Las nuevas medidas del Gobierno para aliviar la carga de las hipotecas entran en vigor el 1 de enero de 2023

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 22 de noviembre un real decreto ley con distintas medidas sobre hipotecas  dirigidas a familias vulnerables por la subida de los tipos de interés. Para ello ha reforzado el Código de Buenas Prácticas ya vigente para familias vulnerables con nuevas medidas para adaptarlo al contexto actual y ha creado uno nuevo para familias que el Gobierno define como “clase media con riesgo de vulnerabilidad” por el incremento de la cuota hipotecaria.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado que el objetivo de estas medidas es aliviar la carga hipotecaria de los hogares más afectados por la subida de los tipos de interés y la alza de los precios a causa de la guerra en Ucrania. 

El Gobierno pretende que estas medidas estén disponibles a partir del 1 de enero de 2023 y, para ello, las entidades deben adherirse a los Códigos de Buenas Prácticas que aunque, su adopción es voluntaria por parte de las entidades, suele ser acogido por la mayoría del sector. 

Además, Calviño ha comentado que tienen un plazo de un mes para suscribirse y señala entre ellas a CaixaBank, que ya se ha mostrado a favor de adherirse al nuevo. Por su parte, el BOE recoge los bancos que están suscritos al actual.

Como se trata de un real decreto ley, el Congreso de los Diputados deberá convalidarlo en los próximos 30 días y para ello requiere mayoría simple, más síes que noes.

Medidas aprobadas por el Gobierno para familias vulnerables con hipotecas

Beneficiarios. Podrán beneficiarse de las medidas nuevas, del Código de Buenas Prácticas ya vigente, las familias con rentas inferiores a los 25.200 euros al año y que hayan sufrido un incremento del esfuerzo hipotecario del 50% con viviendas de hasta 300.000 euros. 

En este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno ha mencionado medidas como:

• Reducir el tipo de interés durante el periodo de 5 años de carencia del principal con un tipo de interés por debajo del Euribor.
• Se introduce la posibilidad de que las familias soliciten una segunda  reestructuración de la deuda.
• Ampliar a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda habitual.
• Aumentar el plazo de 6 a 12 meses para solicitar el alquiler social en la propia vivienda a la entidad financiera por un importe máximo del 3% de su valor.

[Los términos hipotecarios necesarios para elegir el préstamo para tu vivienda: periodo de carencia, tipo de interés, amortización..]

Así, Calviño pone el siguiente ejemplo:

Una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros, tras la revisión de los tipos de interés, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de 5 años, en más de un 50%, hasta los 246 euros. 

Por otro lado, se va a ampliar el ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas a otros 300.000 hogares vulnerables que no hayan experimentado un aumento del 50% de la carga hipotecaria. Podrán acogerse a medidas como una carencia de 2 años, un tipo de interés menor durante ese periodo y una posibilidad de alargamiento del plazo de la hipoteca en hasta 7 años.

Medidas para «familias de clase media en riesgo de vulnerabilidad«

Beneficiarios. Por otro lado, se crea un nuevo Código de Buenas Prácticas aplicable a hogares con renta inferior a 3,5 el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), es decir, 29.400 euros anuales, que tengan que hacer frente a una cuota hipotecaria superior al 30% de su renta y que hayan experimentado un aumento del 20% o más de la carga de hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022. Desde el Gobierno han definido a estos hogares como «familias de clase media en riesgo de vulnerabilidad”. 

Según la vicepresidenta con las siguientes medidas van a beneficiar a 700.000 familias:

• Las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelar la cuota durante 12 meses y una extensión del plazo de amortización de hasta 7 años. 
• También la posibilidad de congelar la cuota mensual durante 12 meses.
• Otra medida es la eliminación de las comisiones por amortización anticipada y por conversión del crédito de variable a fijo durante 2023.

Más transparencia e información a la ciudadanía. Calviño apunta como medida adicional una guía que elaborará el Banco de España para deudores hipotecarios en dificultades para garantizar la transparencia sobre estas medidas. Y añade que se reforzará dicha transparencia, la información a los ciudadanos y el seguimiento de la aplicación de ambos códigos.

Creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero 

Otra de las medidas que ha anunciado Calviño es la aprobación de un proyecto de ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un organismo que se encargará de resolver de forma extrajudicial aquellos conflictos que puedan surgir en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera. 

• Como se trata de un proyecto de ley será remitido al Congreso y continuará el trámite parlamentario.

Competencia para sancionar. Como ha explicado Nadia Calviño en la rueda de prensa, se va a dar competencia a esta autoridad para sancionar cuando no se cumplan sus resoluciones, que serán vinculantes cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros.

Así, la presentación de reclamaciones será gratuita, con atención personalizada y deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días.

Por otro lado, detallan en una nota de prensa que en aquellas reclamaciones sin sanción económica, la Autoridad podrá reconocer al cliente una compensación entre 100 y 200 euros. Y también, dichas resoluciones que no sean vinculantes podrán tener valor de informe pericial para procedimientos judiciales. 

A quién afecta. Se amplía el ámbito de protección y además de a los clientes de los servicios financieros tradicionales, también aplicará a los clientes de los criptoactivos o los servicios fintech (tecnología financiera).

Financiación. La Autoridad se financiará mediante una tasa de 250 euros a las entidades financieras por cada reclamación admitida, como publica el Ministerio de Asuntos Económicos.