El Senado aprueba definitivamente la ley de planes de pensiones de empleo

El Senado aprobó definitivamente este miércoles, 22 de junio, la ley que regula los planes de pensiones de empleo, y la envía al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor. La votación se saldó con un empate por tres veces consecutivas -126 votos a favor, 126 en contra y cuatro abstenciones-.

Fuentes parlamentarias han explicado a EFE, a raíz del empate, que la Cámara Alta puede remitir al BOE la norma tal y como salió del Congreso de los Diputados, pues esta primera no introdujo ninguna modificación.

A favor y en contra. Entre los apoyos a esta ley se encuentran los votos de PSOE, Podemos, Ciudadanos y PNV, entre otros; mientras que PP, Vox, ERC y JxCat se mostraron en contra. EH Bildu se decantó por la abstención.

Esta iniciativa trata de facilitar, de acuerdo con el Gobierno, que los trabajadores con menos ingresos puedan acceder a estos planes de pensiones. Además, se prevé facilitar la creación de fondos de pensiones “colectivos” en el marco de la negociación colectiva.

[Los sindicatos, escépticos ante los planes de pensiones colectivos que impulsa el Gobierno]

Por qué es importante. La ley de planes de pensiones busca ampliar la población cubierta por estos mecanismos de ahorro a trabajadores de rentas medias y bajas, de pequeñas y medianas empresas, y a autónomos.

A quién afecta. A los trabajadores y a las empresas que decidan que sus empleados tengan planes de pensiones.

Puntos clave de la ley que regula el impulso de los planes de pensiones de empleo

1. Tipos de planes de pensiones. La norma establece cuatro modalidades de planes de pensiones:

• Los promovidos por las empresas, que están incluidos en los acuerdos colectivos de carácter sectorial.
• Los planes de empleo del sector público promovidos por las Administraciones públicas.
• Los de trabajadores por cuenta propia o autónomos, impulsados por las asociaciones de trabajadores por cuenta propia, sindicatos, colegios profesionales o mutualidades de previsión social, sin que se exija la condición previa de asociados.
• Los planes de pensiones de “socios y socias trabajadoras y de socios de trabajo de sociedades cooperativas y laborables, promovidos por las sociedades”.

2. Creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública. Se crean estos fondos, gestionados por el sector privado, para fomentar los planes de pensiones de empleo.

• ¿Quién promueve estos fondos? El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aunque, como especifica el texto, esto no supone “garantía de la preservación del valor de las aportaciones” ni “la rentabilidad asignada” a estas.

3. Órganos de gobernanza de los fondos de promoción pública.

• Comisión Promotora y de Seguimiento. La constitución de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos, la selección de las entidades gestoras y depositarias, y el establecimiento de la estrategia de inversión a largo plazo, son algunas de sus funciones.
  • Composición. Está compuesta por nueve miembros “funcionarios de carrera con nivel, al menos, de subdirector general”. De estos, cinco son designados por el Ministerio de Inclusión; el Ministerio de Asuntos Económicos, de Trabajo, para la Transición Ecológica, y el de Hacienda eligen uno cada uno.

• Comisión de Control Especial. Algunas de sus atribuciones son la representación del fondo, la vigilancia del cumplimiento de los planes adscritos, y la suspensión de ejecutar actos y acuerdos contrarios a los intereses del fondo.
  • Composición. Está integrada por trece miembros nombrados por la Comisión Promotora y de Seguimiento. De ellos, cinco son propuestos por el Gobierno; cuatro por las organizaciones sindicales “más representativas”; y cuatro por los empresarios.

Las enmiendas que se incorporaron en la iniciativa

Durante su tramitación en la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, se incorporaron algunas enmiendas -de las 157 que se presentaron- a la ley de planes de pensiones. Estas fueron las más relevantes:

Desgravación de las empresas. Las compañías podrán deducirse de su cuota íntegra del impuesto de sociedades hasta el 10% de las aportaciones que realicen a favor de sus trabajadores con una retribución inferior a 27.000 euros brutos anuales.

Exentos de la ‘Tasa Tobin’. Las adquisiciones realizadas por las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) sin ánimo de lucro, las mutualidades de previsión social o los planes de pensiones de empleo estarán exentas de tener que pagar el impuesto de transacciones financieras.

El PSOE destopó las bases máximas de cotización por error

Además, en la votación del dictamen de la ley de planes de pensiones, también se incorporó una enmienda de Unidas Podemos para destopar las bases máximas de cotización gracias al respaldo del PSOE, que no tenía previsto apoyarla.

¿Qué implica? “Las bases de cotización a la Seguridad Social, en cada uno de sus regímenes, no tendrán tope máximo y como tope mínimo se establecen las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario”.

Destope eliminado. El Congreso de los Diputados suprimió esta enmienda de la formación morada debido al apoyo a un voto particular socialista para sacarla de la iniciativa.

Argumentos y acuerdos en torno a la norma

PP. El diputado Jaime Eduardo de Olano argumentó que el objetivo de la ley es “fomentar el ahorro a través de los planes de pensiones y empleo”. No obstante, si no se aprueba un régimen transitorio, el popular señaló que “se estará perjudicando el ahorro de millones de trabajadores” y, de ahí, su negativa al conjunto del texto.

Unidas Podemos. Esta formación anunció en el pleno del Congreso un acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para estudiar el destope de las bases de cotización, según recoge Europa Press. “Es el mejor acuerdo al que podríamos llegar en mucho tiempo”, subrayó la diputada Isabel Franco.

ERC. El diputado Jordi Salvador justificó el voto en contra de la formación catalana porque el Ejecutivo “no puede decir a la gente que va a tener pensiones públicas de miseria y que debe hacerse planes de pensiones privados”. Además, Salvador afirmó que no hay un problema de sostenibilidad del sistema, sino “un problema histórico de expolio a la caja de las pensiones”.

Ciudadanos. La diputada María Muñoz alegó que la negación de la realidad demográfica “sí merma y amenaza el sistema público de pensiones”. Por otra parte, Muñoz indicó que su formación no comparte el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu para subir las pensiones no contributivas al 15%, según informa Europa Press.

PNV. Este partido se muestra a favor del texto porque, desde su punto de vista, “salvaguarda” el modelo vasco de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV).

EH Bildu. La formación vasca se decantó por la abstención porque pactó con el Ejecutivo subir un 15% las pensiones no contributivas hasta finales de año como mínimo. Además de arrancar el compromiso del Gobierno de que la Seguridad Social no destinará “ni un solo euro” al fondo de pensiones. Esta medida será incorporada en el decreto ley que prorrogará las medidas de respuesta a la crisis de Ucrania.

El diputado Iñaki Ruiz de Pinedo señaló que, desde su partido, se ha “impedido la imposición de las derechas para favorecer los fondos privados y el debilitamiento de la Seguridad Social”.

PDeCAT. El diputado Genís Boadella indicó que su formación ha alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo para que los autónomos puedan desgravar hasta 4.250 euros por aportaciones a planes de pensiones de empleo, según Europa Press. Además de adaptar las mutuas de previsión social a estos planes.

La CUP. El diputado Albert Botran defendió la negativa de su formación a esta ley porque, desde su punto de vista, el problema de los planes de pensiones no es “un conflicto entre generaciones, sino entre clases”. La cuestión, según Botran, no son los jubilados ni de ninguna generación, sino “el paro y la precariedad laboral”.

Compromís. El diputado Joan Baldoví mostró su rechazo a la norma, pues no ve “la necesidad” de crear estos fondos de pensiones porque “no es un clamor de la calle”. Baldoví también indicó que se tratan de “fondos privados que benefician a empresas, bancos y aseguradoras”, abriendo de esta manera una puerta a “la privatización de la Seguridad Social”.