El Senado aprueba definitivamente el proyecto de ley de memoria democrática

Una de las normas de mayor calado político de esta legislatura. El pleno del Senado ha aprobado definitivamente este miércoles, 5 de octubre, el proyecto de ley de memoria democrática por 128 votos a favor frente a los 113 en contra y las 18 abstenciones al no incorporarse ninguna enmienda. Así, esta iniciativa entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por otro lado, previamente, el visto bueno del Congreso de los Diputados a esta norma se dio gracias al acuerdo que PSOE y Unidas Podemos firmaron con EH Bildu, una vez se habían asegurado el respaldo de otros partidos como el PNV, PDeCAT o Más País. No fue el caso de ERC, que optó por la abstención. PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra.

Como estaba previsto, no salieron adelante ninguna de las enmiendas que las formaciones mantenían ‘vivas’ para la votación del pleno, por lo que el texto se remitió al Senado en los mismos términos en los que lo aprobó la comisión.

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Cambios del Congreso al proyecto de ley de memoria democrática

La tramitación del proyecto de ley de memoria democrática en el Congreso no ha sido ni fácil ni corta porque la falta de acuerdo entre los partidos la tuvo varios meses ‘congelada’. Las posturas eran dispares incluso dentro del propio Gobierno y, fuera, algunas de las formaciones que han apoyado el texto reconocen que se queda corto. Sin embargo, se muestran satisfechas por las modificaciones negociadas con el Ejecutivo.

1. Se declara “ilegal” el régimen franquista. Y no solo este, también “todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra” y “la Dictadura”. En la propuesta del Gobierno se decía que eran “nulas”, una calificación que también se mantiene. Algo similar ocurre respecto a los tribunales y órganos constituidos durante el franquismo con este mismo fin: a su “ilegitimidad” se añade su “ilegalidad”.

2. Investigación de 1978 a 1983 para “posibles” reparaciones. Se da un año al Consejo de Ministros para que designe una “comisión técnica” con el fin de realizar un estudio sobre “los supuestos de vulneración de derechos humanos” a personas en su lucha por la democracia entre 1978 y 1983 y señalar “posibles vías de reconocimiento y reparación” a los afectados.

• Auditoría. El texto reconocía “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados” y, de hecho, contempla la realización de una auditoría que haga un inventario de estos bienes confiscados. Lo que se ha añadido es que se da un plazo de un año para realizarla desde que entre en vigor la ley.

3. Interpretación de la Ley de Amnistía. Aunque no se ha derogado, como pide ERC, se ha añadido al texto un apartado sobre el sentido que se tiene que dar a todas las normas, incluida la Ley de Amnistía de 1977. “Se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.

4. Renombramiento del Valle de los Caídos. Este lugar pasará a llamarse “Valle de Cuelgamuros” y a concebirse como “un lugar de memoria democrática”.

• Lugares de memoria. En colaboración con el Gobierno de Navarra, también se definirá como un lugar de memoria el Fuerte de San Cristóbal. Y, en el caso del Palacio de la Cumbre de Donostia, se promoverá un convenio de cesión al Ayuntamiento para actividades de este tipo.

5. Persecución a las lenguas cooficiales. Los partidos nacionalistas del Congreso han conseguido que se incorpore al proyecto de ley de memoria democrática un reconocimiento a “la persecución y represión contra las lenguas y culturas catalana, gallega y vasca” por parte del franquismo. Todas ellas y “las instituciones de autogobierno catalanas y vasca” pasan, a su vez, a tener la consideración de víctimas.

Puntos clave de la propuesta del Gobierno

A todos estos puntos hay que añadir los que ya contemplaba el texto inicial del proyecto de ley sobre memoria democrática que el Ejecutivo remitió al Congreso y que no se han modificado durante su tramitación en la comisión Constitucional.

1. Derecho de reconocimiento y reparación personal. Pueden solicitarlo las víctimas y familiares de los fallecidos, los partidos políticos o las organizaciones que sufrieron las represiones. Sin embargo, la reparación no supondrá en ningún caso el efecto de un reconocimiento de responsabilidad patrimonial por parte del Estado o un particular ni dará lugar a “una indemnización de índole económica o profesional”.

2. Búsqueda de desaparecidos. Corresponde al Estado, que iniciará el proceso de oficio. Con este fin, se creará un “mapa integrado de localización de personas desaparecidas” y un Banco Estatal de ADN de víctimas para facilitar la identificación genética de estas.

• Censo Estatal de Víctimas. El departamento responsable de Memoria Democrática elaborará un censo en el que consten las víctimas, que se entiende que son todas las personas que entre el 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución sufrieran un “daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales” que suponga una violación de la normativa humanitaria internacional.

3. Resignificación del Valle de los Caídos. No se podrán realizar en el recinto actos políticos ni de exaltación de la guerra, la dictadura y sus dirigentes, y se establece que solo podrán yacer víctimas fallecidas a consecuencia de la guerra.

• Reubicación de los restos de Primo de Rivera. Se reubicará cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto.
• Extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por considerar que sus fines son “incompatibles” con los valores constitucionales. Surtirá efectos cuando entre en vigor la ley.
• Futura concreción. A través de un real decreto se determinará “la organización, funcionamiento y régimen patrimonial” del Valle.

4. Nuevo motivo para disolver asociaciones. Un año después de que entre en vigor esta ley se “promoverá” la modificación de la que regula el Derecho de Asociación para incluir como causa de disolución “la realización pública de apología del franquismo” con “menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas”.

5. Creación de Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Se centrará en investigar posibles violaciones de los DDHH e impulsar la búsqueda de las víctimas de estos hechos para lograr su identificación.