El uso de las lenguas cooficiales para presentar reclamaciones a empresas a través de la ley de atención a la clientela está en el debate parlamentario con una propuesta del Gobierno que busca reducir los tiempos de respuesta en reclamaciones o llamadas. Tras la incorporación de una enmienda de Junts per Catalunya, la polémica se centra en si es necesario incluir que se puedan poner reclamaciones y ser respondido a ellas en lenguas cooficiales en todo el país o solo en los territorios que cuenten segundas lenguas.
- El Gobierno registró este proyecto de ley en febrero de 2024, una propuesta que se encuentra actualmente en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo pendiente de que esta elabore un informe y a la que se han registrado más de 200 enmiendas.
La enmienda de Junts. Junts ha introducido una enmienda (número 16) al proyecto de ley del Gobierno de atención a la clientela con la que busca que en las reclamaciones y quejas se garanticen los “derechos lingüísticos” de los clientes.
- Es decir. Con esta modificación Junts quiere que se permita presentar reclamaciones en catalán en cualquier punto del país y con esta otra enmienda (número 6) que se atienda y responda a estas en la lengua en la que se presentaron.
Un pacto con más partes. La propuesta de poder presentar y atender las reclamaciones en lenguas cooficiales “en los territorios en los que existan” es una medida que también han introducido a la ley de atención a la clientela en forma de enmienda otras formaciones como ERC, Bildu o el BNG.
Atención a la clientela. Esta es una propuesta del Gobierno que se ha recuperado de la legislatura pasada, puesto que no pudo completar el trámite parlamentario por la convocatoria de elecciones en 2023. La iniciativa prevé reducir los plazos en los que se atienden reclamaciones de clientes, reducir los tiempos de espera en llamadas telefónicas o que el cliente pueda decidir si prefiere ser atendido por una máquina o una persona, entre otros.
- A quién afecta. La propuesta aplica a todo tipo de empresas públicas y privadas, desde servicios de suministro de agua o energía eléctrica, hasta el transporte aéreo de pasajeros, pasando por los bancos o los servicios postales, entre otros.
El uso de las lenguas cooficiales. La iniciativa ya contempla que las lenguas cooficiales puedan ser utilizadas para presentar reclamaciones o quejas en lenguas cooficiales en las comunidades autónomas que dispongan de estas a empresas privadas de más de 250 empleados y que facturen más de 50 millones de euros.
- Que se puedan presentar reclamaciones en una lengua cooficial en lugares donde estas existan es algo que ya viene regulado a través de la Constitución y de los distintos Estatutos de Autonomía de las comunidades.
- La ley del procedimiento administrativo común recoge la posibilidad de que un ciudadano se dirija a las administraciones públicas en cualquiera de las lenguas oficiales que existan en su comunidad autónoma, una oficialidad que ya viene dada por los Estatutos.
- Ojo. Esto aplica a las empresas públicas, no a las privadas.
Contexto. La portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, ha asegurado que la enmienda se refiere a que se pueda usar, en este caso el catalán, en cualquier punto del país, independientemente de que estos usen lenguas cooficiales o no, según sus declaraciones recogidas por EFE. Nogueras ha afirmado durante una entrevista concedida a un programa de televisión que los catalanes deben tener “los mismos derechos lingüísticos que un inglés o un francés”.
