Cuando el pleno del Congreso da luz verde para empezar a tramitar una proposición de ley, no es sinónimo de que esta vaya a recorrer todo su camino hasta la aprobación definitiva. En no pocos casos, las leyes se quedan ‘congeladas’ en una fase concreta -generalmente en el plazo de ampliación para presentar enmiendas-, bien por intereses políticos o bien por falta de apoyos. Lo reflejan los datos que recogemos en Parlamentia.
Parlamentia, la primera plataforma que te explica cómo se hacen las leyes en España
En parlamentia.newtral.es podrás hacer, paso a paso, el seguimiento desde que una ley llega al Congreso hasta que se publica en el BOE.
Los ‘juegos’ con los tiempos a la hora de legislar dependen en gran medida de la Mesa de la Cámara Baja, en la que el PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría -como la tuvieron en su día PP y Ciudadanos- para decidir si retrasan o continúan con el trámite de una iniciativa. En estos momentos, hay 61 normas que se encuentran en el limbo de la fase de ‘ampliación de enmiendas’, siendo la propuesta sobre medidas económicas para hacer frente a la COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda la que más tiempo acumula en ella: casi 950 días.
[Triquiñuelas transversales o cómo retrasar la tramitación de una ley en el Congreso]
Los que no se quedan atascados en la ampliación de plazos: las proposiciones de ley conjuntas del PSOE y Unidas Podemos siempre terminan publicadas en el BOE
Los grupos parlamentarios de PSOE y UP han presentado conjuntamente cinco proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados. Todas ellas han completado su recorrido en las Cortes Generales, salvo la que ellos mismos retiraron sobre rebajar la mayoría para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras recibir un toque de atención de Bruselas.
- Antes de empezar. Aunque como parte del Gobierno PSOE y UP cuentan con la vía de los proyectos de ley para presentar sus iniciativas, recurren a veces al ‘camino’ reservado para los grupos parlamentarios (proposición de ley). ¿Uno de los motivos? Que, a diferencia de la otra opción, en las proposiciones de ley no es necesario solicitar informes preceptivos a órganos del Estado ni someter el texto a consulta pública previa. Por lo tanto, es un proceso más ágil.
Voto rogado. La iniciativa de los grupos parlamentarios del PSOE y UP que más ha tardado en completar su tramitación ha sido la que suprime el voto rogado e implanta un nuevo mecanismo para votar desde el exterior con menos trámites burocráticos. Esta ley se completó en un total de 598 días (algo menos de 20 meses), acumuló 44 ampliaciones de plazo para presentar enmiendas y terminó contando con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, salvo con el del BNG, que se decantó por la abstención.
Reforma del delito de sedición y de malversación. En contraste con la propuesta anterior, la que reforma los delitos de sedición y de malversación culminó toda su tramitación en 36 días. Se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) el 17 de noviembre y el 23 de diciembre de 2022 ya estaba en el BOE.
¿Y si van por separado?
Los socialistas han conseguido aprobar algunas de sus proposiciones de ley en solitario -11 en total-, como la ley de regulación de la eutanasia; la de igualdad y de no discriminación, conocida como la ‘ley Zerolo’; o la que considera a los animales como seres sensibles. Mientras que los morados solamente han visto publicada en el BOE una de sus iniciativas bajo su propia rúbrica: aquella que amplía el plazo general de seis a 12 meses para que se investigue una causa penal.
Las proposiciones de ley de la oposición que, en teoría, respaldan PSOE y Unidas Podemos pero que las ampliaciones de plazos dificultan su aprobación
Aunque no haya surgido de ellos, hay una serie de iniciativas impulsadas por otras formaciones que PSOE y Unidas Podemos mostraron su intención de apoyar. Sin embargo, a menos de un año de que termine la legislatura, ninguna de estas proposiciones de ley ha sido aprobada todavía debido, en gran parte, a las ampliaciones de sus plazos parlamentarios.
La reforma (¿o derogación?) de la ‘ley mordaza’, una cuestión desde 2015
Una de las promesas que los socialistas y los morados incluyeron en su acuerdo de coalición fue la aprobación de una “nueva ley de seguridad ciudadana que sustituya a la ‘ley mordaza’”. Sin embargo, más de tres años después, este compromiso sigue sin materializarse, ni se prevé que acometan esta tarea antes de las elecciones generales.
En paralelo al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, el PNV registró en la Cámara Baja una proposición para reformar la ‘ley mordaza’. Esta iniciativa fue la que se tomó como referencia para llevar a cabo dicho objetivo. No obstante, superada la fase de ‘informe’ -en la que se lleva a cabo un primer borrador con las enmiendas acordadas- y tras más de 14 meses estancada en esta, las diferencias entre los socios del bloque de investidura hicieron descarrilar la modificación de la reforma.
Las devoluciones en caliente, las pelotas de goma, las faltas de respeto a la autoridad y las infracciones por desobediencia fueron el centro de la discrepancia que tumbó esta norma.
Una ‘nueva’ norma que reemplace la ley sobre secretos oficiales, atascada y sin novedades
El PSOE y Unidas Podemos, entre otros, también respaldaron empezar con el recorrido de otra iniciativa del PNV. En este caso, la que reforma la normativa franquista de secretos oficiales.
El Gobierno planteó el compromiso en el Plan Anual Normativo de 2020, donde se recogía la elaboración de una “nueva” ley sobre esta materia; y, aunque en 2021 lo omitió, el Plan Anual Normativo de 2022 volvía a retomar la propuesta, aunque con un matiz: ya no hablaba de nueva ley de secretos oficiales sino de elaborar desde cero una nueva norma de “información clasificada”. En agosto de 2022, el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de ley de información clasificada… que más de ocho meses después no ha llegado al Congreso de los Diputados.
Su recorrido allí es probable que esté lleno de obstáculos, no solo por cuestiones de contenido, sino también de tiempos, dado que la legislatura ha entrado ya en su fase final. Por su parte, la proposición de ley del PNV, registrada en enero de 2020, acumula decenas de prórrogas en el plazo de ‘ampliación de enmiendas’ (más de 105) mientras va cayendo en el olvido: lleva más de tres años en el Congreso sin avances.
Cuenta atrás para que no quede en papel mojado la iniciativa sobre bebés robados en España
El PSOE, ERC, EH Bildu, BNG, Compromís, JxCat, la CUP y Más País presentaron en 2020 una proposición sobre bebés robados en el Estado español. Y, unos meses más tarde, el pleno de la Cámara Baja respaldó su tramitación. A pesar de que recientemente ha avanzando en su tramitación y se encuentra en la fase de ‘informe’, la iniciativa permaneció en la etapa anterior -’ampliación de enmiendas’- desde julio de 2020 hasta este mes de marzo.
Las normas impulsadas por el Gobierno, también en un cajón esperando ver la luz
En el limbo de la fase de ‘ampliación de enmiendas’ también se encuentran hasta 35 textos aprobados por el Consejo de Ministros. Entre estos, los que más retrasos acumulan son los decretos leyes que, una vez convalidados, se tramitan como un proyecto de ley para que la oposición pueda introducir cambios.
Y es que, el 69% de este tipo de normas (24) continúan en este impás parlamentario. La ampliación de plazos en esta cuestión ‘beneficia’, sin embargo, al propio Ejecutivo porque su decreto ley ya está en vigor, sin las enmiendas que pueden incorporarse durante su recorrido en las Cortes Generales.
De esta forma, el de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto de la COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda -decreto ley que el Gobierno dio luz verde en julio de 2020- es el que más veces ha visto extendido el periodo de enmiendas: 106 prórrogas.
(*) Datos actualizados a 20 de abril de 2023.
- Parlamentia
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