Los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, investigados por su gestión en las residencias durante la pandemia, cobraban un salario de 93.855 euros brutos anuales como directores generales, según consta en versiones archivadas del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid (1 y 2).
Ambos estaban llamados a declarar este lunes en el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, donde están siendo investigados, según han informado medios como El País. Finalmente la declaración ha sido suspendida.
- Contexto. Carlos Mur fue director general de Coordinación Socio-Sanitaria desde septiembre de 2019 hasta mayo de 2020, cuando fue cesado y sustituido por Martínez Peromingo. Mur fue responsable de los protocolos de triaje aplicados en las residencias para el traslado a los hospitales, según publicó El País en 2020.
Los sueldos de ambos superaban al del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, que cobraba 71.424 euros brutos al año, según los Presupuestos Generales de 2018, prorrogados en 2020, año de la pandemia.
Relevo. Javier Peromingo continuó en el cargo hasta julio de 2023, cuando fue cesado y sustituido por Carmen González Paz, la actual directora general, con un sueldo de 96.210 euros brutos anuales, según el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid.
- Junto a Mur y Peromingo, estaba previsto que declarara también como investigado Antonio Burgueño, ex asesor sanitario del gobierno autonómico. Su nombre no aparece entre los asesores de la Consejería de Sanidad listados como personal eventual en ninguna de las versiones archivadas del portal de transparencia. Newtral.es ha preguntado al Gobierno autonómico por su sueldo, pero de momento no hemos obtenido respuesta.
El objetivo de la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria es diseñar y ejecutar políticas de atención sanitaria y servicios sociales en el servicio madrileño de salud, según su página web.
Mur y Peromingo fueron denunciados por familiares de pacientes de las residencias fallecidos por un presunto delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria. La causa fue archivada pero el pasado abril el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrirla a petición de la Fiscalía Provincial, como informó la Agencia Efe.
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