El proyecto de ley orgánica para proteger a los menores de edad en los entornos digitales avanza en el trámite parlamentario en el Congreso con la reunión de la ponencia de la Comisión de Justicia encargada de emitir informe sobre el texto, que se dará cita este martes.
- El Gobierno registró esta iniciativa en la Cámara Baja en marzo de 2025. Un texto que, desde mayo de ese año, se tramita por el procedimiento de urgencia y desde noviembre se encuentra a la espera de que se emita informe sobre el mismo.
Los puntos clave de la iniciativa
El texto planteado por el Ejecutivo prevé aumentar la edad para acceder a las redes sociales y que los dispositivos incluyan un control parental activado por defecto desde la primera configuración, entre otras medidas:
Prohibir las redes sociales a los menores de 16. Se propone aumentar la edad mínima para acceder a redes sociales de los 14 a los 16 años. Este será el límite por el que un menor de edad podrá proporcionar sus datos personales en internet sin necesitar el consentimiento de sus padres.
- Durante la fase de enmiendas, el PP registró una con la que propone que se establezca un “horario de descanso digital” entre las diez de la noche y las ocho de la mañana en el que los menores de 16 años no puedan acceder a las redes sociales.
Control parental. Se plantea que los fabricantes de dispositivos electrónicos incluyan por obligación un sistema de control parental activado por defecto desde la primera configuración.
- En este sentido, durante el periodo de enmiendas, grupos como el PNV han propuesto que sean más bien los proveedores de sistemas operativos quienes aseguren un control parental activable desde la primera configuración.
Uso de dispositivos en centros escolares. Los centros educativos tendrán que regular de manera obligatoria el uso de dispositivos digitales en las aulas, el recreo y las actividades extraescolares.
Verificación de edad. Las plataformas de vídeos y los usuarios de especial relevancia (los conocidos como influencers) utilizarán sistemas de verificación de edad y control parental para evitar que los menores accedan a contenidos nocivos como pornografía o violencia gratuita.
- En esta línea, ERC, Bildu y el BNG registraron una enmienda para que en el proceso de verificación de la edad no se puedan usar sistemas de identificación biométrica, ni datos basados en el reconocimiento facial.
Deepfakes. La norma plantea modificar el Código Penal para castigar con pena de prisión de uno a dos años a quienes difundan, exhiban o cedan imágenes corporales o audios de voz que hayan sido generados, modificados o recreados mediante inteligencia artificial y que sean de índole sexual, lo que el texto califica de “deepfakes pornográficas”.
Adicción a las pantallas. Los pediatras y los centros de salud incluirán en sus revisiones la detección precoz de problemas derivados de las pantallas y se crearán circuitos sanitarios especializados en adicciones a las tecnologías.
Cajas botín. Con el objetivo de no generar adicción, se prohíbe que los menores puedan acceder o pagar por mecanismos aleatorios de recompensa dentro de videojuegos.
Bloqueo anticipado de páginas web peligrosas. Se autoriza a los jueces para que puedan bloquear contenidos en plataformas digitales que puedan ser nocivos para los menores de edad.
Asistencia a víctimas. El texto contempla que los menores que sufran violencia de género o sexual a través de internet tengan garantizado el acceso a servicios de asistencia psicológica, social y jurídica las 24 horas del día.
Desde Europa. La propuesta en trámite del Gobierno se alinea con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La norma menciona el reglamento europeo porque este establece, como norma general, que los menores deban tener 16 años para registrarse en redes sociales, aunque el texto permite a los Estados miembros rebajar ese límite hasta los 13 años.
- Por otro lado, la iniciativa se apoya en la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) en la medida en que se contempla que los jueces puedan retirar o limitar el acceso a servicios digitales que puedan ir en contra de la protección de los menores de edad.
Próximos pasos. Tras la reunión de este martes, se espera que la Comisión de Justicia elabore el informe necesario sobre el texto y lo debata y vote para decidir qué iniciativa (con qué enmiendas incluidas y cuáles no) se envía al Senado.
