Ahorro para las Administraciones y menos recursos públicos: así es la ley que permite la gestión privada de la sanidad

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 14 de junio un proyecto de ley “para consolidar la universalidad del sistema nacional de salud”. Entre algunas de las medidas que recoge está la de que el Sistema Nacional de Salud esté gestionado directamente por entidades públicas. Pero la ley actual permite que haya concesiones a la gestión privada de la sanidad.

Durante la década de los 90, España vivió un proceso de privatización de empresas públicas, como Endesa, pero también de servicios públicos y universales, como la sanidad.

Es por ello que en 1997, durante la VI legislatura y primer Gobierno de José María Aznar, se aprobó la ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta ley permitía a las comunidades autónomas llegar a acuerdos o contratos con empresas privadas para gestionar la sanidad pública. Es decir, si por ejemplo Madrid o la Comunidad Valenciana construyen un hospital público, pueden ceder la gestión del servicio a una empresa privada.

La gestión privada de hospitales públicos: qué dice la ley que se puede privatizar

“Esta privatización en la ley quiere decir que la gestión de la sanidad es privada, no que la financiación sea privada”, afirma Fernando Rodríguez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca.

Juan de la Cruz, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, pone un ejemplo. “La sanidad no se puede privatizar en el sentido de vender el servicio. Otra cosa es que se privatice la gestión. Funciona como puede ser el servicio de limpieza de muchos ayuntamientos, por ejemplo, el servicio es del ayuntamiento, pero le encarga a una empresa que lo preste”, explica.

Con ello, el servicio se convierte en una concesión al sector privado. El hospital se construye con fondos públicos y cualquier persona puede acudir a él sin tener que pagar un sobrecoste por los servicios, pero en vez de estar gestionada por la Administración pública, lo gestiona una empresa privada. Como puede ser un seguro o un consorcio.

La razón detrás de la ley de gestión privada de la sanidad

El primer hospital que probó este modelo en 1999 fue el de La Ribera, como recogen en su página web, en Alzira, una localidad valenciana. Pero desde 2018 su gestión volvió a la Generalitat Valenciana. Rodríguez lo utiliza de ejemplo para explicar cómo funciona la gestión privada de sanidad gracias a la ley. 

“El hospital fue construido con dinero público, pero el sistema de salud valenciano se planteó: ‘¿Cuánto sale, de media, cada paciente de esta zona?’. Sale de media a un coste de 85 euros anuales, por ejemplo. Se proponen dárselo a un consorcio, así que les preguntan cuánto les cobrarían por paciente. El consorcio les dio un precio mucho más bajo, como 60 euros por persona. Entonces el sistema valenciano de salud lo valora y se da cuenta de que se ahorraría 20 euros por persona, así que lo aceptaron”, explica el profesor de la Universidad de Salamanca.

Cuando se acepta esta concesión, la Administración pública ya no es la encargada de las contrataciones, ni de los suministros. Eso pasa a ser responsabilidad del gestor privado. 

En un principio, este modelo público-privado no tendría por qué tener diferencias con una gestión pública total. Tal y como explica Rodríguez, “el usuario no tendría por qué notar nada”. Si por ejemplo alguien va a un hospital público porque se ha hecho daño en la muñeca, le harían una radiografía y después le vería un traumatólogo. En un hospital de estas características sucedería lo mismo. No obstante, la gestión de los recursos es distinta.

Las diferencias entre la gestión privada y la pública de la sanidad

Tal y como explican los expertos, aunque sea un hospital público, la empresa privada que lo gestiona mira por sus intereses. Esto implica que los recursos que se destinen a los pacientes pueden estar limitados para ahorrar costes. Mientras que en un hospital de gestión pública no existen incentivos para que los médicos eviten utilizar recursos, aunque también se les pida ahorrar, después no tienen que rendir cuentas.

Rodríguez establece la diferencia en la forma de trabajo y los protocolos. En un hospital de gestión privada los incentivos son mucho más claros. Los puestos de trabajo están definidos de una manera mucho más orientada hacia la productividad. “El jefe de servicio está mucho más encima de los médicos, contando lo que hacen, cómo lo hacen, están mucho más protocolizados los test de diagnóstico que se pueden utilizar”, asegura el experto.

Esto hace que el hospital de gestión pública, normalmente, gaste más dinero aunque tengan incentivos para el ahorro. “Si se gasta más dinero, lo esperable es que sea capaz de dar un servicio que sea más completo. Pero se considera que ese mejor servicio no está justificado por ese mayor coste. Esto con las cifras frías es fácil decirlo, pero cuando le toca a cualquiera ir al médico, obviamente quieren que les hagan la radiografía, el TAC, la resonancia, o lo que haga falta”, explica Rodríguez.

No obstante, De la Cruz asegura que es muy difícil determinar si esto sucede así en realidad, “porque no existe un control, ni en los de gestión pública, ni en los de gestión privada”. “Debería existir una evaluación de resultados, que es una de las grandes asignaturas pendientes”.

Lo que señala el experto que está más controlado son los conciertos. Estos consisten en derivar pacientes de la sanidad pública a la privada cuando no pueden hacerse cargo, ya sea para reducir listas de espera o de urgencias. El coste va a cargo de la sanidad pública, como recoge la ley general de sanidad de 1986 en su artículo 90.

Los hospitales privados que no cuenten con recursos públicos son como una empresa

Además de los hospitales públicos de gestión privada, también existen los servicios sanitarios privados en su totalidad. Estos funcionan como podría funcionar cualquier negocio o empresa privada. 

Para acceder a ellos se debe contar con un seguro de salud específico, que no sea el de la seguridad social. Si no se cuenta con uno y se hace uso de sus servicios, el paciente deberá pagarlo después, como explican Rodríguez y De la Cruz. “Funciona como cualquier sector privado, y en España hay mucha oferta de estos seguros, por lo que hay mucha competencia”, afirma De la Cruz.