Qué dice la Ley de Cadena Alimentaria que Sánchez promete «fortalecer» para aplacar a los agricultores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este miércoles en el Congreso durante la primera sesión de control del año a “fortalecer” la Ley de la Cadena Alimentaria, tras ser preguntado por la situación de los agricultores que protestan desde hace días en España. 

• Lo importante: Sánchez se ha comprometido a reforzar la ley aunque no ha especificado cómo. También ha anunciado su intención de implementar la reciprocidad en las condiciones de importaciones agrícolas -las conocidas cláusulas espejo-, simplificar la Política Agrícola Común (PAC) y facilitar la adaptación a la normativa europea.

¿Qué dice la Ley de Cadena Alimentaria? 

La última versión de la Ley de Cadena Alimentaria a la que ha hecho referencia Sánchez está en vigor desde finales de 2021.  Ese año se modificó, como te contamos en Newtral.es, la ley que era de 2013 y se introdujeron algunos compromisos alcanzados entre el Ministerio de Agricultura y el sector agrario que se habían materializado en un Real Decreto-ley en 2020. 

La piedra angular de la reforma, que se introdujo en 2020, fue la prohibición de la venta a pérdidas a lo largo de la cadena. Es decir, vender por debajo del coste y cobrar menos de lo que se ha pagado. “Con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador”, aclara la norma.

• Un dato: Pese a que esta prohibición está contemplada en la ley, entre las reivindicaciones de los agricultores a día de hoy sigue estando garantizar que no se trabaja a pérdidas. Además de otras reivindicaciones como mejorar la burocracia de la PAC. 

Otras medidas: fomentar la transparencia comercial y creación de índices de precios

Entre otras de las medidas que contempla la Ley de la Cadena Alimentaria actual que Sánchez quiere modificar, están el fomentar la transparencia comercial o los índices de precios. 

La ley recoge algunas prácticas que se consideran abusivas y sus sanciones, como la exigencia de pagos no relacionados con la venta de los productos, la modificación unilateral de los términos de un contrato, la divulgación de secretos empresariales o la cancelación de un pedido de productos perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado, entre otras.

También regula los contratos entre todos los actores de la cadena, que deberán figurar firmados por ambas partes y reflejar los costes a los que se enfrentan. La intención era que estos quedasen registrados en una plataforma digital centralizada por el Ministerio de Agricultura para fomentar la transparencia comercial. También incorporaba la figura del mediador en situaciones de desacuerdo entre vendedor y comprador. 

En este ámbito la ley aseguraba que se elaborarían y actualizarían periódicamente “índices de precios y de costes de producción mediante el empleo de los criterios que reglamentariamente se determinen, que en cualquier caso deberán garantizar la transparencia y objetividad”.

Sánchez anuncia cambios: ¿funciona la ley de la cadena alimentaria actualmente?

Ya en 2021, algunos de los expertos consultados dudaban de la eficacia de la ley recién publicada en el BOE. Como explicaba a Newtral el catedrático de Sociología Rural del CSIC Eduardo Moyano en aquel momento, “en una economía de mercado, la capacidad de los poderes públicos para intervenir es muy limitada. Por eso, la eficacia de la ley va a depender de que los componentes de la cadena alimentaria (producción, industria y distribución) crean en ella como un instrumento útil para un mejor funcionamiento”. 

Algo que, según las reivindicaciones de los agricultores, no habría ocurrido. En 2023, en plena crisis de combustible por la guerra en Ucrania y con el consiguiente aumento de precios, Ignacio Huertas, secretario general de UPA Extremadura explicaba que la distribución y la falta de transparencia seguían siendo un problema en la cadena alimentaria. 

“Los precios que impone la distribución no tienen nada que ver con los precios en origen. Tiene que haber transparencia en todos los eslabones de la cadena porque no podemos seguir con este sistema en el que, desde hace años, los mercados funcionan de arriba hacia abajo. Lo normal sería que en un mercado libre como este, en función de los precios en origen, la industria pusiera los suyos y la distribución hiciese lo mismo y que ese fuera el precio final que se trasladase al consumidor”, añade Huertas.