Ni mayor supervisión ni almacenamiento: las medidas que caen tras la derogación del real decreto para reforzar el sistema eléctrico

El Pleno del Congreso tumbó en la sesión extraordinaria de este martes el real decreto ley de medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico que había impulsado el pasado mes de junio el Gobierno tras el apagón eléctrico del 28 de abril. La derogación de esta norma supone que no se implementarán mayores medidas de supervisión ni deducciones fiscales para favorecer la electrificación.

• El real decreto quedó derogado tras recibir 165 votos a favor y 183 en contra. Estos últimos procedentes del PP, Vox, Podemos, Junts, Unión del Pueblo Navarro (UPN), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el diputado de Chunta Aragonesista en el Grupo Parlamentario de Sumar, Jorge Pueyo. 

Contexto. El apagón supuso un cero eléctrico en el país y propició que se constituyera un comité para analizar las circunstancias que desencadenaron la crisis. 

Como resultado del trabajo y propuestas de este comité, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 24 de junio este real decreto de medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico del país, que incluía nuevas herramientas en este ámbito.

• La Constitución establece que el Gobierno podrá dictar reales decretos leyes en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Este tipo de disposiciones deben ser sometidas a votación en el Congreso en el plazo máximo de 30 días desde su promulgación para ser convalidadas por mayoría simple o, por el contrario, derogadas. 

Medidas que caen

El real decreto derogado este martes contaba con varias medidas relacionadas con la resiliencia del sistema eléctrico español y adaptación y supervisión del mismo.  Estas son algunas de las medidas que han caído:

Más supervisión. La disposición potenciaba las capacidades de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y establecía que esta debía elaborar en un plazo de seis meses un informe sobre las obligaciones de los operadores eléctricos en el control de la tensión eléctrica. Este informe debía actualizarse de forma trimestral. 

• Asimismo, debía completar cada tres años un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición, con mayor atención a las instalaciones con arranque autónomo y las redes de distribución.

El papel de Red Eléctrica. El real decreto encargaba también al Operador del Sistema (Red Eléctrica) elaborar propuestas de modificaciones normativas sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variación de tensiones y sobre otros elementos que contribuyesen a fortalecer la seguridad del sistema.

• Asimismo, Red Eléctrica se convertiría en un punto de acceso único a los datos sobre clientes finales. Actualmente, estos datos se encuentran repartidos entre más de 300 compañías distribuidoras.

Otras medidas de electrificación. Para facilitar la conexión al sistema eléctrico de nuevas actividades económicas se planteaban medidas como revisar la normativa de acceso y conexión de la demanda, fijando en cinco años el plazo de caducidad de los derechos de acceso, posibilitando un mayor aprovechamiento de redes existentes, algunas de ellas, en desuso. 

• Con el fin de fomentar el autoconsumo se fijaba que la distancia máxima entre la generación y el consumo aumentase a cinco kilómetros para instalaciones menores de cinco MW. 

• Además, se introducía la figura del agregador independiente, que agrupa la energía de distintos usuarios y la gestiona de forma conjunta para luego venderla o comprarla en el mercado eléctrico.

• Se buscaba impulsar la electrificación de la climatización en comunidades de vecinos, permitiendo a los ayuntamientos aplicar deducciones del 50% en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y del 95 % en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Origen europeo. El real decreto aplicaba parte de dos directivas europeas, una sobre promoción de las energías que proceden de fuentes renovables (UE 2023/2413) y otra sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (UE 2019/944), ambas con la fecha límite de transposición vencida desde el 1 de julio del año pasado y el 31 de diciembre de 2019, respectivamente. 

• El texto, además, iba en línea con dos reglamentos europeos. Uno sobre la implantación de combustibles alternativos y otro sobre la configuración del mercado eléctrico en los Estados miembros.