El Congreso tramita una propuesta del PP para que el fiscal general no elija al encargado de protección de datos de la Fiscalía 

El Congreso ha dado luz verde este martes a una proposición del Partido Popular que prevé cambiar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para modificar la forma de nombramiento de la persona a cargo de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos (USCPD), un organismo dependiente de este ministerio. 

• La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del PP, Vox y UPN. Aunque el PSOE, Sumar, Bildu, el PNV, el Grupo Republicano y el Mixto se han posicionado en contra, la abstención de Junts ha propiciado la toma en consideración del texto. 

La propuesta. El texto planteado por el PP recoge las condiciones para nombrar a la persona al frente de la Unidad de Supervisión y Control de Datos del Ministerio Fiscal. 

• Será nombrado por el Pleno del Consejo Fiscal y no por el Gobierno a propuesta del Fiscal General, como hasta ahora. 

• Ser un jurista reconocido que tenga 15 años de experiencia profesional, como mínimo, con conocimientos acreditados en materia de protección de datos. El Estatuto del Ministerio Fiscal actual establece que la persona al frente de esta unidad sea un fiscal. 
• Su mandato será de cinco años no renovables. Actualmente el mandato también es de cinco años pero sí existe la posibilidad de renovar por otros cinco. 

¿Y ahora? El texto ha sido tomado en consideración, lo que significa que empezará el trámite parlamentario donde puede sufrir cambios y enmiendas hasta su aprobación definitiva.

Contexto. El Consejo de Ministros anunció este martes un proyecto de ley orgánica que contempla modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal y que pasa por hacer cambios al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 

• El texto, además de otorgar la instrucción penal de los casos a la fiscalía en lugar de a los jueces instructores (como se hace actualmente), también propone hacer cambios al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para aumentar su mandato a cinco años (con posibilidad de renovar por otros cinco) y para prohibir que el Ministerio Fiscal acuda al Consejo de Ministros para informar sobre procesos, algo que a día de hoy sí se contempla.