El debate que vuelve: las lenguas oficiales en el Congreso y el Senado

Se vienen curvas. Es vénen curves. Véñense curvas. Bihurguneak datoz. Varias lenguas para decir lo mismo y para retomar un melón que se ha reabierto en el Senado y que, en consecuencia, está volviendo también al Congreso: el del uso de las lenguas oficiales.

El miércoles 22 de septiembre se votó una reforma del Reglamento de la Cámara alta a propuesta de Junts para que se pueda hablar en catalán, gallego o euskera en “los plenos, las comisiones y en toda la actividad parlamentaria”. La medida también propone que se permita presentar las iniciativas únicamente en estas lenguas y no como una segunda versión de la escrita en castellano, tal y como sucede ahora. 

Tres puntos clave sobre la propuesta de Junts

En el Senado, desde el año 2010, se permite intervenir en catalán, gallego o euskera en los plenos en los que se debatan mociones, en las intervenciones de la comisión general de las comunidades autónomas y en las primeras palabras del presidente del Senado ante la Cámara. 

La sorpresa. Que los partidos nacionalistas exijan este cambio no es nada nuevo. Lo que sí ha sorprendido es que el PSOE se haya mostrado a favor de la iniciativa y lo haya hecho elevándola más allá de una cuestión formal: “El grupo parlamentario socialista no entiende este tema como lingüístico, sino como un asunto clave en la concepción y construcción de España”, explicaba la senadora María Adrio ante el pleno. 

El dinero. El coste de la medida estimado por Junts es de 950.000 euros, por la necesidad de contratar traductores y sistemas de transmisión. El volumen de la inversión ha sido, precisamente, uno de los motivos del PP para oponerse a la medida. 

El siguiente paso. Lo que ha hecho el pleno es aprobar que se empiece a tramitar la iniciativa que, ahora, pasará a la comisión del Reglamento. Y ojo, porque en función de los acuerdos de los grupos y las mayorías parlamentarias, podría cambiar su contenido, como ocurrió hace once años. Entonces, la iniciativa proponía el uso generalizado de las lenguas cooficiales y después quedó reducido a unas circunstancias concretas. 

El catalán, el gallego y el euskera en el Congreso 

El Congreso es menos explícito que el Senado, al que la Constitución define como la cámara de “representación territorial”. Así, en su reglamento no hay especificación alguna sobre el uso de las lenguas oficiales en la actividad parlamentaria. 

Reconfortado por el apoyo de su iniciativa en el Senado, Junts ha anunciado que va a presentar una propuesta para reformar la normativa del Congreso en esta línea. Su portavoz, Miriam Nogueras, lo argumentó con los mismos motivos que el senador Cleries: considerar “muy frustrante no poder hablar en catalán” en los plenos y las comisiones. 

El matiz del PSOE. Preguntado por esta cuestión, en un primer momento el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, se mostró partidario de “valorar” la propuesta: “Nos vamos a mover siempre en el marco del respeto a las lenguas, lo que comprende la propia Constitución. Es un aspecto a considerar, también de carácter cultural de peso”. Pero, al poco, fuentes del grupo parlamentario matizaban que esa mención a la Carta Magna la interpretaban como el uso del castellano en el Congreso.

Un tema que viene de largo. En 2005, el presidente del Congreso Manuel Marín impulsó una reforma del reglamento aprobado en 1982. En el principio de acuerdo  alcanzado por PP y PSOE se contemplaba el castellano como lengua oficial de la Cámara, pero los socialistas intentaron modificarlo para que el resto de lenguas oficiales pudieran emplearse de forma limitada, según recogen las crónicas del momento. Los populares se negaron en rotundo ante esta posibilidad y la negociación quedó encallada por mucho que años después se intentara retomar.

Polémicas plurilingües en la sesión 

Fruto de la poca concreción del reglamento y de la insistencia de ciertos partidos, el diario de sesiones recoge plenos en los que, de una u otra manera, los presidentes han tenido que llamar la atención de un diputado por no intervenir en castellano. 

Los argumentos dados son casi los mismos: que no todas sus señorías tenían por qué entender esa lengua y que era lo que establecía la normativa parlamentaria. Curioso es el caso de Meritxell Batet, que como diputada fue apercibida por hablar en catalán pero, después como presidenta, llamó a su vez la atención a Gabriel Rufián y Néstor Rego por ese mismo motivo. 

También es destacable cómo Patxi López permitió que Albert Rivera y Xavier Domènech intervinieran en catalán durante la investidura fallida de Pedro Sánchez en marzo de 2016. Ni antes ni después les reprendió. Pero, en los últimos tiempos, ha sido la excepción que confirma la regla: la de que, por ahora, no se puede hablar en catalán, gallego o euskera en el Congreso de los Diputados. Y solo un poco en el Senado.