En los últimos días, el debate público en España ha estado protagonizado por el impacto de la desinformación y la posible legislación para hacerle frente. Medidas de este tipo ya se han puesto en marcha en otros países, como Francia, Turquía o Filipinas. No obstante, su implementación ha provocado críticas por parte de periodistas y organizaciones alegando que suponen una amenaza para la libertad de expresión.
Francia y la ley de las fake news. En 2018, el parlamento francés aprobó una ley contra “la manipulación de información” en períodos electorales, conocida como “ley de las fake news”. La legislación multa con un año de prisión y 75.000 euros a aquel que la viole (difundiendo desinformación) y, entre otros aspectos, permite:
- A los partidos, apelar a un juez para que detenga la difusión de “información falsa” durante los tres meses anteriores a los comicios.
- Al Consejo Superior Audiovisual francés, suspender canales de televisión “controlados por un Estado extranjero o bajo la influencia” de ese Estado si “difunden deliberadamente información falsa que pueda afectar la sinceridad de la votación”.
La ley provocó críticas entre organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o el Sindicato Nacional de Periodistas en Francia, que consideraron “vaga” su definición de “noticias falsas” y tacharon la norma de “ineficaz” y “peligrosa”.
Legislación contra la “desinformación” en Turquía. El parlamento turco aprobó una ley en 2022 en contra de la “desinformación” que permite al Gobierno perseguir la difusión de “noticias falsas” en Internet. La norma también generó polémica, especialmente su artículo 29 que castiga con entre uno y tres años de cárcel a quienes difundan información considerada falsa por las autoridades turcas.
- La pena puede ser de hasta el doble si la publicación se comparte de forma anónima.
La norma fue criticada por los partidos de la oposición y organismos como la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas, que mostraron preocupación por la “introducción de penas de prisión severas” en la legislación y la “redacción claramente vaga y conceptos no definidos” como “desinformación”.
- Las instituciones también señalaron que la ley “puede conducir a acciones arbitrarias y políticamente motivadas” y “recortar sustancialmente la libertad de expresión”.
El intento fallido en Filipinas. En 2018, el presidente del Comité de Información Pública y Medios de Comunicación del Senado filipino presentó un proyecto de ley para responsabilizar a los funcionarios gubernamentales de difundir información falsa. De aprobarse, la legislación sancionaría con penas de prisión y multas de hasta dos millones de pesos (32.400 euros) a aquellos que difundieran desinformación en Internet y redes sociales.
Sin embargo, la norma fue impugnada por “inconstitucional” y el presidente filipino, Rodrigo Duterte (acusado en el pasado de difundir desinformación), aseguró que nunca se aprobaría.
- Periodistas filipinos se mostraron en contra del proyecto legislativo alegando que las definiciones de términos como “desinformación” eran “demasiado amplias” y que “la criminalización llevaría a la censura”.
- La organización Human Rights Watch también rechazó la norma al considerar que “restringiría excesivamente la libertad de expresión”.
En 2019, el Senado de Filipinas comunicó que el proyecto de ley debía ser revisado para respetar la Constitución. No obstante, en una modificación del Código Penal, se incluyeron penas de hasta 200.000 pesos (3.200 euros) para quienes publiquen “noticias falsas que puedan poner en peligro el orden público o causar daño a los intereses o al crédito del Estado”.
- Ley para la la lucha contra la manipulación de la información (2018)
- Reporteros Sin Fronteras
- Sindicato Nacional de Periodistas de Francia
- Instituto Poynter
- Rappler
- CNN
- Human Rights Watch
- Nota de prensa del Senado de Filipinas
- Modificación del Código Penal de Filipinas
Que hagan lo que les dé la gana en Egpañistan todo vale y más teniendo un juez con dos DNI. Compra varios inmuebles y ni el notario ni hacienda dicen nada con el agravante de que este Sr. Es un hombre que tiene que juzgar
Esto es una broma ??
Pues llámenme islamófobo, fascista, etc, pero voy a contar dos casos que conozco. Sucedió en Francia.
1. Marine Le Pen publicó hace pocos años un video en que se veían algunas de las atrocidades que cometían los taliban. En ningún momento se puso en tela de juicio que el video fuese falso.
Pero se la multó por delito de odio. En concreto, de incitar al odio contra los musulmanes.
2. Alguien, esta vez no recuerdo quien pero no fue Marine Le Pen, publicó también en Francia que los musulmanes delinquen más que los no musulmanes. También se le acusó de delito de odio, no porque lo que dijese fuese falso sino porque era practicamente imposible demostrar su afirmación. En Francia es ilegal publicar la religión y otras cosas de los detenidos por la policía. En otros países como EEUU sí es legal y él se defendió creo que alegando que en otros países está demostrado que es así, y que da la impresión de que Francia no es una excepción.
Bueno, reconozco que aquí de lo que se habla es de dar información falsa. Yo he hablado de sanciones contra alguien que dijo algo que era verdad, y de otro que la ley le impedía demostrar que era verdad lo que decía. Pero con estos precedentes me temo que la prensa no va a mejorar sino a empeorar.
Los periodistas van a estar aún más sobre amenaza si publican algo que a ciertas personas o grupos poderosos no les gusta.
Es falso lo que usted dice. Soy francés y seguí este asunto de cerca en su tiempo. A Marine Le Pen se le multó porque la difusión pública de este tipo de imágenes está prohibida en Francia. La denuncia y la posterior condena se basaban en esta infracción. Y la polémica social que se ha generado no iba sobre la islamofobía (islamofobía que era, además, evidente en el contexto francés de finales de 2015). Eramos pocas semanas después de los atentados del 13 de noviembre, y el reproche que se le hizo a varios cargos del Frente Nacional (en aquella época era el nombre del partido de Le Pen), era que la difusión de estas imágenes en una sociedad todavía traumatizada y dolida por los atentados provocaba un shock y un dolor muy importantes, particularmente para las víctimas y sus familias, y no aportaba nada al debate público que justifique revivir este dolor.
Entre los mayores difundidores de bulos en Francia están precisamente los actores de la llamada "fachosphère", una serie de "influencers" en las redes sociales y la sociedad en general, muy cercana a las distintas familias de la extrema derecha, que han participado ampliamente en la normalización de lo que es el Reagrupamiento nacional, el partido de Le Pen, hoy.
Así que no es precisamente la censura de "la verdad sobre los musulmanes" el origen del problema que tiene Francia ahora mismo.
En cuanto al segundo ejemplo que usted toma, existía ya, desde antes de la implementación de una ley de "de fake news", un marco normativo que prohibía este tipo de afirmaciones. Una afirmación que dice que "los musulmanes", de manera genérica, son más delincuentes que el promedio de los franceses sin basarse en nada más que una opinión remota, sin verificar e sin posibilidad de verificar, es problemática. Es precisamente los que se llama un bulo. Es precisamente para evitar que se puedan difundir este tipo de afirmaciones no verificadas y no verificables que SIEMPRE ha habido un marco normativo delimitando la libertad de expresión. Lo que sí y lo que no cabe dentro de esta libertad. Actualizar este marco normativo para adaptarlo a la realidad actual no es un problema, al revés. El problema sería que este nuevo marco normativo limite de manera ilegítima le libertad de expresión. Y la cuestión relevante es cómo construir este marco para que limite la difusión de informaciones falsas o erroneas pero dejando un sitio justo y legítimo a la liberta de expresión para que cumpla su función social: que la ciudadanía tenga una percepción de la realidad que sea lo más cercana posible a lo que es. Los bulos y esta manera de sembrar perpetuamente la confusión a sabiendas en las sociedades que usan un número creciente de agentes sociales van precisamente en contra de la funcón social de la libertad de expresión, sesgando la percepción que la ciudadanía tiene de la realidad, a propósito en muchos casos. Ésto es una lacra para la sociedad, la democracia y el bienestar de los ciudadanos.
Coincido Totalmente con Antonio, cuando las mentiras de los periodistas te llevan a ser investigado por un juez durante años y luego se demuestra que no había pruebas contundentes y/o conducen al descrédito de los miembros de otras opciones políticas, sobre todo de aquellas que suelen tener menos medios para defenderse. Eso ya no es periodismo, es basura
La función de los medios de comunicación debería ser dar información a los ciudadanos. En el momento en que el objetivo de un medio, es influir en la opinión del ciudadano, deja de cumplir su función. Y en el momento en el que inventa bulos o da pábulo a los mismos, está haciendo lo contrario a su función: está desinformando al ciudadano. Que eso quede impune, no es libertad de prensa ni de expresión, es indefensión del ciudadano ante el 4º poder.
Perdone, pero la libertad de expresión incluye el derecho a influir en la opinión del ciudadano. Pregúntele a cualquier periodista.
Y no sólo a los periodistas. Con ese argumento habría que prohibir casi toda la publicidad. Otra cosa es la publicidad engañosa, pero es que tampoco influir en la gente es sinónimo de engañar o desinformar.