Las multas del Tribunal de Cuentas a los partidos fueron un 86% más altas en 2021

En 2021, las multas que impuso el Tribunal de Cuentas a los partidos políticos ascendieron a 340.556 euros, lo que supone un 86% más que el año anterior, según recoge el informe anual recientemente publicado por el organismo. Se trata de una cifra muy superior a la de 2020, año en que las sanciones económicas a agrupaciones políticas tuvieron un valor de 46.130 euros. 

Aumentan las multas del Tribunal de Cuentas a los partidos en 2021

Un total de 16 procedimientos fueron resueltos el pasado año, de los que 11 acabaron con sanción El Tribunal de Cuentas impuso multas por un valor de 340.556 euros, acercándose a las cifras recogidas en 2019 cuando se impusieron se impusieron castigos por un total de 357.683 euros

En cambio, en 2020 resolvió 13 procedimientos sancionadores con multas de 46.130 euros.

Que un año esta cifra sea superior o inferior también depende del número de expedientes que se abran y que su tramitación concluya en sanciones, explicaron en su momento desde el Tribunal de Cuentas. 

Así, la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP) determina la cuantía a pagar por los partidos en función de la gravedad de la infracción cometida, que puede ascender hasta los 100.000 euros. Algunos ejemplos de infracciones son aceptar donaciones o aportaciones sin cumplir con los requisitos que exige la ley, superar en más de un 10% los límites de gastos electorales, o incumplir con la obligación de presentar las cuentas anuales y retrasarse en el plazo de manera reiterada.

Más transparencia sobre a qué partidos multan 

El pasado 16 de septiembre el Tribunal de Cuentas difundió una nota informativa en la que  indicaba que sancionaba a Nueva Canarias por no presentar en el plazo previsto las cuentas de 2018 y 2019. Una sanción que es inédita, como publica el medio regional Atlántico Hoy, por cómo se ha dado a conocer.

Como contamos en 2021, cuando Newtral.es preguntó a este organismo a qué partidos corresponden las sanciones impuestas y la cuantía por la que se les multaba, desde el TC respondieron que “esa información no se podía hacer pública”.

Ahora el Tribunal ha decidido que sí va a contar a qué partidos sanciona. Según explican fuentes del Tribunal de Cuentas a Newtral.es, “tras el cambio en el pleno del organismo y la gran demanda informativa de los medios, se ha optado por decir a qué partidos se ha sancionado pero no se difundirán datos económicos”. Para saber cuánto van a tener que pagar los sancionados, sin embargo, derivan a los propios partidos. 

• Al tratarse de una infracción muy grave, Nueva Canarias se enfrenta a una multa de entre 50.000 y 100.000 euros.

El “vigilante” de los partidos

El Tribunal de Cuentas tiene la competencia de fiscalizar la financiación de los partidos a través de sus cuentas. Éstos tienen la obligación de enviar los documentos correspondientes al organismo fiscalizador.

En este sentido, el TC examina las aportaciones que reciben de fundaciones y asociaciones u otros ingresos públicos y privados así como sus actividades ordinarias o electorales. Tras su examen, si contempla alguna infracción recogida en la LOFPP, impone sanciones económicas.

Aunque este órgano se encarga de resolver si se sanciona a un partido o se le absuelve, no tiene competencias para dictaminar penas porque no es compatible con la jurisdicción penal. Así, la decisión adoptada se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

Retrasos en el control. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas aprobó el pasado mes de febrero el informe de partidos de 2017 y están en curso el del 2018 y 2019. Esto supone un retraso de varios años que, para Victoria Rodríguez, jurista, politóloga y profesora en la Universidad Miguel Hernández de Elche, tiene que ver con la falta de recursos humanos dentro del organismo que abarca todo el ámbito público.

Rodríguez insiste en que los partidos en la oposición tienen otros instrumentos para fiscalizar como preguntar  en los plenos o registrar denuncias o reclamaciones en las agencias antifraude de las comunidades autónomas que disponen de ellas.