Poco después de la publicación de las conversaciones entre Koldo y Ábalos, en las que los socialistas hablaban de elegir o repartirse mujeres, el Ministerio de Igualdad anunció un anteproyecto de ley para la abolición de la prostitución. La titular de la cartera, Ana Redondo, calificó el contenido de los informes de la UCO de “denigrante y lamentable” y a ellos dos, de “indeseables”.
Aunque desde el inicio Redondo ha tenido entre sus objetivos sacar adelante una ley basada en el modelo nórdico, ha sido precisamente el caso Ábalos, con la prostitución sobrevolando como una de las muchas cuestiones reprobables, el que ha provocado que el Gobierno intente por tercera vez implementar una norma cuyo eje central es la multa al cliente.
En esta ocasión no se trata de una proposición de ley, como los dos intentos anteriores, sino de un anteproyecto de ley, que supone mayor complejidad en su tramitación, pues implica recabar informes previos y ser aprobado en el Consejo de Ministros y Ministras tanto en primera como en segunda vuelta antes de llegar al Congreso.
El anteproyecto de ley fue anunciado en junio, tras hacerse públicos los informes de la UCO que implicaban a Santos Cerdán, y se preveía que llegaría al Consejo este mes de septiembre. Sin embargo, parece que su aprobación en primera vuelta se va a demorar, pues fuentes de Igualdad aseguran que todavía se está elaborando el texto.
Lo que sí ha tenido lugar es un encuentro entre la ministra de Igualdad y trabajadoras sexuales del Sindicato OTRAS. Hasta ahora, el ministerio no se había reunido con este colectivo a pesar de que una futura ley de prostitución les afectaría de forma directa. Pero la pasada semana Redondo recibió a tres integrantes del sindicato de trabajadoras sexuales como parte de la “ronda de reuniones” que están realizando para “sacar el mejor texto posible”. “Se trata de encontrar puntos de encuentro, que los hay”, ha apuntado Redondo a este medio.
Proxenetismo digital y multa al cliente: qué se sabe del anteproyecto de ley de prostituciónl
Tal y como avanzó El País y como han confirmado fuentes de Igualdad a este medio, el texto legislativo en elaboración abordará el proxenetismo digital como uno de sus ejes principales. Sin embargo, desde la cartera de Ana Redondo no han detallado qué consideran proxenetismo digital. Según este artículo publicado en The Conversation, este término haría referencia a cómo plataformas como OnlyFans o TikTok promueven y sacan rédito económico de lo que se podría considerar prostitución.
Pero aquí se presentaría otro problema. Como planteaba María Acale, catedrática de Derecho Penal en la Universida de Cádiz, “la prostitución no está regulada en España, por lo que no está definida”. “Parece claro que prostitución serían aquellas relaciones sexuales (penetración, masturbación) donde media un intercambio económico. Pero ¿lo es un baile erótico sin ropa? ¿O masturbarse para un cliente aunque no haya contacto?”, apuntaba la penalista Laura Pozuelo.
Por tanto, si la prostitución no está definida, nada impide que cualquier intercambio de naturaleza sexual en internet se pueda considerar prostitución.
Además del proxenetismo digital, el anteproyecto no perdería de vista el modelo nórdico. Implementado por primera vez en Suecia, esta política pública consiste, sobre el papel, en criminalizar a clientes y proxenetas, pero no a quienes ejercen. Esta legislación sobre la prostitución en Europa ya la han implementado otros países como Noruega, Finlandia, Francia y Reino Unido, a diferencia de Alemania y Suiza, que optaron por legalizarla.
- Evidencia sobre el modelo nórdico. En este análisis exhaustivo sobre el modelo nórdico, las expertas señalaban algunas consecuencias del mismo. Por ejemplo, mayor clandestinidad de las prostitutas, mayor persecución policial y deportaciones, así como problemas de vivienda al poder interpretarse que cualquier inmueble, incluso la vivienda habitual de una mujer que ejerce la prostitución, podría estar destinada al lucro de un proxeneta.
Las trabajadoras sexuales llegan al Ministerio de Igualdad: qué demandan
Esta es la primera vez que Ana Redondo se reúne con el colectivo organizado de trabajadoras sexuales. En este caso, con integrantes del sindicato OTRAS. La secretaria de Organización del sindicato, Irene Adán, explica a este medio que “el anteproyecto parece un lavado de cara por el momento complicado que atraviesa el PSOE tras lo sucedido con Ábalos”. Pero expone que la actitud de Redondo fue “de escucha y diálogo”.
Eso sí, Adán señala que pudieron comprobar “el amplio desconocimiento que todavía hay en torno al trabajo sexual, ya que gran parte del debate se ha centrado en mezclar prostitución y trata, y no en las demandas urgentes que tienen las trabajadoras sexuales”.
La secretaria de Organización del Sindicato OTRAS señala que algunas de estas demandas pasan por “una reforma integral de la ley de extranjería, ya que al criminalizar de facto a las personas migrantes, dificulta que puedan acceder a otros trabajos que no sea el sexual”, pero también otorgar derechos laborales. Por ejemplo, que las trabajadoras sexuales “puedan extinguir el contrato de trabajo por iniciativa propia y aun así acceder al paro”. Irene Adán señala, además, que debería reconocerse el trabajo sexual como “una relación laboral de carácter especial”: “Que se pueda dar por cuenta ajena pero que se puedan poner límites al empresario, sobre todo en torno al consentimiento. El empresario puede establecer los horarios, por ejemplo, pero debe ser la trabajadora quien decida con qué clientes realiza un servicio, qué servicio dan, la duración del mismo…”.
En la reunión entre Igualdad y el sindicato OTRAS, las trabajadoras sexuales expusieron algunas de estas demandas. Adán señala que desde Igualdad no aterrizaron qué consideran proxenetismo digital, cómo lo combatirán o qué van a hacer. Pero ante la oportunidad de ser escuchadas, OTRAS trasladó algunas de las problemáticas que ellas habrían identificado de plataformas como OnlyFans y TikTok: “Más que centrarse en ese pánico moral de que hay miles de chicas siendo captadas por redes mafiosas, porque no hay evidencia que sostenga eso, habría que focalizar los esfuerzos en cómo estas plataformas anteponen la seguridad del cliente a la de la trabajadora”.
Esta ley de prostitución es el tercer intento del PSOE de implementar el modelo nórdico en España
Este anteproyecto será el tercer intento del PSOE de legislar la prostitución en España con el modelo nórdico como marco. En esta ocasión, el texto procede del Gobierno, elaborado por Igualdad y Justicia, mientras que en los dos intentos anteriores el texto legislativo, que fue el mismo en ambos casos, procedía del grupo parlamentario socialista.
En los dos intentos anteriores, las proposiciones registradas constaban de tres páginas que solo recogían modificaciones en el ámbito penal con el objetivo de multar a clientes y de ampliar la tercería locativa —perseguir a los propietarios de locales dedicados a la prostitución—.
La primera vez que el PSOE registró la proposición de ley fue en 2022, pero no fue admitida a trámite. La segunda vez fue en 2024 y tampoco fue admitida a trámite. Esta vez se trata de un anteproyecto que procede del Gobierno y que antes de llegar al Congreso, deberá ser sometido a órganos consultivos y aprobado en dos fases por el Consejo de Ministros y Ministras.
Primer escollo: el apoyo de Sumar, que votó en contra de la última proposición socialista
Al tratarse de un anteproyecto, el texto legislativo en elaboración promete ser más ambicioso. Pero también implica que para llegar al Congreso, el PSOE debe contar con el apoyo de su socio de Gobierno, Sumar, que votó en contra de admitir a trámite la última proposición de ley abolicionista que el grupo parlamentario socialista llevó al Congreso.
Las posturas entre PSOE y Sumar respecto a la prostitución y trabajo sexual chocan. Mientras el primero se declara abolicionista, Sumar no ha unificado su postura: no se ha declarado ni abolicionista ni regulacionista como tal. En todo caso, a tenor de las declaraciones vertidas hace año y medio por las diputadas Gala Pin, Tesh Sidi y Engracia Rivera, su postura se enmarcaría más en el conocido “modelo proderechos” o “despenalizador”.
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