Preguntas y respuestas: el anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario

El Gobierno de coalición ha llevado este martes en primera vuelta al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario y que se hará público el próximo viernes 3 de septiembre. Una vez aprobado, sustituirá a la Ley Orgánica de Universidades de 2001, modificada en 2007. 

El anteproyecto de ley aborda aspectos de la gobernanza y estructura universitaria, el régimen jurídico, económico y financiero de las universidades públicas, así como del personal docente e investigador (PDI). Pone el foco en la perspectiva de género, la memoria democrática y los objetivos de la Agenda 2030.

¿Cuál es el objeto y la finalidad del texto?

El ministro de Universidades, Manuel Castells, es el impulsor de esta iniciativa que se lleva discutiendo un año, según ha explicado en rueda de prensa, y que pretende alcanzar el máximo consenso con la comunidad universitaria y de los grupos políticos. 

Sus objetivos, según ha mencionado Castells, son la mejora de la calidad del sistema universitario, una vinculación más estrecha con la economía y el empleo, acabar con la precariedad del personal docente e investigador, alcanzar la equidad y reafirmar los derechos de los estudiantes.

También buscar mejorar la gestión presupuestaria, la Gobernanza en el sistema universitario y favorecer la internalización.

¿Cuáles son los puntos clave del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario?

Según ha expuesto el ministro Castells, estos son algunos puntos clave anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Para acabar con la precariedad del sistema docente investigador el texto que ha presentado el Gobierno propone:

• Establecen una temporalidad máxima del 20% para el personal docente investigador, actualmente es del 46%, según publicó en un informe el Observatorio del Sistema Universitario.
• Para “los no doctores precarios”, como ha hecho referencia el ministro, propone establecer la posibilidad de que durante tres años haya un contrato temporal limitado para que puedan terminar su tesis.
• El profesorado se estructurará en diferentes niveles: profesores, ayudantes doctores, titulares y catedráticos con una evaluación o acreditación para cada nivel.
• Las plazas se asignarán siguiendo el sistema actual según méritos por concurso público. “Como novedad, las comisiones de selección de la universidad convocante estarán en minoría y los miembros que no sean de la universidad se elegirán por sorteo en una base de datos nacional e internacional”, ha explicado Castells.
• Para los asociados doctores se establecerá una reserva de plazas del 15% de las que se convoquen.
• El texto eleva el nivel mínimo de funcionarios obligatorio al 55% del profesorado permanente, pero mantiene la posibilidad de carrera laboral mediante contratos permanentes creados por las universidades con figuras comparables a las académicas, siempre con la aprobación de las comunidades autónomas.

Para mejorar la calidad del sistema universitario, destacan de las medidas expresadas por Castells:

• El texto obliga a que toda universidad, pública o privada, destine un 5% de su presupuesto para investigación.
• Se reserva el 15% de las plazas que se convoquen en la universidad para investigadores que opten por la carrera universitaria.
• El anteproyecto propone reforzar el papel de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y de todas las agencias autonómicas de evaluación y acreditación reconocidas por el sistema europeo de agencias de evaluación.
• Mención dual e itinerarios abiertos: la nueva norma permite que los estudiantes de grado compaginen sus estudios con una actividad profesional que les permita el acceso al mercado de trabajo. También que los estudiantes puedan cursar materias de diferentes grados. 
• Se establece una nueva figura: los profesores distinguidos, “como método de atracción de talento internacional al más alto nivel”, ha expresado el ministro en rueda de prensa como único detalle.

Para fomentar el empleo de los universitarios:

• Establecerá pasarelas entre la universidad y la formación profesional superior.
• Una articulación más fuerte con el sistema de ciencia e investigación. “Con centros mixtos y programas de universidades, OPIS, y otros centros de investigación”, indicó el ministro de Universidades.
• Un sexenio de transferencia como mérito para todo el personal docente investigador.
• La ley establecerá una cobertura legal a la mención dual, a las prácticas en las empresas y a los doctorados industriales.
• Facilitará la aprobación de nuevos títulos oficiales en respuesta a la evolución del mercado de trabajo.

En cuanto a financiación y gestión presupuestaria:

• De acuerdo con las comunidades, se establecerá un incremento gradual del gasto público educativo hasta llegar a un mínimo del 5% del PIB en una década, como ya establece la LOMLOE. Actualmente es del 4,26% del PIB.
• La ley obligará a las universidades a establecer una contabilidad analítica o equivalente.

En cuanto a la expedición de títulos:

Uno de los aspectos que ha generado polémica es que, según el anteproyecto presentado, los títulos oficiales “serán expedidos por el rector o rectora” pero no “en nombre del Rey”, como sí especificaba la normativa anterior, desde 1983. Este cambio efectivamente está incluido en la propuesta y Newtral.es ha consultado el Ministerio de Universidades si esto tendría una implicación efectiva sobre la firma de el Rey en los títulos universitarios, pero aún no hemos obtenido respuesta.

Los cambios en cuanto a gobernanza expresados por Castells son: 

• Habrá dos sistemas para elegir a los rectores: el actual (elección directa por sufragio universal) y por elección mediante un órgano específico. Se trata de “un nuevo sistema elegido por un comité de selección que designe el claustro en el que deben participar mayoría de profesores investigadores pero al mismo tiempo un 30% de personas exteriores a la universidad”. El rector siempre será funcionario pero el nuevo texto hace hincapié en sus méritos y capacidad de gestión, en lugar de en el rango. En el texto, a diferencia de el anterior, no exige que sea elegido entre funcionarios del cuerpo de catedráticos de universidad, aunque debe cumplir unas exigencias: un mínimo de tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia, y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal.
• El mandato de los rectores debe ser como máximo de seis años, no prorrogables.
• Habrá un nuevo sistema de elección de decanos “para reforzar la cohesión entre rectorados y decanatos” indicó Manuel Castells, sin detallar en qué consistiría.

Para afirmar el principio de equidad y los derechos de los estudiantes, el Gobierno propone:

• Creación de unidades de igualdad.
• Medidas contra el acoso sexual y reforzará medidas para “corregir” la desigualdad por discapacidad.
• Continuar la política de becas y la de precios públicos máximos ya establecidos.
• Creación de un consejo de estudiantes en cada universidad que sirva como órgano propio de intervención en la gobernanza de la Universidad.

¿Y en qué punto de la tramitación se encuentra?

Tras la presentación del anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros, el Gobierno deberá remitir el proyecto a la Mesa del Congreso y los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas.

El ministro de Universidades no ha hecho mención en rueda de prensa a futuros plazos, ni para cuándo espera poner en vigor esta ley orgánica. Sin embargo, ha mencionado que es “un componente clave de la acción del Ministerio de Universidades en esta legislatura en cumplimiento del programa de Gobierno”.

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¿Qué camino ha recorrido el texto hasta ahora?

En el proceso de debate de esta norma, y antes de plantear el borrador, Manuel Castells envió una serie de preguntas a los interlocutores implicados en el sistema universitario para conocer su opinión y sus propuestas. Las respuestas de estas fichas han sido después utilizadas para la elaboración de este anteproyecto de la futura ley orgánica que pretende sustituir a la aprobada hace 20 años.

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“Hemos procedido durante un año a la consulta de múltiples actores, todos los órganos colegiados competentes en el sector universitario, a los rectores, a los estudiantes, a los agentes sociales y a todos los grupos parlamentarios. Hemos hecho exactamente 70 reuniones en este sentido y hemos recabado las opiniones para justamente llegar al máximo posible teniendo en cuenta la disparidad de opiniones”, afirmó.

El ministro de Universidades había reiterado en distintas ocasiones que quiere acabar con la precariedad de los profesores. El pasado 5 de julio afirmó en Onda Cero que la situación “era una auténtica vergüenza” y que su Ministerio estaba diseñando “nuevas figuras jurídicas” para revertir esta situación.

También apuntaba a una posible reforma del régimen económico-financiero de las universidades: «Es necesario garantizar la financiación suficiente de las universidades públicas y se ha identificado una necesidad de aumento de esa financiación».