Sobrevivir al racismo y a la violencia de género: “No quería denunciarlo porque si no me iban a deportar como él me había dicho”

Las mujeres migrantes están sobrerrepresentadas en las cifras sobre violencia de género, pero infrarrepresentadas en las cifras de protección. Son datos de un informe cuantitativo de noviembre de 2020 elaborado por la Asociación de Investigación de Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), Red Latinas y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) a partir de los datos oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Ahora, AIETI, Red Latina y la UAM han publicado un segundo informe que da continuidad al primero. Tirar del hilo, así se titula, es un análisis cualitativo que recoge testimonios de mujeres migrantes en España que han sobrevivido a la violencia machista en todas sus formas, una violencia agravada por otras violencias estructurales como el racismo, la xenofobia y la aporofobia. 

Mujeres migrantes: más feminicidios pero menos protección

Del total de mujeres asesinadas entre 2003 y 2019, el periodo analizado por las investigadoras del informe, un 33% eran migrantes, lo que supone una sobrerrepresentación teniendo en cuenta que el número de mujeres de origen extranjero es mucho menor que el de mujeres nacidas en España.

Así lo apuntan las investigadoras: “Si extrapolamos estos datos a la población femenina mayor de 15 años residente en España y lo segregamos por procedencia (nacional/extranjera), obtenemos que los asesinatos de mujeres extranjeras por violencia de género afectaron a 29 mujeres por cada millón de mujeres extranjeras residentes en el país, mientras que los asesinatos de mujeres españolas por el mismo motivo afectaron a cinco mujeres por cada millón de españolas”. 

Los datos más recientes refuerzan lo que señala el informe: en lo que va de 2021, 20 mujeres han sido asesinadas; de ellas, 9 eran migrantes, es decir, el 45%.

La sobrerrepresentación también se observa en las cifras de denuncia. Según el informe, “el sistema informático VioGen, gestionado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, recoge que los casos de violencia de género en los que se consignó como víctima a una mujer extranjera supusieron el 35% del total de los casos expedientados”. 

Sin embargo, la desprotección es mayor. El documento apunta a una brecha entre las denuncias y el resultado final, es decir, ser víctima mortal, atendiendo al X Informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer: “Del total de víctimas mortales por violencia de género durante los años 2006 y 2016 [periodo analizado en ese informe], el 25% había denunciado. Si desagregamos estos datos por procedencia, tenemos que este porcentaje asciende al 38% en el caso de las extranjeras, lo cual estaría indicando una mayor desprotección de este grupo, cuyo periplo acabó en asesinato”. 

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Por otro lado, la investigación de AIETI, Red Latinas y la UAM recoge que “el programa de protección telemática de víctimas de violencia de género (a través de móviles de emergencia), ATENPRO, hace constar que en 2017, del total de mujeres beneficiadas el 86% fueron españolas y el 14% extranjeras”. 

Silvina Monteros, autora principal de los dos informes publicados e investigadora en la Universidad de Granada, explica a Newtral.es que “la explicación cultural, tan arraigada en el imaginario colectivo, es un mito”: “No es que las mujeres migrantes sean más propensas a sufrir violencia de género porque aguanten más o no sean conscientes de los malos tratos, es que el racismo institucional es un obstáculo para la protección, la ley de extranjería nos obliga a estar en situación administrativa irregular, y tenemos menos recursos económicos para poder salir del ciclo de violencia”. 

En ese sentido, Tirar del hilo sirve para ejemplificar algunas de estas cuestiones. Monteros señala que “en parejas mixtas, donde ella es migrante y él no, ocurre que el hombre tiene una vivienda en propiedad, una red, una solvencia económica; si ella quiere denunciar, sabe que se verá en la calle, por lo que por no agravar la situación desisten de denunciar o de declarar”: “Ahí están fallando los recursos institucionales, empezando por el hecho de que  todo dependa de la calificación de víctima, mediante denuncia o declaración, para que se desencadene el entramado de atención, protección y asesoramiento”, añade. 

Así lo ejemplifica Alejandra, procedente de Chile, cuando relata que, a la hora de denunciar, le pidieron un parte médico de lesiones: “Me dijeron que tenía que ir cuando me pegara. Pero él no me dejaba salir cuando me pegaba y me dejaba la cara llena de moratones”.

Incluso cuando están reconocidas como víctimas, las mujeres migrantes se benefician en menor medida de las ayudas económicas: “De las que se concedieron entre 2006 y 2015, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, solo un 8% fueron para víctimas extranjeras”, destaca el informe.

Racismo y machismo: así lo cuentan las supervivientes

Mientras el primer informe cuantitativo arroja datos sobre las violencias estructurales que interseccionan y afectan a las mujeres migrantes, el segundo pone palabras a las cifras.

La investigadora Silvina Monteros dice que se trata de reconocerlas como voces legítimas: “No queremos que otras hablen de nuestros problemas. Sobre todo porque cuando se habla de violencia de género se hace sin tener en cuenta el racismo que sufrimos y que es parte de la problemática”.

Y en conversación con Newtral.es, Marta Cabezas, investigadora de la UAM, apunta que en el informe, las mujeres migrantes no son solo testimonios, sino “fuentes de conocimiento social”: “Experimentar esas situaciones las sitúa como expertas y como personas que detectan y diagnostican cómo es el laberinto institucional que las atrapa”. 

Cabezas señala que “la violencia en el país de origen, ya sea en el hogar o por un conflicto armado, es una de las causas para migrar”.

Por eso, esta investigadora apunta que “es importante pensar la violencia de una forma amplia y entender la trayectoria migratoria como un proceso en el que las mujeres sufren violencia económica, violencia sexual, racismo y exclusión”. 

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En total, el informe cuenta con 19 historias en primera persona de mujeres migradas que han sobrevivido a la violencia machista. A través de sus testimonios, las investigadoras detectan áreas en las que el Estado falla.

Por ejemplo, “un endeble estatuto jurídico de ciudadanía (irregularidad administrativa, permiso de residencia pero no de trabajo)” que se sumaría a “la falta de información sobre recursos de protección oficiales o falta de acceso a redes de apoyo”.

“Además, la condición de extranjería acarrea elementos de opresión como el racismo y el clasismo (dificultad de acceso a bienes sociales, culturales y materiales)”. 

Por otro lado, señala la investigación, “la posición de superioridad por etnia, clase o género de agentes e instituciones en el ámbito de protección y atención condicionan la mirada y evaluación de estos casos”.

El informe recoge frases textuales pronunciadas por agentes que forman parte del ámbito institucional como “es que vosotras os montáis unos cuentos, unas historias…” o “¿usted sabe cuántos millones le cuestan al Estado personas como usted?” pronunciada por abogados de oficios; pero también otras como “mira, tú no puedes vivir en el pasado, tú estás en España, aquí nadie te va a violar tienes que sacarte eso de la cabeza” por parte de un profesional de un recurso de atención especializado en refugio. 

Alaia, procedente de Perú, recuerda que, al principio, rehusó acudir a los cuerpos de seguridad por miedo a las consecuencias administrativas”: “No quería denunciarlo porque si no me iban a deportar como él me había dicho. Pero no era cierto”.

“Él empezó a maltratarme, no físicamente, sino psicológicamente. Siempre decía: ‘No, pero tú has venido de turista y si te ve la Policía te puede detener y te puede deportar’. Yo vivía con ese miedo, y si salía, salía con él, no me dejaba salir sola”, prosigue Alaia, quien señala que la trataba “como una sirvienta” y que no permitía que “estudiara”. 

La ausencia de recursos económicos también es un impedimento, ya que como apunta el informe, la situación de irregularidad de las migrantes por trabas administrativas o la dificultad para acceder a vivienda y empleo dificultan la ruptura del ciclo de violencia.

Así lo contaba Elis, de México, cuyo agresor le decía que no podían permitirse un divorcio: “Yo pensaba: ‘¿Por no tener dinero me tengo que quedar en esta vida?’. Es como que por ser inmigrante no tienes ciertas cosas y por ser pobre tampoco”.