Preguntas y Respuestas: el proyecto de ley de Vivienda que el Gobierno remite al Congreso

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 1 de febrero, el proyecto de ley de vivienda. Se trata de una norma que no ha estado exenta de polémica, primero por las desavenencias entre los miembros de la coalición y, después, por el informe -preceptivo, pero no vinculante-  emitido por el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de tres años con su mandato caducado. 

El CGPJ considera que el texto cuenta con “una serie de directrices” con “un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales” que tienen un “problemático encaje en el orden constitucional de competencias”. Un punto que, sin embargo, ha rechazado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez: “Es una ley que reconoce las competencias que tienen las comunidades autónomas”. 

Raquel Sánchez ha confirmado que el Gobierno únicamente ha incorporado “algunas observaciones” del CGPJ que mejoran el texto de la ley de vivienda “desde el punto de vista de la técnica legislativa”, pero ninguna “de carácter sustantivo”.

Puntos clave del proyecto de ley de vivienda 

1. Parque público de vivienda social. Pasar a ser considerado un patrimonio permanente sujeto a protección, con el fin de que no se pueda enajenar. 
   • Viviendas protegidas. El periodo en el que estén clasificadas será, como mínimo, de 30 años. Además, se permitirá que la legislación urbanística reserve suelo urbanizado para construirlas. En concreto, un 30% de cualquier promoción, según ha explicado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. 
2. Control de los precios del alquiler en zonas tensionadas. La ley de vivienda permitirá que las comunidades podrán poner un límite a los precios en las zonas que declaren temporalmente como tensionadas. 
   • Mecanismos de contención de los precios. Belarra ha asegurado que los grandes tenedores deberán bajar el coste del arrendamiento a los índices de referencia. Sobre los pequeños propietarios, ha considerado que “les va a salir a cuenta” bajar el alquiler por las desgravaciones fiscales acarreadas que les supondrá. Estas podrán ir hasta el 90%. 
   • Un poco de tiempo. La ley de vivienda contempla un plazo máximo de 18 meses desde la aprobación de la ley para aplicar esta limitación. 
3. Concepto de gran tenedor. Se entiende como tal a cualquier persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de este mismo uso. 
4. Sobrecarga del IBI. Los Ayuntamientos podrán aplicar una sobrecarga de hasta el 150% en la cuota líquida del IBI a viviendas que lleven vacías más de dos años, con un límite de cuatro inmuebles por propietario, salvo causas justificadas. 
5. Desahucios de personas vulnerables. Se establecen mecanismos que mejoran la comunicación entre el juez y los servicios sociales para dilucidar si cuentan con una alternativa habitacional, según ha expuesto la ministra de Derechos Sociales. En caso de no hacerlo, las comunidades deberán buscar una “vivienda alternativa” en un plazo de “dos a cuatro meses”. 

Siguiente paso en la ley de Vivienda: Congreso de los Diputados 

El texto de la ley de Vivienda comienza ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso, donde el Gobierno deberá recabar el apoyo de los distintos partidos para aprobar la ley. Precisamente, en la Cámara baja algunos de los socios de investidura de Sánchez como ERC, EH Bildu o BNG presentaron en septiembre de 2021 su propia propuesta basada en las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). De inicio, la iniciativa contó también con la firma de Unidas Podemos, que luego la retiró. Esta proposición de ley no salió adelante por el determinante voto en contra del PSOE

Las ministras Raquel Sánchez e Ione Belarra han reconocido que, a 1 de febrero, el texto no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante. Una realidad que pretenden revertir en las negociaciones que empezarán con los diferentes grupos parlamentarios.

Entre líneas: polémicas dentro y fuera de la coalición

Polémica en La Moncloa. El proyecto de ley de vivienda ha sido una de las normas que más problemas ha generado entre los socios del Gobierno, quienes encontraron en los límites del precio del alquiler el principal escollo de las negociaciones. 

En octubre de 2020, PSOE y Unidas Podemos pactaron remitir al Congreso el texto en el plazo de tres meses como parte del acuerdo de los Presupuestos de 2021. Las cuentas se aprobaron, pero el proyecto de ley no llegó a la Cámara baja. Sí lo hizo la propuesta de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, entre otros, sobre “el derecho a una vivienda digna”. 

Sin embargo, en octubre de 2021, los socios de coalición volvieron a cerrar un acuerdo en esta materia como parte de las negociaciones de los PGE de 2022. En este caso, el pacto se materializó y, a las pocas semanas, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de vivienda en primera vuelta (un borrador inicial).  

El informe del CGPJ. Tras este paso, el Gobierno debe solicitar los informes preceptivos a distintos órganos del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial. En este caso, su dictamen se retrasó varias semanas porque la mayoría de sus integrantes rechazaron una primera versión. 

La segunda, aprobada hace unos días, se ha mostrado muy dura con el proyecto de ley de vivienda. En Unidas Podemos han sido siempre partidarios de hacer caso omiso a las indicaciones del CGPJ, mientras que los socialistas aseguraron que leerían con “respeto” el informe “por si fuera susceptible de mejorar” el texto. Finalmente, las correcciones se han quedado en mejoras técnicas. 

Rechazo del PP. Según anunció el propio Pablo Casado, el Partido Popular no solo se va a oponer a la ley de vivienda en las Cortes sino que, siempre que sea posible, no va a aplicarla en las comunidades en las que gobierna. 

También aseguró antes siquiera de conocer el texto que lo llevaría al Tribunal Constitucional: “Nosotros estamos a favor de la libertad de cada persona de hacer lo que le dé la gana con lo que es suyo, sin que venga el Gobierno a decirte lo que tienes que hacer con tu piso”, argumentó en una entrevista en El Programa de AR.