Al concluir un año, se suelen hacer diferentes balances de lo que ha dado de sí esos 365 días, también en política. El año pasado, el Gobierno aprobó el 5,55% de las leyes que contemplaba el Plan Anual Normativo del 2023. Este documento recoge las iniciativas legislativas y reglamentarias que los distintos ministerios prevén remitir durante el correspondiente año al Consejo de Ministros.
El adelanto electoral. El texto indica que la elaboración del presente Plan Normativo se vio condicionada por “el impacto y los efectos que se han derivado de la guerra en Ucrania”. Y, aunque menciona los comicios autonómicos y municipales previstos para el 2023, su contenido también se pudo ver alterado por el adelanto de las elecciones generales al pasado 23-J, pues estaban previstas en primera instancia para finales de año.
[Más de 50 leyes del Gobierno se quedan en el cajón debido al adelanto electoral del 23-J]
Justicia, a la cabeza. Según el documento, el Ministerio de Justicia fue el departamento que más normativas con rango de ley quería aprobar durante el año pasado, con un total de siete. Le siguieron la cartera de Hacienda y Función Pública, que contaba con seis iniciativas, y el gabinete de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con cinco propuestas legislativas sobre la mesa.
Las normas aprobadas. De las 36 leyes que determina el Plan Anual Normativo del 2023, dos recibieron luz verde definitiva y llegaron al BOE. Una de ellas modifica la directiva europea en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, que finalmente se introdujo en un real decreto ley para acelerar su aprobación, y la otra limita la deducibilidad de intereses en el impuesto sobre sociedades.
Las leyes que contempla el Plan Anual Normativo del 2023
El documento establece un total de 36 propuestas normativas, que se reparten de la siguiente manera: tres leyes orgánicas (normas que abordan los derechos fundamentales, las libertades públicas y el régimen electoral general) y 33 proyectos de ley.
19 textos estaban haciendo su recorrido parlamentario. Mientras que el 5,55% de las leyes del Plan Normativo del 2023 recibieron el ‘ok’ final (es decir, dos propuestas); el 52,78% de las iniciativas seguían a la espera del último visto bueno del Consejo de Ministros para enviarlas al Congreso de los Diputados (que representan 19 en su conjunto). El 22,22% estaban registradas en la Cámara Baja, pero decayeron tras la convocatoria de elecciones (que se traduce en ocho normas); y el restante 19,44% se encontraban en otra situación (como los Presupuestos para el 2023, inviables después del adelanto electoral al 23-J).
Iniciativas que se quedaron por el camino y no llegaron al Congreso
- Ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos (Justicia)
El Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2022 el anteproyecto de ley contra la trata y la explotación de seres humanos, el primer paso para posteriormente remitir la iniciativa al Congreso –tras unos requisitos previos, como recabar los informes pertinentes–. No obstante, a día de hoy, el Gobierno no le ha dado luz verde en segunda vuelta, por lo que todavía no puede empezar su tramitación parlamentaria.
Un punto clave. El anteproyecto, que puede sufrir modificaciones antes de ser enviado a las Cortes, contempla otorgar la acreditación de víctima sin necesidad de que la persona interponga una denuncia ni de que participe en la investigación penal para perseguir a los tratantes.
- Ley de información clasificada (Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática)
La actual normativa franquista no cuenta con ningún límite para hacer públicos los documentos confidenciales. En un intento para revertir esta situación, el Ejecutivo dio su visto bueno en agosto de 2022 al anteproyecto de ley de información clasificada, que sí establece este tope. Así, los plazos variarán en función del grado de confidencialidad de los diferentes textos –alto secreto, secreto, confidencial y restringido–, que irán desde los cuatro años hasta los 50. No obstante, la iniciativa no ha llegado a la Cámara Baja casi un año y medio después.
En paralelo a las leyes del Plan Normativo del 2023. El PNV ha presentado una proposición para reformar la ley sobre secretos oficiales, que data de 1968. La propuesta, entre otros aspectos, fija un plazo de vigencia para la desclasificación de documentos: un máximo de 25 años para las materias secretas y de 10 años para las reservadas.
Normas que empezaron su fallida tramitación parlamentaria
- Ley orgánica del derecho de defensa (Justicia)
El proyecto de ley del derecho de defensa se registró en el Congreso de los Diputados en abril de 2023, pero su recorrido parlamentario decayó al mes siguiente debido a la convocatoria de elecciones generales del 23-J. Por su parte, Pilar Llop, exministra de Justicia, señaló entonces que, con esta propuesta, “la ciudadanía tendría mayores garantías de que su derecho de defensa fuera interpretado correctamente, democratizando y modernizando más nuestros derechos, como pilar esencial del Estado de derecho”.
- Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la ley general de Salud Pública (Sanidad)
La ley general de Salud Pública de 2011 ya plasmaba la creación de un Centro Estatal de Salud Pública (ahora, Agencia), cuyas funciones quedarían reguladas “en el correspondiente real decreto de estructura orgánica”. Este documento nunca llegó a aprobarse. Sin embargo, no fue hasta la irrupción de la pandemia por la COVID-19 cuando la idea de llevar a cabo la AESAP empezó a vislumbrarse. En junio de 2020, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que era necesario desarrollar la normativa de salud pública, que más de tres años y medio después aún no se ha materializado.
Un punto clave. La iniciativa crea la Agencia Estatal de Salud Pública, un nuevo organismo que se encargará de coordinar la red de vigilancia de salud pública, de evaluar los riesgos en este ámbito y de llevar a cabo sistemas de alerta precoz frente a futuras emergencias.
- Ley de familias (Derechos Sociales y Agenda 2030)
El despliegue de la ley de familias formaba parte del acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para llevar al Consejo de Ministros los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Con ello, esta propuesta llegaba al Congreso el pasado abril para que recibiera luz verde antes de que finalizara la legislatura. No obstante, su aprobación definitiva no fue posible por el adelanto electoral del 23-J.
En un decreto ley. A pesar de que el texto legislativo decayera por la disolución de las Cortes, el Gobierno aprovechó un real decreto ley que prorrogaba las medidas frente a la guerra en Ucrania para incluir algunos aspectos de la norma proveniente del Ministerio de Derechos Sociales. Entre ellos, el permiso retribuido de cinco días al año para atender a familiares o a convivientes, un permiso parental de un máximo de ocho semanas y la equiparación de los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios.
Por cierto, hasta la propia Cacademia "de la Lengua" ha tenido que dar marcha atrás después de muchos años de impostura populista y hacer la tilde diacrítica en el adverbio "sólo" obligatoria otra vez.
¿"Fact-check"? ¿Qué mierda de español es ese? Niñatos mileniales a sueldo de tramas globalistas, ¿qué pasa? Se han puesto Vds. al servicio de lo peor del odio antiespañol de la judería, de los gringos y de toda la chusma anglo. Quieren destruir el español y que pase a ser una jerga social inferior y disgregada, en favor del inglés con una posición sociolingüística de poder y prestigio.