Se terminó la actual legislatura. La disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio suponen que la actividad parlamentaria acabe hasta que se vuelvan a constituir de nuevo tras los comicios. Con esto, un total de 61 leyes del Gobierno que se estaban tramitando se paran por completo y, en consecuencia, quedan oficialmente decaídas.
Decenas de este tipo de iniciativas no recibirán luz verde, que en un principio sí podrían haberla tenido, pues contaban con unos meses más para materializarse. Sus (improbables) posibilidades para ser aprobadas pasan, por tanto, por que el próximo Ejecutivo que salga de las elecciones de julio inicie desde cero el recorrido de estas normas.
Parlamentia, la primera plataforma que te explica cómo se hacen las leyes en España
En parlamentia.newtral.es podrás hacer, paso a paso, el seguimiento desde que una ley llega al Congreso hasta que se publica en el BOE.
Tal y como se recoge en Parlamentia, la ley de familias, la conocida como ‘ley Darias’, la iniciativa que crea la Autoridad en Defensa del Cliente Financiero o la norma contra el desperdicio alimentario, entre otras, no completarán su tramitación. Y, por tanto, no llegarán a publicarse en el BOE.
Las leyes más relevantes del Gobierno que han quedado decaídas en esta legislatura
La ley de familias, atascada sin un acuerdo que nunca llegó
El despliegue de esta norma formaba parte del acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para llevar al Consejo de Ministros los Presupuestos del año 2023. Así, el proyecto de ley de familias llegaba al Congreso este abril para que recibiera luz verde antes de que finalizara la legislatura. Pero no va a ser posible por el adelanto electoral.
La iniciativa liderada por el Ministerio de Derechos Sociales se encontraba atascada en la Cámara Baja ante la falta de apoyos necesarios para aprobarla. Además de la oposición de PP y Vox, el texto también se topó con el rechazo de algunos partidos nacionalistas porque consideraban que este invade competencias autonómicas.
Por lo tanto, quedan en el aire el permiso retribuido de cinco días al año para atender a familiares o a convivientes, un permiso parental de un máximo de ocho semanas o la equiparación de los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios.
Límites a la privatización de lo público: el escollo de la ‘ley Darias’
Otra norma del Gobierno de coalición que ha quedado decaída es la conocida como ‘ley Darias’. Esta empezó a tramitarse hace un año con el objetivo de blindar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, se encontró con un escollo que le dificultaba continuar con su recorrido en el Congreso: el rechazo de Unidas Podemos. Y es que, desde su punto de vista, la iniciativa no establecía límites a la privatización de la sanidad pública.
Esta discrepancia pudo provocar que la formación morada apoyara la devolución del texto al Ejecutivo. Pero la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias, llegó a un acuerdo in extremis con dicho partido para salvar el primer examen: se comprometió a modificar el proyecto de ley a lo largo de su tramitación a cambio de su apoyo. Este teórico pacto nunca se materializó públicamente.
Paridad y derecho al olvido oncológico: dos iniciativas que ni llegaron al Congreso
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de mayo el proyecto de ley de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión para remitirlo al Congreso de los Diputados e iniciar su tramitación. No obstante, con la disolución de las Cortes, el texto ni siquiera va a ser registrado en la Cámara Baja. La norma buscaba garantizar la paridad en la política (establecía la obligatoriedad de las listas cremallera en las elecciones), en la administración y en las empresas.
Por su parte, las elecciones generales del 23-J también han imposibilitado el debate y la votación de incorporar la enmienda socialista que reconoce el derecho al olvido oncológico a la norma de atención al cliente, cuya entrada en vigor estaba prevista para este mismo junio. Esta enmienda tenía como finalidad declarar nulas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyan o que discriminen a la hora de contratar productos o servicios, como la firma de una hipoteca, a las personas que han padecido cáncer.
Las leyes del Gobierno que establecían un marco a nivel estatal para los bomberos y para los agentes forestales, decaídas
Un total de 267.939,64 hectáreas se vieron afectadas por incendios forestales en 2022, según los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica. Ante esta situación junto con otras previas, el Gobierno de coalición impulsó dos leyes con la intención de mejorar las condiciones de los trabajadores de este ámbito, aunque finalmente han quedado decaídas.
De esta forma, se establecían por primera vez unas bases comunes a nivel nacional para los bomberos y los agentes forestales de España. Actualmente, dichos empleados se encuentran bajo la regulación de la comunidad autónoma en la que desarrollan su actividad.
El ámbito audiovisual también se ve afectado por el adelanto electoral: las iniciativas que quedan en papel mojado
Ley del cine y cultura audiovisual. La norma derogaba la ley del cine del 2007 e introducía el término ‘cultura audiovisual’ como novedad para ajustarse a las nuevas narrativas. Además, equiparaba las películas y las series a la hora de recibir subvenciones y, también, declaraba la Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural.
La propuesta que creaba la Oficina Española de Derechos de Autor. Se preveía que este organismo realizara la actividad administrativa que corresponde al Estado en el ámbito de propiedad intelectual.
Las tres leyes del Gobierno ya decaídas que estaban a punto de ser aprobadas definitivamente
Un total de tres proyectos de ley del Gobierno encaraban su recta final de tramitación parlamentaria en el Senado, pero finalmente se han visto decaídas por el adelanto electoral.
La norma contra el desperdicio alimentario. Apostaba por poner coto a los millones de kilos de comida y de bebida que tanto hogares como locales de restauración tiran a la basura cada año. Una de las medidas que el texto contemplaba era que los restaurantes, excepto los bufés libres, debían ofrecer a sus clientes de forma gratuita la posibilidad de llevarse la comida que no hubiesen consumido.
La iniciativa de atención al cliente. Impulsada por el Ministerio de Consumo, se establecía que determinadas empresas tenían que tener obligatoriamente un canal 24 horas gratuito de atención al cliente. También se recogía que la compañía garantizaría que el 95% de las llamadas fueran atendidas, de media, en un tiempo inferior a tres minutos.
La ley que crea la Autoridad en Defensa del Cliente Financiero. La propuesta creaba un sistema público para la resolución extrajudicial de los litigios surgidos entre las entidades y los clientes de los sectores financieros. Eso sí, el uso de este sistema era voluntario y alternativo a llevar la cuestión a los tribunales de la jurisdicción Civil.
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