La energía renovable es clave para hacer frente al cambio climático, como asegura Naciones Unidas, que califica a los combustibles fósiles como “los mayores causantes” de este fenómeno. En ese contexto, España avanza en la implantación de energía renovable con acuerdos como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Además, en los últimos años ha aumentado la potencia instalada de estas tecnologías, por ejemplo, de eólicas, si bien algunas de estas instalaciones han sido objeto de malas prácticas.
Aunque los expertos consultados por Newtral.es subrayaron la necesidad de aumentar la potencia renovable instalada, reconocen el impacto de estos proyectos en el entorno, tanto medioambiental como social, lo que exige cierta cautela a la hora de planear una instalación de este tipo.
Los acuerdos entre promotoras y vecinos, claves en la instalación de plantas eólicas
El acuerdo entre promotoras y vecinos de instalaciones eólicas es clave para evitar una de las malas prácticas que genera descontento en la zona. Así ocurrió por ejemplo en el municipio lucense de Muras, el que tiene más aerogeneradores de Galicia, donde su alcalde denuncia la falta de compensación a los residentes por los perjuicios que genera una planta de este tipo.
Además de la falta de pactos, que en último término hace que rechacen las instalaciones eólicas, existen otras malas prácticas. Adolfo Núñez Sarompas, profesor del Máster de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), cree que las principales son:
- “Gigantismo” de los proyectos. Como dice el experto, las instalaciones de mayor tamaño suelen lograr una mayor aprobación por parte de los inversores, ya que los costes fijos son los mismos independientemente de la dimensión del proyecto. Sin embargo, su impacto también es mayor.
- No trabajar sobre el terreno. Cuando los planos se hacen lejos de la zona que se quiere ocupar, pueden surgir problemas, por ejemplo, en el ámbito de cesiones de terreno. “Suelen generar tensión”, indica Núñez Sarompas, que cree que para evitar las malas prácticas con las eólicas “hay que retribuir a la gente de la zona y ser muy sensible en ese tema”.
La evolución de la normativa pone trabas a las malas prácticas en eólicas, según los expertos consultados
Ismael Morales, responsable de comunicación y políticas climáticas de la Fundación Renovables, también destaca otra posible mala práctica por parte de los promotores en este tipo de instalaciones eólicas: la fragmentación de los proyectos. Como una propuesta que supere los límites establecidos por la ley de evaluación ambiental tiene que realizar un procedimiento de evaluación ambiental ordinario, más complejo que el simplificado, un proyecto se divide en varios por debajo de ese umbral.
- Una instalación eólica con cincuenta o más aerogeneradores, con más de 30 megavatios (MW), o que se encuentre a menos de dos kilómetros de otro parque eólico se someterá a evaluación ambiental ordinaria.
El experto también se muestra preocupado por la agilización de los proyectos en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, que puso en jaque el abastecimiento energético del territorio europeo. En concreto, el real decreto 20/2022 flexibilizó algunos de los requisitos ambientales que deben cumplir los proyectos de instalación eólica.
Pese a las malas prácticas mencionadas en las eólicas, Morales cree que las evaluaciones ambientales funcionan, algo que comparte con Diego Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El también investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cree que las declaraciones de impacto ambiental “son muy detalladas”, lo que garantiza la protección de la zona. A su juicio, saltarse la norma “es como poner hoy en día un hotel en línea de costa”. “Es evidente que los criterios medioambientales ahora no son los que había hace 20 o 30 años, para bien”, opina.
- Página web sobre energías renovables de Naciones Unidas
- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030
- Adolfo Núñez Sarompas, profesor del Máster de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Universidad a Distancia de Madrid (Udima)
- Ismael Morales, responsable de comunicación y políticas climáticas de la Fundación Renovables
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
- Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad
- Diego Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)