El pasado 21 de octubre entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, una norma que comenzó su andadura con la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en 2021 y que ahora, con Félix Bolaños al frente de la cartera de Presidencia, ha sido aprobada por el Parlamento. La ley tiene como objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida esta como “conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España”.
Con la aprobación de esta norma el Gobierno de coalición cumple con tres de las 100 promesas que analiza el equipo de Newtral.es a través del Pactocheck, un proyecto en el que se monitoriza cómo el Ejecutivo cumple con los compromisos que se firmaron en ese acuerdo. El balance actual asciende a un 42% de acciones cumplidas.
No todas las medidas incluidas en el pacto de coalición tienen un grado de cumplimiento que sea verificable o medible con datos objetivos. Por ello, el equipo de Newtral.es considera en este análisis aquellas promesas que consisten en algo concreto y cuantificable en el tiempo.
Así, cuando queda cerca de un año para que termine la actual legislatura, el Gobierno tiene 46 de los 100 compromisos analizados en progreso de ejecutarse y 11 están pendientes de iniciarse.
[Pactocheck: Analizamos el estado de 100 promesas del pacto de Gobierno]
Puedes comprobar la metodología del Pactocheck aquí.
Novedades en el acuerdo de coalición: entra en vigor la Ley de Memoria Democrática
Memoria democrática. Con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno cumple su compromiso con tres medidas que firmó en el acuerdo de coalición. Estas son la anulación de condenas y sanciones ideológicas del franquismo, impulsar un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo y retirar símbolos franquistas de lugares públicos.
PGE. El Gobierno, además, ha aprobado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2023 que se encuentra en fase parlamentaria en el Congreso. En él ya se conoce cuánto se va a invertir en partidas como sanidad y educación, respecto a las que el Ejecutivo se marcó ciertos objetivos en el acuerdo de coalición.
En concreto, indicaron que prometían alcanzar una inversión en sanidad del 7% del PIB en 2023 y un 5% en educación en 2025. Según el Plan Presupuestario de 2023 que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea, la partida presupuestaria para educación supondrá un 4,4% del PIB para 2023 y la de sanidad el 7% que prometían.
Acabar con la tasa rosa. Por otro lado, también han incluido en el proyecto de los PGE para 2023 la rebaja del IVA al 4% en los productos de higiene femenina. Pero mientras las cuentas se encuentren en fase parlamentaria, no se podrá considerar como compromiso cumplido.
Asuntos pendientes antes de que termine la legislatura
Pese a que se han producido avances en los compromisos, el Gobierno aún tiene pendientes de iniciarse o finalmente cumplirse el 57% de las promesas analizadas en el Pactocheck.
Ley mordaza. El Ejecutivo prometió aprobar una nueva Ley de Protección de Seguridad Ciudadana para sustituir a la conocida como 'Ley Mordaza' que regularía el derecho de reunión o la identificación de los agentes, entre otros aspectos.
Sin embargo, esta cuestión se ha ido aplazando y sigue sin avances en el Congreso. A inicios de noviembre de 2021, el Gobierno de coalición se puso de acuerdo para impulsar 51 enmiendas a la ley que, según ellos, buscan proteger mejor los derechos de los manifestantes. Por su parte, EH Bildu ha pedido la derogación total de la ley.
Ley trans. El proyecto de ley trans y LGTBI se encuentra en fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados al menos hasta el 2 de noviembre. En este sentido, el PSOE solicitó a finales de octubre prorrogar el periodo de enmiendas parciales para presentar cambios como modificar el texto para que «los menores de 16 años y mayores de 12 necesiten una autorización judicial para poder cambiar de sexo en el registro».
[Los principales bulos sobre la Ley Trans]
Vivienda. Por otro lado, el proyecto de ley de Vivienda también se encuentra parado en el Congreso de los Diputados. El pasado 1 de febrero se aprobó el proyecto de ley y por ahora, el Gobierno no ha incluido esta materia en las cuentas públicas para 2023.
Alguno de los compromisos que se marcó el Ejecutivo a este respecto son poner techo a las subidas de precios del alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado y garantizar que la vivienda pública sea explotada en alquileres por personas vulnerables.
Importante: Si alguna medida ha avanzado más de lo que reflejamos en este Pactocheck, por favor avísanos para actualizar nuestro análisis.
