El 5 de noviembre, Podemos anunció a través de sus redes sociales que había llegado a un acuerdo con el PSOE para la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Un cambio que ya estaba recogido en el pacto de gobierno y en el que podría incluirse una modificación de la forma en que se aplican algunas multas y su relación con el nivel de renta.
Podemos lleva años con la intención de adecuar las multas -de hecho estaba incluido en su programa electoral de 2016-, no solo las de la Ley de Seguridad Ciudadana, a la renta de cada persona. Sin embargo, este cambio suscita el debate sobre cómo hacerlo técnicamente, y si es factible cambiar todo un sistema punitivo en el que las cuantías dependen del acto cometido, a que pasen a depender del infractor.
Al mismo tiempo que los dos partidos de gobierno negociaban la modificación de la ‘Ley Mordaza’, el PNV ha presentado una proposición de Ley en la que se incluye que las multas recogidas en esta Ley sean proporcionales a la renta y la situación económica de la persona.
En Newtral.es hemos hablado con varios expertos para conocer qué implicaría legalmente que las multas se adapten al nivel de renta.
Proposición de Ley sobre la proporcionalidad de las multas sobre la renta
La Proposición de Ley presentada por PNV cita el principio de igualdad, que recoge la Constitución española en el artículo 14. Este principio, justifica la proposición, implica que para mantener “la misma efectividad en el logro de los objetivos de prevención de la respuesta punitiva”, se deben ajustar las multas al nivel de renta.
Se propone por ello que la cuantía de la multa se estime “conforme a las circunstancias agravantes y atenuantes y, una vez obtenida así la multa, variar la cuantía en función de la capacidad económica del infractor”.
Según explica a Newtral.es, Óscar Juan Hernández, profesor tutor de Derecho Civil en la UNED, las multas en proporción a la renta ya se dan en España. “Cuando hay un procedimiento penal, que está penado de multa, se fija una cuantía diaria que se estima en función de la situación económica de la persona”.
Donde no se tiene en cuenta la situación económica es en los procedimientos contenciosos administrativos. En estos “tienen ya fijada la cuantía de la multa, o tienen una horquilla y el funcionario estima la cantidad”. Pero en estos casos no se tiene en cuenta la situación económica, sino la gravedad del acto, y, “sobre todo, si hay reincidencia”. En la misma situación, explica Hernandez, “un millonario pagaría lo mismo que alguien con un salario mínimo”.
¿Cómo se haría la modificación?
Hernández explica que, para modificar el ordenamiento jurídico español para que la multa se adapte a la renta, se podría hacer de dos maneras. La primera sería modificar una por una todas las normas que tengan una pena de multa que no tenga en cuenta la renta. Otra opción, explica Hernández, sería dictar “una norma de rango mayor que diga que a partir de ese momento todas las sanciones administrativas se graduarán en función de la situación económica”.
“Lo lógico, por seguridad jurídica, sería modificar ley a ley”, dice Alazne Cano Arruti, abogada de Consulting T&U Abogados a Newtral.es. Esto se debe, explica la abogada, a que cada infracción tiene unas características y variables únicas. Pone de ejemplo una multa por exceso de peso en un camión. ”Las multas de transporte son multas que oscilan de los 3.000 euros para arriba, y habría que ver quién es el responsable único. ¿El camionero o la empresa? ¿Qué se tendrá en cuenta, la facturación de la empresa de ese año, o del año anterior? Es mucho más complicado de lo que parece”.
Las multas se pueden adaptar a la renta de distintas maneras, explica Hernández. Se podrían hacer descuentos en los mínimos si la persona no supera cierto umbral de renta, o tiene otras cargas, explica Cano, se pueden poner multas con cuotas diarias.
Depende del tipo de reforma que se haga en la ley, se podría dar el caso de multas sin mínimos ni máximos absolutos, y que se multase un porcentaje de la renta, explica Hernández, “por ejemplo, se podría establecer que el importe de la multa fuese de un 3% de la renta de la persona, y que aumentar ese porcentaje en ciertas situaciones”.
En el caso de legislar, explica la abogada, habría que distinguir también entre personas físicas y jurídicas. Si se regula solo dependiendo de la renta de la persona física, tomando como consideración el IRPF, esto dejaría en un vacío legal a las empresas, que . “no presentan IRPF. Por lo que habría que registrar las dos opciones,” dice Cano. Por otro lado, añade, “una persona con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional podría no pagar multa alguna”.
Si se incluyese en la norma como un factor la renta, en caso de no recibir un mínimo de ingresos, “la persona, en las alegaciones podría explicar su situación. Igual que cuando se hace un escrito de alegaciones sobre el hecho que se sanciona, se añadiría un apartado para la situación económica”.
Debate sobre la igualdad ante la ley
Henández explica a Newtral.es que las multas tienen un efecto disuasorio, pero a veces este solo es efectivo en las personas con menor renta. Al adaptar la multa al nivel de renta, “se estaría cumpliendo el principio de proporcionalidad. La igualdad no es una igualdad lineal. La igualdad tiene que ser entendida en términos aristotélicos: tratar igual a los iguales”.
Sin embargo, según Cano, modificar las penas dependiendo del nivel de renta sí representa un cambio fundamental en el sistema jurídico español, ya que en este se regula la multa dependiendo de la gravedad del acto, y no de quién lo cometa. Esto, explica la abogada, podría estar en conflicto con el artículo 14 de la constitución
“Claro que somos todos iguales ante la ley, porque si dos personas aparcan en doble fila, se sancionará a los dos” dice Hernández. “No es lo mismo una multa de 100 euros para una persona con salario mínimo que para una persona millonaria”.
En las penas de multa en los procedimientos penales ya se hace. Se suele establecer una cantidad por días de multa, y la renta es uno de los factores que se usan. “Esto no es injusto, ni significa que las personas no sean iguales ante la ley. Simplemente se adapta la multa para que el efecto sancionador tenga algún impacto, sino quién más dinero tiene podrá cometer infracciones”, dice el profesor de derecho.
En otros países parte de las multas ya dependen de la renta
En Finlandia y en Suiza se usa un sistema proporcional. Esta forma se creó en Finlandia, y, por ejemplo en el caso de infracciones de tráfico, hay una multa mínima pero no una máxima. Finlandia proporciona una calculadora para la cuantía de las multas que usa la renta de la persona.
La tarifa diaria que marca Finlandia se consigue restándole 255 euros de consumo básico a los ingresos netos mensuales y dividiendo la diferencia entre 60. Una vez se consigue esa cifra, se multiplica por el número de días que incluya la pena. Pero, al haber un límite, se explica en la web oficial, el mínimo para una multa por exceso de velocidad es de 200 euros.
Por ejemplo, una persona con un salario neto de 1,500 euros al mes, con una multa de 15 días, pagará 300 euros. Otra persona con la misma multa, pero con unos ingresos netos de 3000 euros, pagará 675 euros.
Fuentes
- Óscar Juan Hernández, profesor tutor de Derecho Civil en la UNED
- Alazne Cano Arruti, abogada de Consulting T&U Abogados en San Sebastián
- Calculadora de multas por infracciones de tráfico en Finlandia
- Proposición de Ley presentada por EAJ-PNV
- Constitución Española. Artículo 14
