El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes 22 de noviembre publica un convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior) y Mercadona para posibilitar el volcado al sistema informático de la Policía Nacional de los datos necesarios para tramitar las denuncias que se llevan a cabo en dichos establecimientos comerciales.
En 2020 la Secretario de Estado de Seguridad dictó una instrucción para poner en marcha un protocolo de denuncias “in situ’” con apoyo telemático, para determinados delitos leves cometidos contra el patrimonio en comercios abiertos al público. Y para aplicar esta normativa, requieren que el presunto autor haya sido sorprendido en delito flagrante y que el local disponga de seguridad privada, entre otros requisitos.
Convenio entre Mercadona y Policía Nacional para la gestión de denuncias
Menos tiempo y más efectividad. En el convenio explican que cuando los responsables de establecimientos de Mercadona, empleados o su seguridad privada tienen que interponer denuncias por hechos delictivos cometidos en los comercios, se ven obligados a desplazarse a las dependencias policiales.
Estos desplazamientos y la inversión del tiempo, sostienen que “además de acarrearles la consiguiente disminución de productividad, también puede tener el perverso efecto de desincentivar su voluntad de denunciar”.
Y por su parte, las fuerzas y cuerpos de seguridad también dedican recursos propios para personarse en los establecimientos a la hora de esclarecer los hechos, atender a los denunciantes en sus dependencias así como el tiempo que se emplea en recibir la denuncia.
Sin inversión pública. Este acuerdo no tendrá coste alguno para la Administración. Mientras que Mercadona correrá con todos los gastos que implique la implementación del desarrollo informático necesario.
Sanidad y la OMS acuerdan actividades en materia de trasplantes
El Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han firmado un acuerdo internacional para realizar actividades de cooperación en materia de donación y trasplante de órganos, células y tejidos humanos. Este acuerdo estará en vigor entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2023.
En concreto, van a recabar datos mundiales sobre las donaciones y trasplantes de órganos que se realizan, así como la legislación y el sistema organizativo nacional de los distintos Estados miembros.
Para ello, el Ministerio de Sanidad va a abonar una contribución económica de 320.000 euros a la OMS.
Por otro lado, el BOE recoge que se ha concedido la Cruz Sencilla de la Orden Civil de Sanidad a once personas. Entre ellos, están Antonio López Bermejo, presidente de la Fundación Española contra la Leucemia; María Amparo Máñez, médica de familia; e Iván Vergara Fernández , médico del Servicio Navarro de Salud.
Esta Cruz se trata de la máxima condecoración que se concede a civiles para premiar méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o excepcionales, en el ámbito de la sanidad.
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