Multas a personas sin hogar: la medida del Ayuntamiento de Alicante que ya se aplica en algunas partes de Europa

El Ayuntamiento de Alicante aprobó el 15 de marzo una nueva ordenanza con la que la Policía Local puede multar a personas sin hogar, a aquellas que pidan dinero en la calle, a las personas que ofrezcan o negocien actos sexuales (artículos 22 y 25) y a aquellos que acepten dichos servicios. Esta salió adelante gracias a los votos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El resto del pleno del Ayuntamiento, PSOE, Compromís y Unidas Podemos, votó en contra. Además, este último partido ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Sobre las personas sin hogar, la norma especifica que está prohibido “acampar en las vías y los espacios públicos” y que no está permitido dormir en la calle, tanto de día como de noche, bajo multas de hasta 750 euros.

Pero la ordenanza también contempla como infracción cuando una persona pide dinero en la calle, ya sea ofreciendo “pañuelos, mecheros o tatuajes» a cambio, como “servicios de aparcamiento, tarot, limpieza de parabrisas o espectáculos circenses”. Las multas a las que se exponen estas personas pueden ir desde los 750 euros a los 1.500 cuando lo hagan bajo apariencia de mendicidad pero sean, en realidad, actividades coactivas o de acoso. También recoge infracciones de esta misma cantidad a aquellas personas que inciten o realicen actos sexuales en la calle.

En 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya había declarado nula una ordenanza similar, esta vez en la ciudad de Valladolid. En aquella ocasión el tribunal consideraba que la norma estaba redactada de forma genérica al prohibir mendigar, aunque sí mantenía las situaciones de «coacción, conflicto moral o violencia psíquica» a los ciudadanos.

En otros países europeos, como Hungría y Polonia, esto sucede desde hace años.

Hungría multa a las personas sin hogar desde 2013

El Gobierno de Viktor Orbán aprobó en 2018 –gracias a la mayoría parlamentaria que obtuvo tras las elecciones– una reforma constitucional contra las personas sin hogar. En la segunda página de la reforma el Ejecutivo incluyó un tercer punto en el que anunciaban que está prohibido “vivir en lugares públicos”. Es decir, a partir de ese momento se vería como un hecho inconstitucional vivir en la calle.

En ese momento, una enviada especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó de que la reforma constitucional húngara “estigmatizaría aún más a las personas sin hogar como delincuentes”. Además, aseguró que “planteaba preocupaciones sobre el trato cruel, inhumano o degradante contra las personas sin hogar y las personas sin vivienda”.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que el Gobierno de Orbán ordenó medidas contra las personas que viven en la calle. Seis años antes, en 2012, su partido político, Fidesz, registró una iniciativa parlamentaria para multar a las personas sin hogar que finalmente salió adelante en 2013. 

De nuevo, la ONU criticó el cambio legislativo: “El Parlamento húngaro institucionaliza la criminalización de las personas sin hogar y consagra la discriminación y la estigmatización de las personas sin hogar en la Constitución”. Y añadió: “Esto no solo impedirá el disfrute de los derechos humanos de las personas sin hogar, sino que también promoverá prejuicios hacia las personas que viven en la pobreza y las personas sin hogar en las generaciones venideras”.

Polonia multa a las personas que piden dinero en la calle desde 1971

El caso polaco es distinto al húngaro. Mientras que en Hungría los organismos internacionales estaban contra el cambio en la legislación, en el caso de Polonia alertan de que tienen que cambiar la suya sobre las personas en situación de pobreza y sin hogar. Esto se debe a que el artículo 58 del Código de Infracciones Menores –aprobado en 1971– penaliza con multas a las personas que piden dinero en la calle. Y si vuelven a cometer la infracción, pueden ir a la cárcel.

Así lo recoge el texto: “Quien, teniendo medios de subsistencia o pudiendo trabajar, mendigue en un lugar público, estará sujeto a la pena de restricción de libertad, multa de hasta 1.500 PLN o amonestación” (página 18). Desde Housing Rights Watch, una red europea de asociaciones, abogados y académicos que promueven el derecho a la vivienda, recuerdan que Polonia es uno de los pocos países de la Unión Europea que no ha revisado sus leyes contra la mendicidad. 

De hecho, el antiguo defensor del pueblo de Polonia para los Derechos de los Ciudadanos, Adam Bodnar, apeló al Gobierno polaco y al Ministerio de Justicia tanto en 2017 como en 2021 para que reformara la ley. “La disposición que penaliza la mendicidad es en la práctica una medida penal muy inadecuada a los fenómenos sociales contemporáneos”.

Y añadió que esta no solo es “incapaz de prevenir efectivamente el fenómeno de la mendicidad, sino también contradictoria con los preceptos subyacentes. No solo a la Constitución de la República de Polonia, sino también al Convenio Europeo de Derechos Humanos”. No obstante, el Código de Infracciones Menores polaco sigue sin contemplar cambios.