Microcréditos en el 23-J: qué partidos se financian con préstamos de particulares

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Fuentes: Shutterstock
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La carrera por las elecciones generales ya ha comenzado y con ella la propaganda de los partidos políticos. Las formaciones tienen distintas formas de financiarse económicamente. Una de las formas opciones que han adoptado partidos como Sumar o el PSOE para el 23-J son los microcréditos, una vía por la que han conseguido ya más de dos millones de euros cada uno.

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Estos consisten en “préstamos” (no donaciones) a los partidos políticos por parte de personas particulares, tal y como explica el Tribunal de Cuentas. Estos ingresos no provienen ni del Estado ni de personas jurídicas, como puede ser una empresa o una organización. Cada formación se compromete a devolver el dinero una vez hayan cobrado las subvenciones electorales que da el Estado por el número de votos obtenidos. Eso sí, el propio Tribunal de Cuentas indicó en 2021 que esta forma de financiación era “una laguna legal” y pidió que se incluyese una regulación específica sobre ella.

  • Esta financiación se considera una forma de crowdfunding, junto con las microdonaciones. Es decir, formas de obtener cantidades reducidas de dinero de un gran número de personas. Según indicó en 2021 el Tribunal de Cuentas, si bien las microdonaciones son aportaciones hechas por internet, los microcréditos (la vía por la que han aportado los partidos) se diferencian en que el dinero es un préstamo que debe ser devuelto. A esta cantidad se le añade un porcentaje determinado por el partido en beneficio del particular, llamado intereses. 

En estos comicios del 23-J, el PSOE y Sumar han conseguido recaudar cada uno más de dos millones de euros mediante esta forma de financiación. Los socialistas han conseguido al menos 4,3 millones de euros, según han publicado en su cuenta de Twitter. Por su parte, la formación de Yolanda Díaz habrían superado los dos millones de euros obtenidos con préstamos, tal y como han afirmado a Newtral.es.

En cambio, partidos como PP y Vox no se han financiado mediante microcréditos en estas elecciones ni en las anteriores de 2019. Preguntados por Newtral.es sobre por qué no han decidido optar por estas vías, ninguna de las dos formaciones ha respondido hasta el momento de esta publicación.

El PSOE ya ha recaudado 4,3 millones de euros mediante los microcréditos

Los socialistas han conseguido más de 4,3 millones de euros en microcréditos para financiar su campaña electoral del 23-J desde que el partido inició la recaudación, el pasado 12 de junio, a fecha de 4 de julio. Según consta en el contrato del partido, cada contribuyente puede aportar hasta 10.000 euros en cada proceso electoral. Según una nota de prensa del PSOE, el partido devolverá la cantidad prestada en un plazo de 12 días tras recibir la subvención electoral del Estado y aparte el dinero generado por intereses. Según indican, cada préstamo individual tendrá intereses del 3,5% anual, una cifra que el partido se ha comprometido a devolver a sus contribuyentes.

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Los socialistas consideran que las campañas de microcrédito de las elecciones de 2019 fueron un “éxito” y aseguran que “lo volverá a ser durante esta campaña”. En las elecciones de aquel año, celebradas el 10 de noviembre, los intereses de estos microcréditos fueron del 2,5% y la recaudación total llegó a los 4.739.438,84 euros, según el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de 2021 [página 165 del pdf].  

El partido Sumar ha superado los dos millones de euros en microcréditos para la campaña electoral del 23-J

La coalición de Yolanda Díaz superó el pasado viernes 7 de julio los dos millones de euros recaudados para el 23-J, según ha confirmado la formación a Newtral.es. La formación ofrece intereses del 3,25% anual por el dinero prestado. Este método también recoge entre 200 y 10.000 euros por contribución. El plazo máximo al que se compromete la formación a devolver el dinero es de 12 meses. Esta forma de financiación también la contemplan en los estatutos del partido. En este documento, Sumar, además, rechaza expresamente “vías de financiación o préstamo procedentes de entidades financieras”.

La coalición, liderada por Yolanda Díaz, adopta así el modelo que Podemos y Más País emplearon en elecciones pasadas, según el informe de fiscalización de las elecciones del Tribunal de Cuentas. En los comicios generales del 10-N, la formación morada llegó a recibir 2.683.419,51 euros en microcréditos. Sin embargo, el documento refleja que no declaró a esta organización este dinero de forma explícita al incluirlo como “aportaciones del partido”. Otro de los partidos de la coalición, Más País, también empleó este método, con el cual obtuvo 350.910,33 euros.

El Tribunal de Cuentas publicó en el 2021 una moción, (un documento de propuestas y notas que destacan o complementan cuestiones fiscales importantes), relativa a la financiación y al control de las formaciones políticas.

En el documento señaló que existe una “laguna legal” con respecto a esta forma de financiarse. La institución reclama que debería incluirse en la normativa una regulación específica de esta figura en la Ley Electoral y la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Esta institución señaló que estas formas de endeudamiento debían “formalizar debidamente”, mediante contrato, las condiciones en que se harían los préstamos. También recomendó el “establecimiento de una cuantía máxima por persona” para cada préstamo.

A su vez, señaló que la renuncia a la devolución del dinero “ha de hacerse constar por escrito y que será considerada como una donación a todos los efectos”. Esta indicación hace referencia a las situaciones en que los partidos no reciben la cantidad suficiente de las subvenciones electorales para devolver la cantidad prestada. Sin embargo, al no estar regulados, no hay sanción si no cumplen con esta deuda.

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 El Partido Popular (PP) también instó a que se crease una fiscalización específica para el llamado crowdfunding. Los populares propusieron a la Comisión Mixta del Congreso-Senado que el Tribunal de Cuentas realizase una investigación fiscal integral sobre los partidos y sus instituciones para conocer la financiación de sus procesos de selección de dirigentes. También de los candidatos y sus campañas electorales. Además, instó a la fiscalización de los métodos de crowdfunding para estas actividades.