El Parlamento de Lituania tiene previsto aprobar este martes 25 de abril unas enmiendas a su Ley de Fronteras que han encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos a nivel europeo e internacional. Con estos cambios, en la práctica quedarían legalizadas las devoluciones en caliente en la frontera con Bielorrusia. Además, se permitiría a ‘voluntarios’ unirse a la Guardia Fronteriza y emplear el uso de la fuerza para contener a los migrantes.
“Nos preocupa que este mecanismo de voluntariado permita no sólo a los lituanos, sino a cualquier voluntario, unirse a los guardias fronterizos, dándoles también el derecho legal de usar la violencia contra los migrantes”, explica a Newtral.es Dalia Krapavickaitė, miembro de Sienos Grupé, ONG lituana que proporciona ayuda humanitaria a las personas desplazadas. En países como Hungría ya se está aplicando este modelo, en el que los guardias son conocidos como “cazadores de fronteras”.
A esta y otras organizaciones de derechos humanos también les preocupa que “radicales de extrema derecha aprovechen la oportunidad para usar la fuerza contra personas en movimiento que buscan protección internacional”.
Lituania, situada en el este de Europa, comparte unos 670 kilómetros de su frontera con Bielorrusia. Este país, cuya capital es Vilna, es miembro de la Unión Europea desde 2004. El presidente del país es Gitanas Nausėda, un político independiente que ejerció como economista y banquero. Por su parte, la primera ministra es Ingrida Šimonytė, miembro de la Unión de la Patria-Cristianodemócratas Lituanos (TS-LKD), un partido conservador.
El pasado 20 de abril, estas enmiendas se aprobaron con 69 a favor, siete en contra y 24 abstenciones a falta de una votación final que está prevista para este 25 de abril. “Viendo los primeros resultados, parece que la ley será aprobada”, indica la experta. Explicamos qué está ocurriendo.
Crisis de migrantes en la frontera Lituania-Bielorrusia: cuándo empezó y por qué
La tensión migratoria marca las relaciones de vecindad entre Lituania y Bielorrusia, país gobernado por Alexandr Lukashenko, conocido como el ‘último dictador de Europa’ por su régimen autocrático. Esta cuestión tuvo un punto de inflexión en mayo de 2021, cuando Bielorrusia obligó a aterrizar en su territorio a un avión que volaba desde Grecia hasta Lituania. En él viajaba un periodista bielorruso de la oposición, que fue detenido y sometido a interrogatorios supuestamente tortuosos por «delitos contra las autoridades bielorrusas», según la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos.
Tras conocer lo ocurrido, la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá intensificaron sus sanciones contra Bielorrusia. Lukashenko respondió con una campaña publicitaria a gran escala invitando a migrantes a viajar a Europa “a través de una nueva ruta continental supuestamente segura a través de Bielorrusia, prometiendo una conexión directa desde el aeropuerto hasta la frontera entre Bielorrusia y la UE”, según la ONU.
En los meses posteriores, el número de entradas irregulares a Lituania comenzó a aumentar considerablemente. La mayoría de ellos procedentes de Oriente Medio y África Subsahariana.
La respuesta del Gobierno lituano a la crisis migratoria
El Gobierno lituano respondió a esta situación levantando una valla con alambre de espino de unos 500 kilómetros. También decretó un estado de excepción ante esta crisis migratoria y adoptó una nueva legislación que establecía la detención automática de las personas que cruzasen irregularmente al territorio lituano. Asimismo, Vilna restringió el acceso a la zona fronteriza tanto a periodistas como a activistas humanitarios.
Como consecuencia, miles de personas fueron detenidas durante periodos prolongados, a muchas no se les han evaluado sus solicitudes de asilo y a miles se les obligó a retroceder a Bielorrusia, “donde no tienen ninguna posibilidad de buscar protección”, según explicó en un informe Amnistía Internacional.
Médicos Sin Fronteras informó el año pasado de que en Lituania han tenido que tratar a personas con problemas en la piel y las extremidades inferiores después de que caminaran largas distancias a través de bosques y pantanos –una buena parte de la frontera entre ambos países está formada por lagos y ríos– y que han dormido a la intemperie sin la ropa adecuada. Otros problemas también están relacionados con enfermedades gastrointestinales después de que comieran bayas y plantas del bosque y bebiesen agua de los pantanos.
“Las condiciones de la migración y la presencia de una zona fronteriza indefinida crean condiciones que pueden considerarse de tortura: como sugiere la evidencia de amputaciones y muertes en nuestra práctica, no se dispone de asistencia sanitaria, alimentos ni agua”, explica Dalia Krapavickaitė desde Sienos Grupé. A principios de este año, la ONG informó de la primera muerte de un migrante que procedía de Sri Lanka en la frontera.
La respuesta de la justicia europea a la ley de fronteras en Lituania
La situación de los migrantes fue reportada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dictaminó el verano pasado que la declaración del estado de excepción en Lituania no exime al Estado de su obligación de garantizar el acceso al procedimiento de asilo.
Para aplicar la sentencia del TJUE, en enero de este año el Gobierno lituano aprobó por un lado el proyecto de enmiendas a la Ley de Fronteras Estatales y, por otro, el proyecto de enmiendas a la Ley de Extranjería.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) emitió un comunicado en el que señalaba que “observaba con satisfacción que el proyecto de enmiendas a la Ley de Extranjería restablece la obligación de ofrecer las posibilidades más favorables a los extranjeros presentes en el territorio de Lituania para presentar una solicitud de asilo […] Sin embargo, a ACNUR le preocupa que el proyecto de enmiendas a la Ley de Fronteras Estatales siga contemplando la posibilidad de denegar la entrada en el territorio de la República de Lituania a las personas que crucen la frontera de forma irregular y que puedan necesitar protección internacional”.
La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, ha ido más allá y ha hecho este mismo lunes un llamamiento al Parlamento lituano “para que rechace el proyecto de enmiendas a la Ley sobre la Frontera Estatal y su protección, que legalizaría las prácticas actuales que ponen a las personas necesitadas de protección internacional en peligro de ser rechazadas».
Qué es lo que va a cambiar con la aprobación de las enmiendas a la Ley de Fronteras
Desde Sienos Grupé explican a Newtral.es los problemas que pueden acarrear las enmiendas a la Ley de Fronteras.
“La Defensora del Pueblo lituana, Erika Leonaitė, observa que, aunque la evaluación individual de las condiciones de admisión en el país está recogida en la ley, debido a que la institución de la Guardia Estatal de Fronteras es el único organismo que decide a quién se permite la entrada y a quién se rechaza, se plantea la cuestión de si esta institución tiene competencias suficientes para evaluar si una persona está huyendo de la persecución o no. Además, no está garantizada, ni siquiera prevista, la presencia de un órgano independiente de vigilancia de los derechos humanos”, explica Dalia Krapavickaitė.
Otro de los artículos que se modifican en la enmienda recoge quién puede obtener un permiso para entrar en la zona fronteriza en estado de excepción, “lo que no incluye a las organizaciones de derechos humanos, ONG humanitarias o civiles, por lo que hay miedo a no poder acceder a la zona ni para proporcionar ayuda humanitaria, ni para supervisar los derechos humanos”, señala la experta.
A esto se suma que se permitirá el uso de la fuerza no sólo a los guardias fronterizos, sino también a los ‘voluntarios’ que se unan a ellos.
“Este cambio sienta un precedente preocupante en la UE, donde se prioriza la securitización sobre los derechos humanos. No sabemos muy bien cuál es la postura de la UE, pero algunos políticos del partido de los Verdes europeos, por ejemplo, parecen apoyarnos. Sin embargo, en general vemos una falta de reacción por parte de la Unión”, concluye la activista.
- Declaraciones de Dalia Krapavickaitė, miembro de la ONG Sienos Grupé
- Reuters: ‘Hungary’s ‘border hunters’ target migrants’
- Europe Must Act: ‘Lithuania to legalise pushbacks with the amendments to the “Law on State Border and its Protection»
- Resultados de la votación de la primera vuelta de las enmiendas
- Perfil de Gitanas Nausėda del CODOB
- Perfil oficial de Ingrida Šimonytė
- Real Instituto Elcano: ‘Lo que hay que saber sobre las protestas en Bielorrusia’
- Informe del OHCHR sobre la crisis migratoria entre Bielorrusia y la UE
- RadioFreeEurope: ‘Context of the ongoing Belarus-EU migration crisis’
- Amnistía Internacional: ‘Lithuania: Pushbacks, illegal detention, deception and abuses against refugees and migrants’
- Médicos Sin Fronteras: ‘Repeated pushbacks cause mental and physical suffering for people crossing Lithuanian border’
- ECRE: ‘Eastern Borders: CJEU Finds Lithuania’s Legislation Unlawful Amid New Reports of Abuses, Polish Court Ruling on the Illegality of Pushbacks, Poland Replaces a No-Access Zone with Steel Wall’
- ACNUR: ‘UNHCR observations on the Draft Amendments to the Law of the Republic of Lithuania on Legal Status of Aliens (No XIVP-2385)1 and the Draft Amendments to the Law of the Republic of Lithuania on the State Border and its Protection (No XIVP-2383)’
- Consejo de Europa: ‘Lithuania: human rights should be at the centre of the parliamentary debate on migration and asylum’
- Proyecto de Enmiendas de la Ley de Fronteras
- Amnistía Internacional: ‘Lituania: Legalizar las devoluciones sumarias significaría “luz verde a la tortura”’
