El jueves 12 de enero, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de VOX, anunciaba una serie de “medidas provida para tratar de que las madres que quieran continuar con el embarazo puedan seguir y tengan todo el apoyo”, tal y como aseveró en la rueda de prensa. A continuación hacía referencia al número de abortos solicitados en esta comunidad autónoma en 2021: 2.597. “Un fracaso del sistema”, aseguraba García-Gallardo antes de anunciar las cuatro medidas antiaborto que VOX y PP habrían pactado.
Estas medidas, en resumen, consistían, según lo anunciaba el vicepresidente de la Junta, en ofrecer a las embarazadas, quieran o no proseguir con la gestación, ayuda psicosocial, la escucha del latido fetal antes de la semana 12 y ecografías 4D “para poder ver en tiempo real un vídeo con la cabeza, las manos, los dedos, los pies… del niño que está siendo gestado”, explicaba García-Gallardo. Una cuarta medida consistiría en velar por el derecho a la objeción de conciencia, procurando “que no existan listas negras”, apuntaba el vicepresidente.
Sin embargo, este viernes 13, la Consejería de Sanidad, gestionada por el PP, ha matizado gran parte de lo anunciado por el vicepresidente de VOX. Todo esto tiene lugar cuando el proyecto legislativo estatal para reformar la ley del aborto de 2010 ha pasado al Senado tras ser aprobada en el Congreso. Una propuesta normativa que, entre otras cuestiones, pretende garantizar la interrupción del embarazo en los centros sanitarios públicos y que crearía un registro de objetores de conciencia.
Medidas antiaborto: ¿qué dice VOX?
El paquete de medidas antiaborto que VOX y PP habrían pactado consistiría en cuatro apartados. Según anunció el vicepresidente de extrema derecha en rueda de prensa, una de las primeras medidas consistiría en “atención psicosocial a las madres que lo requieran”; también, “un protocolo de latido fetal y registro cardiaco”: “Aparte de las tres preceptivas”, dijo García-Gallardo en referencia a las tres ecografías que se realizan habitualmente en las semanas 12, 20 y 33, “vamos a ofrecer entre semana las semanas 6 y 9 que los padres puedan escuchar el latido del bebé y que así, antes de tomar cualquier decisión, puedan escuchar antes el latido de su hijo”.
Otra de las medidas consistiría en “promover el acceso a las ecografías 4D para poder ver en tiempo real un vídeo con la cabeza, las manos, los dedos, los pies… del niño que está siendo gestado”. Por último, según el vicepresidente de VOX, “se velará por respetar el derecho fundamental a ejercer objeción de conciencia”, es decir, “que no existan listas negras de objetores de conciencia”. No detalló nada más al respecto. Sobre este paquete de medidas antiaborto el vicepresidente señaló: “Si son útiles para evitar que un solo niño sea abortado y que pueda nacer, merecerá la pena”.
En la misma rueda de prensa, en respuesta a la pregunta de un periodista, García-Gallardo apuntó que las medidas “serían voluntarias para la mujer”, pero imperativas para los profesionales sanitarios: “Lo que es obligatorio para los profesionales de la Sanidad es ofrecer estas tres medidas, las tres primeras, porque la cuarta protege al propio profesional”, aseveró. Y prosiguió: “Lo que debe decir un profesional ahora, cuando cualquier mujer embarazada acuda al médico, es que tiene estas tres posibilidades: la asistencia psicosocial, el protocolo de latido fetal y luego la ecografía 4D. Es voluntario para la mujer, si ella no quiere, no tendrá que escuchar el latido del bebé”.
¿Qué dice el PP?
La Consejería de Sanidad (PP), ese mismo día, publicó una nota de prensa con la información sobre las “medidas sanitarias relacionadas con el fomento a la natalidad y el apoyo a las familias”. Constan cuatro puntos como los anunciados por García-Gallardo, pero en este comunicado no se indica en ningún momento que los profesionales sanitarios estén obligados a ofertar estas medidas antiaborto que VOX y PP habrían pactado.
En la mañana del viernes 13, menos de 24 horas después de la comparecencia del vicepresidente de la Junta, el consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero (PP), incidía en el carácter no obligatorio de estas medidas.
Newtral.es ha consultado a la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Desde este departamento han corroborado, en primer lugar, que “no son medidas obligatorias para los sanitarios”. Insisten en que “se mantiene lo publicado en la nota de prensa elaborada por Sanidad”.
Respecto a la asistencia psicosocial, la nota de prensa indica que “se establecerá un procedimiento de derivación desde atención primaria a los equipos de salud mental para la atención preferente de las personas que lo requieran”. Sin embargo, desde Sanidad, vía telefónica, indican a este medio que “el único cambio es que se reforzará la asistencia y la derivación se hará desde ginecología, no desde atención primaria”.
Sobre el supuesto protocolo de latido fetal, mencionado por García-Gallardo y que también consta en la nota de prensa, fuentes de Sanidad señalan que “se trata de una ampliación de lo que ya existe”: “Que la mujer que quiera, y si el médico lo considera adecuado, pueda tener acceso a ello. Ni se obligará a un médico a ofrecerlo ni ninguna mujer que quiera abortar tendrá que escuchar el latido”, añaden.
Por último, y en relación a las ecografías 4D, el vicepresidente de VOX aseguraba que con esta técnica se podría ver con detalle parte del feto. De una forma parecida consta en la nota de prensa que emitió Sanidad: “Se promoverá el acceso a la ecografía 4D a las mujeres gestantes durante el seguimiento de su embarazo […] pudiendo así mostrar en un vídeo en tiempo real una imagen del bebé con sus rasgos y gestos faciales, manos, dedos, pies y resto del cuerpo, todas ellas perfectamente identificables y reconocibles para la madre y la familia, favoreciendo así su implicación emocional”.
García-Gallardo hacía estas declaraciones señalando al comienzo que se trataba de evitar que las mujeres aborten y que la ecografía 4D sería una herramienta más para ayudar a tomar la decisión. Sin embargo, como explican desde Sanidad, la ecografía 4D “solo tiene sentido y solo estará disponible a partir del tercer trimestre, como hasta ahora”. Sin embargo, en España, la interrupción del embarazo por decisión propia solo es legal en las primeras 14 semanas de gestación, mucho antes del tercer trimestre.
Por otro lado, desde Sanidad indican a Newtral.es que “la indicación seguirá siendo por parte del médico, es decir, por algún tipo de patología fetal o problema”. “No es para poder ver al bebé en vídeo, sino por indicación médica, como hasta ahora. La novedad es que lo vamos a extender a todo el territorio”, añaden.
Breve radiografía del aborto en Castilla y León
Al margen de las medidas antiaborto de VOX y PP, actualmente en Castilla y León hay tres clínicas acreditadas (una en León, otra en Salamanca y una tercera en Valladolid), pero solo una —Ginemédica, la de Valladolid— tiene un concierto con la administración de la Junta para practicar abortos a pacientes derivadas de la pública. Como explicaba a Newtral.es Emilia García, de la clínica Buenavista (León): “Todas las mujeres de Castilla y León que quieren abortar sin coste alguno son derivadas a Valladolid, a veces incluso a otra comunidad autónoma. Si una mujer de León quiere abortar gratis en León, no puede. Puede venir a nuestra clínica, pero tiene que pagar el procedimiento porque no tenemos concierto con la Junta”.
Por ello, la mayoría de mujeres tienen que desplazarse para poder interrumpir un embarazo. Según el último informe de Sanidad sobre abortos correspondientes a 2021, Palencia, Soria, Ávila, Segovia y Zamora no notificaron ni un solo aborto. En el caso de Burgos, donde no hay clínica acreditada para abortos pero sí habría notificado interrupciones, el único centro mencionado que aparece en el informe es uno público: el Hospital Santiago Apóstol.
Sin embargo, no es posible saber cuántos abortos ha practicado dicho hospital público. Según fuentes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), se trataría únicamente de abortos por motivos médicos, que son la minoría de los casos. Según el último informe de abortos realizado por la Junta de Castilla y León (2021), el 90% del total de interrupciones fue a petición de la mujer, no por algún motivo médico.
Además, según este mismo informe, el 42% de las mujeres pagaron por abortar en 2021, a pesar de ser una prestación financiada.
- Rueda de prensa del vicepresidente Juan García-Gallardo posterior al Consejo de Gobierno (12 de enero de 2023)
- Consejería de Sanidad de Castilla y León
- Nota de prensa de la Consejería de Sanidad sobre las “medidas sanitarias relacionadas con el fomento a la natalidad y el apoyo a las familias”
- Informe autonómico de interrupciones voluntarias del embarazo en Castilla y León (2021)
- Interrupción Voluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2021 (último informe disponible del Ministerio de Sanidad)
Volvemos al nazifascismo??