Estás son las quince medidas contra la corrupción anunciadas por Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la sesión de control del Congreso de este miércoles un plan estatal de lucha contra la corrupción compuesto por 15 medidas, divididas en cinco ejes. 

• Según Sánchez, estas recomendaciones se han hecho en el último mes, desde que saltaron las informaciones sobre el caso Koldo, conjuntamente con el Departamento de Anticorrupción, Integridad y Gobierno de la OCDE, los socios del gobierno, expertos de la sociedad civil y recomendaciones de organismos como la Comisión Europea.

• Según el Gobierno se ha acordado con la OCDE un sistema de seguimiento y evaluación, que incluye dar cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses. Además se emitirá un dictamen técnico que será de dominio público.

Plan estatal de lucha contra la corrupción. Estas son las quince medidas, divididas en cinco ejes, que ha enumerado Sánchez durante su comparecencia en el Congreso. 

El primer eje se centra en la prevención de riesgos y controles previos y cuenta con seis medidas:

• Puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública independiente. Este organismo asumirá funciones clave para la “prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas”. Además, coordinará de forma independiente la lucha contra la corrupción.

• Extender la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración.

• Introducir aplicaciones de IA en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  Con el objetivo de automatizar y optimizar la identificación de “patrones anómalos” o indicios de fraude. 

• Exigir sistemas de compliance (cumplimiento) anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las Administraciones públicas y despliegue de pactos de integridad para determinados contratos públicos.

• Ley de Administración Abierta. Según el plan, esta norma “reforzará la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia del Estado”. Además, se establecerán controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato.

• Reforzar los controles sobre los partidos políticos. Incluyendo la obligación a formaciones y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros de realizar auditorías externas e independientes. Además, para profundizar en la transparencia en las donaciones y financiación privada, se buscará reducir el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción. En este punto también se incluye la aprobación de una Ley de Transparencia e integridad de los Grupos de interés.

El segundo eje de las medidas anticorrupción anunciadas por Sánchez pasa por la protección a los denunciantes de corrupción:

• Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se incluirá en la normativa que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un juez a denunciar actos de corrupción, cuente con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal. Además, se exigirá a las empresas tener canales internos de denuncia y las administraciones públicas deberán incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional.

El tercer eje, según Sánchez, busca dotar al Estado de más capacidad para investigar, juzgar y sancionar los casos de corrupción:

• Creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública.  Estarán dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, con el fin de agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia. También se otorgará un “carácter preferente” y se creará un procedimiento sumario para las causas que involucren a cargos públicos. 

• Reforzar la Fiscalía Anticorrupción con más medios y remitir a las Cortes Generales el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal.

• Endurecer las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y duplicar los plazos de prescripción. También se contempla aumentar las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre sus ingresos anuales. 

• Puesta en marcha de un sistema de exclusión y listas negras.  Se impedirá que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración Pública.

• Dentro de los partidos políticos. Se buscará endurecer las sanciones por infracciones contables y retirar las subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción.

Entre las medidas anunciadas este miércoles, Sánchez ha mencionado también la recuperación de los “bienes robados mediante la corrupción”, con las siguientes medidas:

• Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Se aumentarán los medios y plantilla de este organismo encargado de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente. También se optimizará su coordinación con juzgados, fiscalías y con la Fiscalía Europea. 

• Introducción de la figura del decomiso administrativo o preventivo. Permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia.

El quinto y último eje mencionado por Sánchez hace referencia a la “cultura” de la prevención de la corrupción:

• Realizar estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, lanzar campañas de concienciación ciudadana y reforzar la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.