Claves del nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas propuesto por Hacienda

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este viernes una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que recoge los criterios de reparto de los recursos públicos entre las autonomías. A través de esta se prevé reportar al conjunto de los territorios de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027, respecto a si se mantuviera el modelo vigente.

• Este nuevo modelo plantea medidas como incrementar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que se destina a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente.

Sistema de financiación a las comunidades. En España existen dos modelos de financiación para las comunidades autónomas, el régimen foral (Navarra y País Vasco) y el régimen común, al que se acogen el resto de territorios. Este último es al que se refiere la propuesta presentada por Montero este viernes. 

El sistema de financiación a las comunidades autónomas es un mecanismo que permite al Estado distribuir entre los gobiernos autonómicos recursos financieros procedentes de los impuestos que pagan los ciudadanos para invertirlos en “servicios públicos de calidad”, según ha explicado la ministra de Hacienda. 

• El modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común vigente comenzó a aplicarse en 2009. 

• Aunque su actualización o revisión estaba prevista a sus cinco años, en 2014, no ha sido hasta ahora cuando se ha realizado una propuesta para renovarlo. 

El modelo propuesto

El nuevo modelo de financiación autonómica planteado incorpora nuevos criterios de reparto y cambios metodológicos, entre otras modificaciones. Estas son las principales novedades:

Nuevos criterios de población ajustada. El Gobierno busca reformular lo que se conoce como población ajustada. Esta determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y en las necesidades de financiación.

La configuración de la población ajustada propuesta tiene algunas variaciones sobre la situación vigente, entre ellas:

• La población protegida equivalente, que representa el gasto sanitario, se ampliaría de 7 a 20 grupos de edad, con el fin de “mejorar el cálculo y la fiabilidad” en la delimitación de los recursos necesarios.

• Las variables de gastos en servicios sociales se desglosarían en dos tramos para los mayores de 65 años (entre 65 y 79 años y +80). También se pasaría a tener en cuenta a las personas desempleadas sin prestación.

Incremento de la capacidad tributaria. La mayor parte de los recursos del sistema de financiación proceden de los impuestos cedidos. El nuevo modelo de financiación propone, además de lo ya vigente:

• Incrementar el porcentaje de cesión del IRPF y del IVA del 50% al 55% y el 56,5%, respectivamente.

• Incorporar a la lista de tributos cedidos el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Depósitos Bancarios, el Impuesto sobre Actividades del Juego y el Impuesto sobre depósitos de residuos en vertederos, incineración y coincineración, junto a los ya existentes.

Nivelación horizontal y vertical. Se refuerza la nivelación horizontal, a través de la que las comunidades con financiación por habitante ajustado por debajo de la media reciben más recursos, mientras que las que están por encima los aportan, para asegurar la equidad entre territorios.

• El nuevo planteamiento propone un umbral mínimo del 75% de la media de recursos por habitante ajustado, calculado en función de la capacidad tributaria de cada comunidad autónoma, garantizando que ninguna quede por debajo de ese nivel.

Por su parte, a través de la nivelación vertical, la Administración Central aporta recursos financieros adicionales con el objetivo de acortar aún más las diferencias entre las comunidades.

• Según este sistema planteado, los recursos que el Estado aporte inicialmente procederían del 5% del rendimiento del IRPF y de una transferencia adicional hasta lograr reducir en 2/3 la distancia de todas las comunidades respecto a la que tiene mayores recursos.

Otros mecanismos. El modelo propone otros elementos, que influirían en el sistema de financiación a las comunidades, como un nuevo fondo climático, una garantía de statu quo o diversos mecanismos adicionales de carácter voluntario. 

• Uno de estos mecanismos permitiría a los gobiernos autonómicos recibir una parte del IVA que generen las pymes en su territorio. Las comunidades podrían adherirse a este sistema de forma voluntaria y deberán aplicarlo durante los siguientes cinco años.

Próximos pasos. Montero presentará esta propuesta a las comunidades el próximo miércoles en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y posteriormente realizará una serie de reuniones bilaterales con las regiones.

• Después, se aprobará el proyecto de ley orgánica en el Consejo de Ministros y se llevará a las Cortes para su tramitación parlamentaria.