Así es la Ley de Consumo Sostenible que ha anunciado el Gobierno y que busca luchar contra el ‘ecoblanqueo’ o ‘greenwashing’

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Fuente: SHUTTERSTOCK
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha comenzado a tramitar la Ley de Consumo Sostenible que, siguiendo tres directivas de la Unión Europea, busca, entre otras medidas, luchar contra el ecoblanqueo o greenwashing. Este término alude a las técnicas de comunicación engañosas o alegaciones medioambientales que no tienen respaldo científico y que son usadas por algunas empresas para publicitar sus marcas como sostenibles cuando en realidad no lo son.

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Así lo ha anunciado este viernes 15 de marzo la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, en un acto en el que también ha presentado una ‘Guía de Comunicación Sostenible’ desarrollada por el ministerio competente para facilitar a las empresas la inclusión de información medioambiental en sus estrategias y campañas.

  • El manual explica además cómo identificar el greenwashing, la legislación vigente al respecto y las sanciones que podría acarrear esta práctica desleal.

¿Qué medidas contempla la nueva normativa?

El proyecto de Ley de Consumo Sostenible se encuentra desde este viernes 15 de marzo y hasta el próximo día 30 abierta a consulta pública previa para que la ciudadanía haga llegar al ministerio competente sus opiniones y propuestas de mejora sobre el contenido de la misma.

Así, la futura Ley de Consumo Sostenible contempla por el momento las siguientes medidas:

  • Lucha contra el greenwashing. La norma busca proteger a las empresas que cumplan con los estándares de sostenibilidad para evitar la competencia desleal. Para ello, se analizarán las declaraciones medioambientales de los distintos productos para impedir que estos ofrezcan falsas expectativas al consumidor.
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  • Índice de reparabilidad. Se prevé desarrollar un índice de reparabilidad que permita comparar las “características de circularidad” [reducción, reutilización o reciclaje entre otras] de los productos en su propio etiquetado, ofreciendo información para la toma de decisiones del comprador, además de un incentivo a las compañías.
  • Derecho de reparación y garantía. La Ley de Consumo Sostenible también incluirá el derecho de reparación como principio básico permitiendo que, siempre que sea posible, se pueda optar por reparar un producto cuando se estropee durante su garantía o, en función del caso, posteriormente. Además, se asegurará que la reparación de los productos aumente la garantía de los mismos cuando se elija esta opción, en lugar de la posibilidad de reemplazarlo por otro nuevo. 

Directivas europeas. Además, la ley estará basada en los principios que establecen tres nuevas directivas europeas, dos de ellas todavía en trámite. Las normas están dirigidas al empoderamiento de los consumidores en la transición ecológica, a través de una mejor protección contra las prácticas desleales y una mejor información, así como a garantizar la seguridad del usuario frente a alegaciones medioambientales engañosas.

El greenwashing, una práctica que la futura Ley de Consumo Sostenible busca combatir

Álvaro Luna, profesor del grado en Medioambiente de la Universidad Europea, explica a Newtral.es que el greenwashing es una práctica que se da cuando “una organización, normalmente de gran tamaño, se promociona como ambientalmente responsable sin serlo”. Esto es algo que el proyecto de Ley de Consumo Sostenible busca erradicar.

  • Para ello, suelen identificar sus productos o servicios como “ecológicos, verdes o sostenibles”, lo que “influye en la credibilidad” de las empresas que realmente sí llevan a cabo medidas de este tipo.
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¿Qué tipo de empresas lo realizan? Esta práctica, señala el experto, se da en empresas “muy distintas”. “El greenwashing lo llevan a cabo organizaciones que operan, por ejemplo, en el sector de la moda rápida, en productos alimenticios y bebidas e incluso en el ámbito energético o en el turístico”.

De esta forma, Luna indica que, para evitar que esta práctica siga llevándose a cabo, las empresas y personas involucradas deberían “ser más transparentes y mostrar con datos contrastables” que la actividad que desarrollan o el producto que promocionan es realmente de carácter ecológico o sostenible.

Fuentes
  • Álvaro Luna, profesor del grado en Medioambiente de la Universidad Europea
  • Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
  • Parlamento Europeo
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