Nos habéis preguntado sobre las noticias que informan de la investigación como persona jurídica del partido político Podemos, que ha sido acusado por un antiguo abogado de la formación de presuntos cobros de sobresueldos, contratos ficticios y de tener una denominada “Caja B”. Te explicamos las claves del caso y qué es lo que se investiga.
El origen de la denuncia: José Manuel Calvente
En diciembre de 2019, la formación morada despedía a su entonces delegado de Protección de Datos y abogado, Juan Manuel Calvente, que llevaba en el partido desde 2014. Podemos, entonces, alegó como causa del despido un presunto caso de acoso sexual y laboral a dos de sus compañeras, un proceso que fue archivado por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid el pasado 28 de julio, una decisión que ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un día después.
Según la titular de la Sala, no se consideró debidamente justificada la perpetración de los delitos por los que se lo acusaba. “[Señala] no haberse acreditado el delito de acoso sexual ante la falta de evidencia de favor sexual alguna, ni situación objetiva intimidante, hostil o vejatora hacia la querellante [Marta Flor Núñez, abogada de Pablo Iglesias] por parte del querellado”, recogía el auto.
Elecciones generales de 2019 y “empresas pantalla”
El Tribunal de Cuentas (TCU), de manera paralela y sin requerimiento judicial, en su informe fiscalizador de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, encuentra algunas facturas que no corresponden a gastos electorales sino a “operaciones ordinarias” por una cuantía de poco más de 290.000 euros. Al mismo tiempo, recoge que hay una factura de 133.000 euros “que no ha sido debidamente justificada”.
Según el mismo informe, los 290.000 euros de gastos no electorales corresponderían a:
- Un servicio de “consultoría en redes y tratamiento de la información […] y análisis del comportamiento de competidores, votantes e influencers”
- La colocación y retirada de pancartas con el lema “Vota Izquierda Unida Guadalajara” que, según indica el Tribunal de Cuentas, no puede ser considerado gasto electoral al no hacer referencia “expresa a la denominación de la coalición electoral [Unidas Podemos]”
- Elaboración de “las líneas estratégicas de pre-campaña y campaña”, que los considera “trabajos de naturaleza preparatoria”
El TCU, además, señala un “contrato de prestación de servicios por importe de 363.000 euros” a Neurona Comunidad “sin valoración económica individualizada de lo contratado” e indicando que el objeto social de la empresa “no coincide con las prestaciones contratadas”.
Al mismo tiempo, y tal como indica el TCU a Newtral.es, la Fiscalía del tribunal ve indicios de delito por fraude electoral y falsedad en documento mercantil a raíz de estos pagos no justificados debidamente y, si lo ve necesario, notificarán a los cuerpos jurídicos.
El juez Escalonilla ha requerido al TCU toda la documentación sobre los pagos que Unidas Podemos, o Podemos, realizaron a las empresas Neurona Comunidad S.L. y ABD Europa Unipessoal LDA que, según Calvente, corresponden a los pagos “no justificados”. Al mismo tiempo, el exabogado denuncia que estas empresas, aunque se centró concretamente en Neurona, eran utilizadas por la formación como presuntas “empresas pantalla”.
Calvente alega que la sociedad era utilizada para buscar “empresas y gobiernos con los que contratar a través de Neurona para su beneficio o financiar, posiblemente, a Podemos, con microcréditos” y que sería Juan Carlos Monedero el “intermediario” de conseguir estos contratos. A su vez, también señala a la empresa ABD Europa por ser “la destinataria de los beneficios de contratos presuntamente irregulares”.
Por su parte, el juez Escalonilla ha remitido al SEPE para informar sobre “los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social” por Neurona, a Bankinter para que presente “la totalidad de movimientos” de la cuenta y ha citado a declarar como investigado al administrador. Respecto a ABD Europa, ha pedido al Grupo de Policía Judicial que “comprueben si entraron” en España cinco trabajadores de la empresa y las cuentas a BCP Millenium, un banco brasileño.
Los investigados
A finales de julio, tal y como adelantó Público, el juez Escalonilla ha citado a declarar como investigados (antes imputados) a tres miembros de la dirección de Podemos: Rocío Esther Val, gerente del partido; Daniel Frutos Ramírez, responsable de Finanzas y Transparencia, además de coordinador del Área Anticorrupción; Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación y director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia de Asuntos Sociales y Agenda 2030. También ha citado a declarar, aunque en este caso como testigo, a Pablo Fernández Alarcón, de la Comisión de Garantías Democráticas. También ha situado al partido político Podemos como “investigado” en el caso.
La declaración de los imputados está prevista para el 20 de noviembre, después de que declaren como testigos Mónica Carmona, exabogada del partido, y Gloria Erizo, actual vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, el próximo 15 de septiembre. Esta última declaración, tal y como indica el auto, no tendrá “efecto” ya que se trata de una diputada y, por tanto, es una aforada. Además, el juez ha solicitado al Registro Mercantil Central “que informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos órganos de administración se encuentre Juan Carlos Monedero Fernández-Gala”.
El juez archiva la causa por la “Caja de Solidaridad”
(*) Tal y como ha indicado a través de un auto fechado el 23 de octubre de 2020,el titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha archivado la causa contra Podemos por la denominada “Caja B” de la formación morada. “[Los hechos] no resultan indiciariamente expositivos de una presunta administración desleal del Fondo de Solidaridad de Podemos”, explica el juez en el auto que, además, recalca la figura de Rafael Mayoral, diputado del partido.
El magistrado había abierto diligencias por un posible delito de administración desleal en el pago de 50.000 euros a la empresa #404 Comunicación Popular, pero percibe que no hay “ningún indicio de que dicha asociación no desarrolle la actividad para la que fue constituida”. Por tanto, según recoge el auto, la donación de Podemos a la empresa habrían ido destinadas a “llevar a efecto dicha actividad”.
Al mismo tiempo, el juez Escalonilla recoge: «Cabe por último destacar que no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a Fundaciones o movimientos cercanos al partido político Podemos en incluso como en el caso de autos formado por miembros de dicho partido, que desarrollen actividades propias contempladas como subvencionables por dicha caja de Solidaridad”.
De esta manera, son dos las causas ya archivadas por el magistrado. A la de la “Caja de Solidaridad”, se le une el archivo por los pagos a la consultora portuguesa ABD Europa, donde tampoco se vieron indicios de delito.
Imputado el responsable financiero de Izquierda Unida
Al mismo tiempo, y en un auto aparte, el juez Escalonilla ha anunciado la imputación del administrador ante la Junta Electoral de Unidas Podemos el pasado 28 de abril y responsable financiero de Izquierda Unida, Carlos García Ramos, por los pagos a la consultora Neurona. Según recoge el juez en el auto, “existen indicios” de que los pagos a Neurona Comunidad S.L. “no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno”.
Al ser, según indica el auto, un “delito especial que solo puede ser cometido por los administradores generales y de las candidaturas”, Escalonilla ha imputado a García Ramos, que se une a Daniel Frutos, administrador de Podemos. Está citado a declarar el próximo 13 de noviembre en el marco de la causa abierta por los pagos a Neurona.
De esta manera, el magistrado sigue la línea solicitada por la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado septiembre. El Ministerio Público trasladó al magistrado Escalonilla un escrito en el que le pide circunscribir la investigación solo a los contratos realizados con la empresa Neurona de cara a las elecciones generales de 2019, ya que reconoce indicios de delito. El Ministerio Público, de esta manera, rechaza en su escrito que se trate de “una investigación prospectiva” como señaló la formación, ya que “existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que es una empresa creada “ad hoc” para la prestación del servicio”.
El caso, en la actualidad, está siendo investigado por la justicia e iremos actualizando la información a medida que avance.
