España es el segundo país de la UE que más ha pagado en multas por infringir la normativa comunitaria: 75 millones desde 1997

España ha pagado más de 75 millones de euros desde 1997 por multas impuestas a causa de infracciones de la normativa de la Unión Europea (UE), según datos que la Comisión Europea (CE) ha facilitado a Newtral.es tras una petición de información. Esta cantidad lo convierte en el segundo país del club comunitario que más dinero ha desembolsado por este motivo, solo por detrás de Francia.

Los 75.830.000 euros son la suma de cinco multas impuestas entre 2013 y 2017, resultantes de cuatro sentencias. No obstante, España todavía tiene dos procedimientos de infracción abiertos que podrían incrementar la cantidad final. En estos casos, “las sanciones siguen aumentando mientras persiste la infracción”, ha señalado a Newtral.es la Comisión.

[España tarda un año y ocho meses de media en adoptar las directivas europeas]

Las “vacaciones fiscales vascas” y el falseamiento de las cifras de deuda pública de Valencia: las multas de España

Entre las cuatro sentencias que han comportado sanciones económicas para España destacan las relativas a las medidas económicas conocidas como “vacaciones fiscales vascas”, ejecutadas entre 1993 y 1994, y al falseamiento de las cifras de deuda y déficit público por parte de la Generalitat Valenciana entre 1988 y 2011.

Sobre el primer asunto, que consistía en una reducción del impuesto de sociedades y un crédito fiscal del 45% para aquellas empresas que se instalaran en el País Vasco, Bruselas dictaminó que estas ayudas eran ilegales porque atentaban contra el mercado interior de la UE. Por esta razón, en la sentencia C‑184/11 del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se condenó a España a pagar 30 millones de euros.

Por lo que respecta al segundo, la Comisión consideró que la Generalitat había “tergiversado” las cifras de gasto sanitario entre 1988 y 2011 sin hacer caso de las advertencias de la Sindicatura de Cuentas valenciana. Además, no había notificado a Eurostat los datos anuales de déficit y de deuda. Por esta razón, Bruselas dictaminó que España debía pagar 19 millones de euros.

Las otras dos sentencias –una relativa a las ayudas concedidas por el Estado a las empresas filiales del grupo Magefesa (fabricante de menaje de acero inoxidable) a finales de los 1980s y otra por la falta de liberalización del sector de la estiba– comportaron para España una multa de cerca de 24 millones y 3 millones, respectivamente

Las dos infracciones pendientes de sanción  tienen que ver con la falta de adaptación a la legislación española de normativas comunitarias. Se trata de la Directiva (UE) 2016/680 sobre el tratamiento de datos personales y la Directiva 91/271/EEC sobre tratamiento de aguas residuales. 

Aunque las multas de España sean más cuantiosas no significa que sean más graves

Ignacio Molina, investigador del Real Instituto Elcano especializado en la política europea de España, señala a Newtral.es que “una multa elevada no significa, necesariamente, que sea más grave”. “En España hubo un par de casos de sanciones muy cuantiosas, pero la razón fue que el montante aumentaba diariamente durante el tiempo en el que se mantuvo activa la infracción”, apunta.

“Suelen ser asuntos que se quedan atascados”, defiende el experto. Un ejemplo es la multa relacionada con las ayudas concedidas por el Gobierno a finales de los años 1980s al grupo Magefesa, que consistían en avales crediticios, préstamos en condiciones mejores que las del mercado, subvenciones no reintegrables y de intereses. Estas facilidades fueron consideradas incompatibles con el mercado único comunitario y España tuvo que pagar más de 50.000 euros por cada día que esta infracción persistió desde la fecha en que se dictó sentencia. 

Juan Diego Ramírez-Cárdenas, experto en el sistema judicial de la UE del Instituto Europeo de la Administración Pública, asevera que las situaciones que más multas comportan casi siempre tienen que ver con las ayudas del Estado. “Muchas veces estas subvenciones las conceden las comunidades y el problema fundamental no reside en que estas terminen, si no en recuperar el dinero”, alega Ramírez-Cárdenas, quien considera que esto es lo que provoca que el procedimiento se alargue tanto.

La fragmentación de la Administración: la razón principal de las infracciones

España es el país con más procedimientos de infracción abiertos, según los datos de la Comisión. A 19 de octubre de 2021, había 107 expedientes en marcha contra nuestro país por incumplimientos de la normativa comunitaria. De ellos, 29 fueron abiertos en 2021.

Las razones son varias, según Molina, quien destaca que, a diferencia de otros países, en España no se debe a un sentimiento de rechazo o euroescepticismo. “Tiene mucho que ver con el sistema jurídico y administrativo”, alega el experto. En este sentido, el sistema autonómico se descubre como una variable fundamental, coincide Ramírez-Cárdenas. “Es una estructura compleja, en la que se necesita mucha coordinación entre los gobiernos autonómicos y el central”, concreta.

“Hay que pensar que la Administración está fragmentada territorialmente en 17 parcelas. Si una de ellas no cumple con la normativa, la Comisión considera que el incumplimiento corresponde a España en su totalidad”, explica Molina. El investigador destaca, pese a todo, que “una cosa es la cantidad y la otra la calidad de los incumplimientos”. “España comete muchas infracciones, pero no tan graves como las de países como Polonia o Hungría”, recuerda.

Esto se ejemplifica en el número de sentencias, apunta Molina, quien resalta que “España no tiene tantas condenas” si se comparan con los expedientes abiertos contra el país. La mayoría de estos, de hecho, están en “fase administrativa”, en palabras de Ramírez-Cárdenas, quien indica que el objetivo de esa primera etapa “es que el Estado miembro presente las explicaciones pertinentes a la Comisión”. “La mayoría de las infracciones se resuelven antes de llegar a la fase jurisdiccional”, aclara.

¿Qué es un procedimiento de infracción?

El Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) permite a la Comisión Europea tomar acciones legales contra aquellos Estados miembros que no respeten sus obligaciones adquiridas como miembros de la Unión. 

Así pues, si el club comunitario detecta que “incumple o vulnera la normativa europea”, la CE puede adoptar medidas. Estas van desde la notificación de la infracción hasta una penalización económica”, explica la Comisión a Newtral.es.

La CE recuerda, pese a esto, que el club comunitario “no tiene competencias en todos los ámbitos”. Solo puede actuar en unas áreas delimitadas, como el medio ambiente, el comercio interior o los derechos humanos.

Ramírez apunta, además, que este “no es un procedimiento con objetivo punitivo”. “Más bien al contrario, se busca que el Estado miembro resuelva el problema de forma voluntaria”, remarca.

Los pasos a seguir si se detecta una infracción

La Comisión detecta los posibles incumplimientos de la legislación de la UE a partir de sus propias investigaciones o de denuncias ciudadanas, de empresas u otras partes interesadas.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Solicitud formal de información al Estado miembro, que dispone de un plazo determinado de tiempo (dos meses, normalmente) para remitir una respuesta.
2. Si la Comisión considera que el país no cumple sus obligaciones con arreglo a la legislación de la UE pese a la explicación, envía una petición formal para que se dé cumplimiento a dicha legislación.
3. En el caso de que se mantenga el incumplimiento, la Comisión puede remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que es quien, en última instancia, tiene la capacidad de imponer sanciones. 
4. Si efectivamente el Tribunal de Justicia dictamina que un Estado miembro ha infringido la legislación de la UE, las autoridades nacionales están obligadas a tomar medidas para ajustarse a la sentencia de la Corte.