PP y Vox han registrado conjuntamente sus proposiciones de ley de “concordia” en contra de la normativa estatal de memoria democrática en Aragón, en Castilla y León y en la Comunitat Valenciana. Con ello, y si se compara con las demás iniciativas autonómicas en este ámbito, la derecha y la extrema derecha suprimen la palabra ‘dictadura’ y se refieren únicamente al Franquismo; eliminan el mapa de fosas de dichas comunidades; y quitarían las subvenciones a asociaciones que llevan a cabo tareas en favor de la memoria democrática.
Contexto. En 2007, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó un texto que sentaba las bases para que los poderes públicos realizaran políticas dirigidas al conocimiento de la historia de España. Una norma que queda derogada con la actual ley de memoria democrática de 2022 que impulsó el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos para actualizar la legislación vigente hasta esa fecha en este ámbito.
Cada autonomía con su texto. Un total de 12 comunidades han dado luz verde a sus propias iniciativas autonómicas de memoria histórica y democrática, excepto Castilla-La Mancha, Catalunya, la Comunidad de Madrid, Galicia y la Región de Murcia.
- Un pequeño detalle. Castilla y León dio en abril de 2018 su visto bueno a su decreto de memoria histórica y democrática durante el mandato del popular Juan Vicente Herrera. Un texto que puede ser derogado con la presentación de la propuesta de ley de “concordia” de PP y Vox en esta comunidad.
Periodos históricos, mapas de fosas y subvenciones: los puntos que quieren borrar las leyes de “concordia” de PP y Vox
Aragón es la primera comunidad en derogar una ley autonómica de memoria democrática. Por su parte, Castilla y León y la Comunitat Valenciana ya están tramitando sus respectivas propuestas de ley de “concordia” a petición de PP y Vox. Las tres iniciativas, en comparación con las normativas autonómicas de memoria democrática, pretenden suprimir los mapas de fosas, ponen en peligro las subvenciones a entidades e igualan a las víctimas.
‘Dictadura franquista’ vs. ‘Franquismo’
Los 12 textos legislativos autonómicos hacen referencia a la etapa histórica del Franquismo como dictadura. No obstante, ahora, tanto la iniciativa de Aragón como la de Castilla y León suprimen la palabra ‘dictadura’ para referirse únicamente como Franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia, por lo que la cifra inicial se rebajaría a 10.
Sin el término ‘dictadura’. Mientras que la norma aragonesa no hace alusión alguna a este hecho histórico –pero sí hace hincapié en la “violencia política ejercida” en la Segunda República–, la castellana y leonesa tampoco recoge una condena expresa a lo ocurrido entre 1936 y 1978. Sin embargo, la proposición valenciana sí menciona la palabra ‘dictadura’ en su exposición de motivos como una “profunda crisis” junto con la Segunda República, la Guerra Civil y el terrorismo “etarra e islámico”.
Sin mapas de fosas, pero con matices
Las propuestas de ley de “concordia” de PP y Vox también recogen eliminar los mapas de fosas, los cuales exponen los terrenos en los que se localizan restos de víctimas. Todas las comunidades autónomas, excepto la Comunidad de Madrid y Galicia, tienen una página institucional propia donde se encuentran sus respectivos mapas de fosas, que suelen dividirse en fosas exhumadas o en investigación, como la de Extremadura o la de La Rioja.
Así, Aragón ha suprimido los mapas de fosas al entrar su ley de “concordia” en vigor, pero indica en el preámbulo –que no tiene carácter vinculante– que la derogación de su norma autonómica no “impedirá que las Administraciones públicas faciliten a ciudadanos y a asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión”.
- Eliminación del portal institucional. Precisamente, el mapa de fosas comunes de Aragón se puede consultar desde el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática, que este sí queda eliminado con la iniciativa autonómica. Este portal también contiene información sobre los lugares de memoria democrática de esta autonomía, entre otros aspectos.

La iniciativa de la Comunitat Valenciana ya no habla de mapa de fosas, sino que las víctimas del periodo comprendido entre 1931 a nuestros días tienen reconocido el derecho de “las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas”. Por su parte, la proposición de Castilla y León crea una comisión de exhumaciones que tendrá la capacidad de resolver las solicitudes para la localización y la exhumación de fosas de víctimas.
Las subvenciones en materia de memoria democrática, en peligro
Un total de 10 comunidades –incluidas Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana– establecen en sus respectivas normativas la concesión de subvenciones o de ayudas públicas para proyectos relacionados con la memoria histórica y democrática. Por ejemplo, la iniciativa de Navarra determina que en los Presupuestos Generales autonómicos se indicarán “las partidas económicas necesarias para atender el cumplimiento de los objetivos de la ley foral, a través de las correspondientes subvenciones a entidades públicas y privadas”.
Las proposiciones de ley de “concordia” de PP y Vox en Castilla y León y en la Comunitat Valenciana no reconocen las subvenciones que actualmente pueden darse a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. Es más, la norma valenciana “disuelve todas las comisiones, los organismos y las instituciones autonómicas de carácter público” que se crearon por la ley autonómica de memoria democrática.
Mientras tanto, en Aragón también se pone en riesgo las subvenciones y las ayudas económicas concedidas, pues estas quedarán “sujetas a la justificación correspondiente conforme a lo establecido en las correspondientes convocatorias y bases reguladoras”.
Se apuesta por igualar a las víctimas
PP y Vox pretenden dar el mismo tratamiento a todas las víctimas en sus tres propuestas de ley de “concordia”.
- En Aragón. Entre los argumentos que han aportado para modificar la norma, las formaciones alegan que la ya derogada ley de memoria democrática aragonesa recogía “la condena de crímenes y atrocidades cometidas por un bando durante la Guerra Civil, pero la relativización de los cometidos por el otro”, así como “la limitación de la definición de ‘víctimas’ a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por la otra”.
- En Castilla y León. En esta comunidad, se quiere igualar todas las víctimas políticas del periodo comprendido entre 1931 y 1978, con lo que se amplían los años incluidos en el decreto autonómico de memoria democrática de 2018, ya que incluía a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y dejaba fuera a las de la Segunda República.
- En Valencia. La propuesta valenciana afirma que la Guerra Civil nos ha de enseñar que “no importa el bando, ni el origen, ni las creencias, el sufrimiento y la muerte fue la misma para todos”. Así, las víctimas “fueron y son víctimas con independencia del lugar donde cayeron”.
Me parece bien que se igualen las víctimas, todas son muertes ideológicas.
Me parece bien que se igualen las víctimas, todas son muertes ideológicas.