ha consultado a Presidencia sobre esta iniciativa, pero no ha tenido respuesta.
La Proposición no de ley redactada por Unidas Podemos consta de cuatro medidas: aumentar la información para que los usuarios de las redes sociales sepan cómo reportar contenidos que inciten al odio, agilizar los mecanismos para denunciar, obligar a que se retiren los contenidos denunciados tras 24 horas (o una hora en caso de que la víctima sea menor de edad) y obligar a estas empresas a almacenar los contenidos denunciados para que sean investigados por las autoridades.
Asociaciones de jueces cargan contra la propuesta
La propuesta ha sido recibida con críticas de las principales asociaciones de jueces, principalmente, por el tercer punto de la propuesta, sobre la eliminación de contenidos: “Poner límites a la libertad de expresión por parte del Ejecutivo excluye un control judicial, control que sí existe en otras limitaciones de derechos fundamentales”, critica Natalia Velilla, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más representativa entre los jueces y magistrados con más de 800 miembros.
Velilla admite que la sociedad ha cambiado desde que se redactó la Constitución, pero añade un matiz: “No debemos dejarnos llevar por la celeridad de la sociedad actual para arrasar la libertad de expresión”, considera. La magistrada considera que hay otras soluciones más viables para luchar contra el discurso de odio, como agilizar la respuesta de la justicia o impedir que las plataformas permitan la creación de cuentas sin verificar: “El anonimato es posible siempre que la plataforma conozca quién se esconde detrás de esa persona”, propone.
“Es verdad que hay un incremento notable de las expresiones ofensivas e injuriosas, es evidente”, señala Fernando de la Fuente, magistrado en Derecho Penal y viceportavoz de Juezas y Jueces para Democracia (tercera asociación judicial más representativa con más de 400 afiliados). Esta organización, más comprensiva con la iniciativa de Unidas Podemos, también critica el tercer punto: “No estaríamos de acuerdo en intervenir las redes sociales. No creo que intentar evitar esas manifestaciones sea una cuestión de las administraciones”, declara el magistrado.
De la Fuente considera que las empresas de redes sociales sí tienen potestad para decidir qué se puede publicar: “El portal es suyo, no es público donde todo el mundo pueda intervenir”. El magistrado hace una diferenciación entre el material explícitamente delictivo con aquello sujeto a la interpretación. Considera que el segundo debe ser objeto de la autoridad judicial, mientras que el primero puede atajarlo la plataforma de la red social: “Yo creo que es desproporcionado que las plataformas tengan que acudir a la autoridad judicial para tratar materiales delictivos”, opina De la Fuente.
También es crítica Concepción Rodríguez, portavoz del Foro Judicial Independiente (cuarta asociación representativa de la judicatura con más de 300 miembros): “Cuando hay una extralimitación, las personas afectadas pueden dirigirse a los juzgados cuando se atente contra su dignidad u honor. No cabe un control de entrada sobre lo que diga cada persona, eso atenta contra la libertad de expresión”.
La Asociación Profesional de la Magistratura, primera organización representativa de jueces y magistrados con más de 1.300 afiliados, ha rechazado responder a las preguntas de Newtral.es.
Qué dicen los partidos
La proposición de Unidas Podemos se ha tramitado a través de la Comisión de Interior, donde ha conseguido el apoyo de todos los partidos representados, a excepción de PP y VOX (19 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones). El portavoz de Ciudadanos, anunció que su partido se abstendría: “Leyendo la exposición de motivos no se puede estar en contra”, admitió el diputado. No obstante criticó a Podemos por “prohibir solo un discurso de odio, no todos”. Carbonero criticó a “ministros de Podemos” que han hablado de “guillotina para los Borbones” o de “lanzar a los Borbones a los tiburones”: “¿Quién va a decidir qué es censurable y qué no lo es?”, criticó.
La postura del PP fue defendida por el diputado Eloy Suárez, que criticó a Podemos: “Me sorprende que esta iniciativa venga de un partido que está todo el día con lo público y ahora quieran privatizar la justicia, y que sean las TIC las que decidan qué está bien y qué está mal en las redes sociales”, criticó, y añadió: “Depositar en empresas privadas la capacidad de emitir juicio sobre lo que es un delito de odio o no, me parece un disparate”.
Manuel Mariscal, de Vox, criticó que Podemos quieran instaurar una “Inquisición laica” y acusó al partido morado de querer “perseguir y amordazar a los españoles”. El portavoz del Grupo Socialista defendió a su socio del Gobierno y recordó que Francia y Alemania ya han regulado la persecución de los delitos de odio: “No es una cosa que ocurre solo en España”, señaló.
Francia y Alemania ya regulan eliminar el contenido de odio en las primeras 24 horas
Alemania legisló en 2017 sancionar a las empresas de redes sociales con multas de hasta 50 millones de euros si no eliminaban contenidos difamatorios o amenazadores publicados en Internet. Esta ley, como la propuesta de Unidas Podemos, da 24 horas a las redes sociales para eliminar contenido que sea claramente criminal y siete días para lidiar con aquellos casos menos evidentes. El objetivo, según dijo el ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, era “acabar con la ley de la jungla en Internet”.
Francia siguió estos pasos en 2019, al legislar que todo el contenido de odio publicado en las redes sociales debía ser eliminado en 24 horas. “Lo que no se permite en la calle, no debería de ser permitido en Internet”, dijo Laetitia Avia, compañera de partido del primer ministro francés, Emmanuel Macron. Francia es incluso más dura que Alemania y amenaza a las empresas de redes sociales con multas de hasta el 4% de su beneficio global en caso de incumplir la norma.
Medidas de las redes sociales contra los discursos de odio
Las principales redes sociales cuentan entre sus políticas la prohibición de conductas que inciten el odio. Twitter no permite “fomentar la violencia contra otras personas”, por motivos de raza, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual o identidad de género, entre otras razones.
Asimismo prohíbe la utilización de imágenes o símbolos que inciten al odio como imagen de perfil o encabezado. También impide participar en comportamientos abusivos, realizar acosos dirigidos o expresar odio contra una persona o grupo. En su web detalla que estas actitudes amenazan la capacidad de expresarse de las víctimas de los abusos.
El resto de plataformas mantienen normas similares. Facebook tampoco permite el uso del lenguaje “que incite al odio”, ya que “crea un entorno de intimidación y exclusión”. Facebook reflexiona en su web sobre este asunto, en un texto titulado: “¿Quién debería decidir qué es el discurso de odio en una comunidad global conectada?”.
En él, la compañía informa de que elimina alrededor de 300.000 publicaciones cada mes por todo el mundo. El texto incluye una reflexión de qué pasa cuando no hay un consenso claro sobre si un discurso incita al odio o no, cuando no está clara la intencionalidad. El resto de plataformas, como Instagram, Youtube o Tiktok arguyen motivos similares.
Fuentes:
- Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV)
- Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)
- Foro Judicial Independiente (FJI)
- Boletín Oficial de las Cortes Generales Núm. 168, página 37 y 38 (27/10/2020)
- Debate de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados sobre sobre la prevención de la propagación de discursos de odio en el espacio digital (26/10/2020)
- Reglas y políticas de Twitter
- Normas comunitarias de Facebook
- Who Should Decide What Is Hate Speech in an Online Global Community? (Facebook, en inglés)
- Pautas para la comunidad de Instagram (inglés)
- Política sobre la incitación al odio de Youtube
- Normas de la comunidad de TikTok
- German parliament backs plan to fine social media over hate speech (Reuters, 30/06/2017)
- French lawmakers vote to target online hate speech in draft bill (Reuters, 05/07/2019)
- Ley alemana para combatir el odio en la red (01/09/2017)
- Ley francesa para combatir el odio en la red (16/05/2019)
Yo creo que hay un error de concepto; una cosa es "libertad" y otra muy distinta es "libertinaje".
Y cuando no se diferencia el significado , se olvida donde empiezan y donde terminan los derechos de los unos y de los otros.
El primero que se ha manifestado con odio hacia algunas personas ha sido el "señor "IGLESIAS
ODIO,RESENTIMIENTO,DESPRECIO