Una nueva norma cada cinco años. Esa es la media que registra España en lo que se refiere a las leyes educativas no universitarias aprobadas en los últimos 40 años. Sin embargo, no todas han supuesto cambios integrales en el sistema, salvo la reforma de 1990 que acabó con la EGB (y con un distintivo generacional) para implantar la ESO.
Desde la transición a la democracia se han aprobado ocho normas: una a propuesta de UCD (1980), dos a cargo del PP (2002 y 2013) y cinco con un socialista en el Gobierno: 1985, 1990, 1995, 2006 y 2021, según está previsto.
Ninguna de ellas logró el consenso parlamentario. Al ser leyes orgánicas, requieren de una votación en su conjunto en el Congreso como paso previo para remitirla al Senado y como paso posterior si este presenta enmiendas. Solo se da por aprobada si obtiene el apoyo de la mayoría absoluta (176).
El primero es el trámite que se ha producido este jueves respecto a la llamada “Ley Celaá”, que ha contado con el sí de PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV -entre otros- y la oposición de PP, VOX y Ciudadanos.
En este punto, la norma que obtuvo el apoyo de más grupos fue la impulsada por el Gobierno de Zapatero en 2006. Siete formaciones parlamentarias respaldaron la Ley Orgánica de Educación (LOE) frente al sí solitario de los populares con el que el PP aprobó la «Ley Wert», la menos consensuada hasta la fecha.
En este caso, resultaría engañoso utilizar como baremo el número de votos a favor porque las mayorías absolutas logradas en el pasado distorsionarían el resultado.
Qué normas están vigentes ahora
La aprobación de estas siete leyes orgánicas no ha supuesto necesariamente que, con la entrada en vigor de una, se derogara la anterior. La mayor reorganización que se hizo en este sentido la trajo la LOE (Ley Orgánica de Educación) en 2006, que puso fin a todos los textos vigentes hasta entonces salvo el de la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación), de 1985.
Desde entonces, tanto la norma aprobada por el ministro del PP, José Ignacio Wert, como la impulsada por la socialista Isabel Celaá lo que han hecho ha sido modificar estas dos leyes. O lo que es lo mismo, en estos momentos regulan la Educación no universitaria en España las normas de 1985 y de 2006 sobre las que -eso sí- se han aplicado cambios.
El catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Carabaña, resta importancia a este vaivén normativo: “Es indiferente. Se trata de una cuestión de técnica legislativa: ‘Hago una ley y copio lo que no quiero cambiar de la antigua o, directamente, reformo lo que no comparto’”.
En cuanto al contenido de estos cambios, Enrique Roca, experto en la materia y presidente del Consejo Escolar del Estado, considera que la sucesión de reformas no ha provocado sin embargo, grandes desajustes: “No hay ni mucho menos tanta falta de continuidad como se suele pensar porque no hay tantas leyes que modifiquen la estructura del sistema y los objetivos educativos”.
Menciona la de 1970 aprobada durante el franquismo, la de 1990, que introduce la enseñanza obligatoria hasta los 16 años y divide las etapas educativas en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato; y la de 2006, donde opina que se plasmaron las propuestas de los grandes organismos internacionales.
En este punto, el profesor de la Universidad de Granada, Fernando Trujillo, señala una realidad pasada a menudo por alto: “Hay textos que, en la práctica, pueden llegar a ser más relevantes que la propia ley. Esta lo que hace es establecer un marco y luego hay que desarrollarlo”. Nombra como ejemplo los decretos de currículo.
El porqué de esta falta de consenso
Por muchos años que hayan pasado, la ausencia de consenso -fundamentalmente entre los dos grandes partidos- ha sido siempre una constante. El PP nunca ha votado a favor de una reforma educativa impulsada por un Gobierno socialista y viceversa, y los expertos consultados no creen que esto vaya a cambiar.
El catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid lo achaca a la intención de unos y otros de ir más allá de lo puramente educativo: “El acuerdo de Estado es imposible. Las leyes de este ámbito no han tenido por ahora una función instrumental sino expresiva de la ideología del partido. Una formación gana, hace una ley y en ella plasma sus ideas y su pensamiento con el fin de cohesionar a su electorado”. Opinión que se demuestra al revisar las promesas políticas de los partidos y su compromiso para cambiar la ley anterior.
Se manifiesta en la misma línea Enrique Roca: “El consenso siempre es difícil. Algunos de los que solicitan acuerdos luego reclaman que se introduzcan aspectos que dividen a la sociedad. Son argumentos legítimos pero, también, ideológicos, que trascienden la Educación”.
En su caso, el profesor de la Universidad de Granada aporta un matiz: “Cuando hablamos de consenso se nos olvida añadirle un adjetivo: ‘político’. Creo que nunca va a existir ese pacto de Educación, pero sí que hay un consenso profesional: hay que ir de abajo a arriba”. Y, como docente, añade una crítica hacia los dirigentes: “Esa ceguera es lo que más cuesta perdonar a los políticos”.
La ley educativa que necesita España, según los expertos
Fruto de lo que señala Trujillo, los expertos coinciden en asegurar que, si se dejaran a un lado las cuestiones políticas, sí que sería posible llegar a un acuerdo. El profesor de la Universidad de Granada remarca dos conceptos: “calidad y equidad”. El primero, en relación al desarrollo de los estudiantes y la posibilidad de que “exploren sus propias posibilidades tanto como puedan”; el segundo, en el hecho de que su aprendizaje no esté condicionado por su sexo o la situación socioeconómica en la que vivan.
Precisamente, Enrique Roca pone la lucha contra el fracaso escolar como ejemplo de un tema que necesita de un gran acuerdo. Lo considera un problema “estrictamente educativo”, pero en el que influyen aspectos que sobrepasan las aulas. Según los datos del Consejo Escolar, la “inmensa mayoría” de los estudiantes que no obtienen la titulación de la ESO pertenecen a un entorno socioeconómico y cultural desfavorecido
Señala el camino marcado por la UNESCO, la OCDE y la Unión Europea sobre las competencias básicas y los objetivos educativos como el camino a seguir: “Todos esos son acuerdos internacionales que España suscribe y sobre los que se puede llegar a un pacto”.
Las consecuencias de tanta reforma
La repercusión que ha tenido el constante cambio de norma no es excesivamente negativa a ojos de los expertos. Es más, en el caso de Enrique Roca opina que las sucesivas normas han tenido unos efectos “muy positivos” en el país: “Los progresos de Educación en España han sido tremendos en los últimos 30 o 40 años”. Desde entonces, han crecido muchísimo los alumnos que llegan tanto a la Educación Superior como los que obtienen el título de Bachillerato, lo que considera “un éxito de la sociedad, con unas y otras leyes”.
Más crítico se muestra Fernando Trujillo, que distingue consecuencias tanto en el profesorado como en los padres y madres. “Los profesionales de la Educación estamos bajo mínimos de satisfacción respecto a nuestros responsables. Hay una sobreabundancia normativa y cada cambio requiere de un proceso de adaptación lento y complejo que desgasta”. Critica también “la desconexión” que tantas modificaciones han generado en la sociedad y, por ende, en los progenitores: “No entienden el sistema educativo y se rompe el nexo necesario entre las familias y los centros”.
Tanto el profesor de la Universidad de Granada como Julio Carabaña limitan la repercusión que la variedad legislativa ha tenido en los estudiantes. “El alumnado es muy resiliente. Se adapta con facilidad a unos cambios que le impactan de muchas maneras”: nuevas fechas de exámenes, nuevas asignaturas o la modificación de los criterios de promoción.
En palabras del catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid: “Los alumnos tienen que aprender algunos nombres nuevos y hacerse con algunos nuevos trucos, como qué asignaturas dejar, por ejemplo, o estudiar o no religión”.
Lo que aporta la Ley Celaá
En este contexto es en el que se va a aprobar la LOMLOE (Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), ante la que los expertos muestran disparidad de criterios. Julio Carabaña la tacha de “perfectamente innecesaria” porque -valora- “no va a hacer los cambios que se necesitan”.
Todo lo contrario expone Fernado Trujjillo, quien la califica de “necesaria”: “Apunta líneas que me parecen interesantes. Tenemos una ley base, la LOE, y sobre ella hay que hacer cambios. La LOMCE, en mi opinión, lo hizo de forma inadecuada; la Ley Celaá lo que supone es una actualización de la norma de 2006”.
El presidente del Consejo Escolar del Estado considera, a título personal, que la norma es “positiva” porque permite afrontar los principales retos de la Educación española. Con todo, explica que durante el debate en el órgano que encabeza se acordaron más de 100 enmiendas, de las que estima que “más de la mitad” quedaron recogidas en el proyecto de ley que el Gobierno presentó en el Congreso.
El Consejo Escolar del Estado “depende administrativamente del Ministerio, pero realiza su labor de forma independiente”. Se trata de un órgano de carácter consultivo en el que está representada toda la comunidad educativa.
Lo que dice (y lo que no) la reforma educativa
Nos habéis preguntado en nuestro servicio de verificación de WhatsApp sobre las polémicas generadas en torno al texto de la «Ley Celaá»: educación especial, elección de centro, lengua vehicular, pasar de curso con suspensos… Roberto Álvarez recoge aquí la explicación de todas ellas de la mano de los expertos.
Fuentes:
- Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE)
- Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE)
- Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)
- Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG)
- Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE)
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE)
- Julio Carabaña, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid
- Enrique Roca, presidente del Consejo Escolar del Estado
- Fernando Trujillo, profesor de la Universidad de Granada
La enseñanza española no aporta ningún valor añadido, algo que sea valioso para toda la vida del individuo, cero patatero, fail, null. y es que la labor del profesor es anodina, todos igual.