Preguntas y respuestas sobre la muerte de dos adolescentes que intentaron robar en una tienda en Colombia

Dos adolescentes de 15 y 17 años, ambos originarios de Venezuela, fueron asesinados en Colombia después de que unos comerciantes los detuvieran por intentar robar en una tienda de ropa en el municipio de Tibú, en Catatumbo, una zona fronteriza con Venezuela rodeada de plantaciones de coca. 

Hasta tres vídeos hemos localizado en Newtral.es que circularon por las redes sociales dando cuenta de este crimen que ha conmocionado a Colombia y que ha suscitado reacciones de los gobiernos de Iván Duque y Nicolás Maduro. Los precandidatos presidenciales colombianos Gustavo Petro y Alejandro Gaviria también condenaron las ejecuciones. 

En el primer vídeo, grabado el 8 de octubre, aparecen unos comerciantes mostrando a los adolescentes, con las manos atadas, e informando de que llamarán a la Policía Nacional de Colombia para que sean procesados; en el segundo, dos hombres armados llegan a la tienda y dispersan a la población para llevárselos; y en el tercero, los adolescentes yacen en el suelo de una zona rural, con disparos en la cabeza, y un cartel con la leyenda “ladrones”.

Cuando se conoció el doble homicidio, los medios de comunicación informaron de que se trataba de un niño de 12 años y un joven de 18, pero con el avance de las investigaciones y testimonios de familiares han variado las edades.

Las últimas informaciones apuntan a que uno de los adolescentes, de 15 años, fue identificado como Alexander José Fernández Rodríguez, pero del otro joven, que tendría 18 años, aún no se conocen detalles y algunos medios aseguran que tiene 17.

La Policía de Colombia ha responsabilizado a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque la investigación acaba de comenzar. 

Fuego cruzado entre Ejército, disidentes de las FARC y narcos

El doble asesinato ha conmocionado a Colombia y pone en pespectiva un drama que no es reciente, pero que ha trascendido por tratarse de dos menores de edad, dice a Newtral.es Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de International Crisis Group, un organismo que trabaja en la prevención de conflictos a nivel mundial.  

Dickinson y Alonso Ojeda, vicepresidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, en declaraciones a Newtral.es, coinciden en la situación dramática que viven las poblaciones vulnerables del interior de Colombia que han quedado en fuego cruzado entre el Ejército, disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de  Colombia (FARC) y grupos de narcotraficantes que buscan ejercer control en esa zona que en 2020 concentró 19.334 hectáreas de cultivos de coca, según estimaciones de las Naciones Unidas.

¿Por qué se los llevaron paramilitares? 

Según medios locales, los comerciantes intentaron que la fuerza pública de seguridad se hiciera cargo de los menores, sin embargo no acudieron a la llamada. Varios minutos después de la detención, aparecieron motorizados armados, que según la Policía Nacional, forman parte de la disidencia de las FARC, específicamente del Frente 33. Estos “paramilitares”, ejercen justicia al margen de la ley colombiana y desde hace algún tiempo ejecutan “limpiezas sociales” en la zona, indica Dickinson 

“Estos grupos armados utilizan la violencia como limpieza social en contra de supuestos ladrones, migrantes, de poblaciones vulnerables para mostrar su autoridad. La comunidad llamó a la Policía, pero la Policía no hace presencia en la calle porque han enfrentado tantos ataques que no se puede patrullar”, explicó a Newtral.es la analista senior para Colombia de International Crisis Group.

Según Alonso Ojeda, vicepresidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Colombia, la zona de Tibú es una tierra de nadie en la que la presencia policial es nula, por esa razón se ha convertido en escenario de crímenes atroces contra los ciudadanos que la habitan. “En esa zona se han incubado gérmenes militaristas que luchan a muerte por tener el control”, valoró.

¿Cuál es la versión policial? 

El Gobierno de Iván Duque movilizó al inspector de la Policía Nacional, el general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, para que resuelva el caso. La versión policial es que los responsables son hombres armados pertenecientes a la disidencia de las FARC, el Frente 33 a cargo de Alonso Veloza García, alias “Jhon Milicias”. Este grupo no se ha hecho responsable del crimen, de momento. 

De acuerdo con medios locales, el general Rodríguez además asumirá una investigación interna para determinar si el cuerpo policial de la zona falló al no atender la llamada de los comerciantes.  “De encontrarse irregularidades, se pondrán en marcha las sanciones a las que haya lugar”, dijo el mando policial, el martes 12 de octubre.

La Policía de Colombia ofrece 100.000.000 de pesos colombianos (aproximadamente 22.300 euros) a quien brinde información sobre los responsables. Dickinson, de International Crisis Group, valora que esta es una medida “reactiva” y más bien cree que el Gobierno debe impulsar una política orientada a prevenir los crímenes perpetrados en contra de la población civil. 

“El Estado no tiene control en la zona, quizá se pueden capturar a los responsables, pero hay más asesinatos que quedan invisibilizados”, señaló la experta. 

¿Cuál ha sido la respuesta de la ONU?

Tras el asesinato de los menores de edad, la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet, condenó el crimen y se refirió principalmente al niño de 12 años (realmente de 15 años) por lo que instó a las autoridades a investigar los hechos. 

“Hacemos un llamado al respeto a la vida y protección de los niños y niñas”, reaccionó el organismo de la ONU en su cuenta oficial de Twitter. A esa llamado se sumó la Defensoría del Pueblo de Colombia, a cargo de Carlos Ernesto Camargo, quien rechazó el asesinato de ambos menores de edad. 

Camargo exigió a las autoridades policiales acelerar las investigaciones y que aclaren las circunstancias que rodearon el hecho, para que los responsables sean judicializados. “Particularmente, repudiamos que un menor de edad haya resultado asesinado, dado que los niños, niñas y adolescentes gozan de especial protección del Estado”, dijo.

De acuerdo con medios colombianos, familiares del menor de 15 años llegaron a la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela y cabecera del departamento Norte de Santander, a realizar trámites para que las autoridades colombianas permitan la repatriación del cuerpo hasta Casigua El Cubo, una ciudad venezolana, capital del Municipio Jesús María Semprún del estado Zulia.

Los reportes periodísticos apuntan a que ese adolescente pertenecía a la etnia colombovenezolana “wayuu”, según un documento de identidad encontrado en el bolsillo de su pantalón.

¿Por qué Venezuela denunciará al presidente Duque ante la Corte Penal Internacional? 

En Venezuela, altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro reaccionaron al doble asesinato. El fiscal General, Tarek Saab, dijo el 12 de octubre que se comunicaría con su homólogo colombiano, Francisco Barbosa, porque las víctimas son venezolanas.

Según Saab, la instancia que él dirige solicitó que sean esclarecidos los hechos y determinadas las responsabilidades. Un día después, el 12 de octubre, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó los asesinatos como abominables.

Rodríguez informó que Maduro instruyó al canciller Félix Plasencia elevar la denuncia ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que el crimen no quede impune.

El tema en los últimos días ha escalado al punto que, el 14 de octubre, el Gobierno de Maduro informó que denunciará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra los migrantes venezolanos, que según este ya alcanzan los 2.000.

El pasado 12 de octubre, desde Washington, el presidente de Colombia Iván Duque, lamentó el asesinato de los adolescentes y prometió que los agentes de seguridad se mantendrán en la zona Tibú.