¿Legalizar la cocaína? Colombia apuesta por convertirse en un laboratorio de la descriminalización

Cuando el presidente estadounidense, Joe Biden, perdonó a 6.000 presos por poseer pequeñas cantidades de marihuana, dejó una puerta abierta para reformar la ley federal que regula los delitos por tenencia de drogas. Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, reconoció que las leyes “no han funcionado”, y aseguró que se necesita “un nuevo enfoque” más acorde con la ciencia. Pero la misma idea podría aplicar para otras sustancias y ahora algunos grupos quieren que se aproveche esta oportunidad para cambiar también la penalización del consumo de cocaína.

Esta perspectiva de revisar la forma en que se ha abordado este problema también se abre en Colombia, con el enfoque de la nueva administración de Gustavo Petro encima de la mesa. La discusión se centra en la descriminalización del cultivo, como precisó el ministro de Justicia colombiano. Aunque no se plantea legalizar la cocaína, sí despenalizar la plantación de la hoja de coca.

El debate se avivó después de que The Economist publicara un editorial con el título “Joe Biden es demasiado tímido. Es hora de legalizar la cocaína”. Los datos lo respaldan. Tras cinco décadas tratando de erradicar los cultivos, hay más producción y más consumidores que nunca, como recoge la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En su último informe refleja que “el aumento de la competencia y de la eficiencia del suministro ha hecho que la cocaína sea cada vez más fácil de obtener y que su calidad vaya en aumento”, lo que amenaza con una nueva expansión del mercado.

Sin embargo, dar el salto de la persecución a una política de salud pública todavía tiene sus detractores y la mayoría ven poco probable que una decisión así pueda tomarse en el corto plazo. 

Los expertos consideran improbable legalizar la cocaína en el corto plazo

Colombia ha pasado de tener 34.000 hectáreas de cultivos de coca en 1988, cuando comenzaron los programas de sustitución de cultivos, a más de 200.000 en 2021: seis veces más, según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas, presentado en octubre. 

Lo mismo sucede con las toneladas de droga producto de estos cultivos. Pese a todos los esfuerzos y al presupuesto destinado a la erradicación, la producción mundial de cocaína ha seguido creciendo hasta alcanzar cerca de 2.000 toneladas en 2020, como recoge la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “A pesar de campañas antinarcóticos absolutamente represivas, vemos una persistencia en la economía cocalera”, resume María Clara Torres, doctora en Historia y experta en coca campesina.

Las consecuencias también son claras en los países consumidores. La cocaína es la segunda droga más consumida en Europa, con 4,4 millones de consumidores en 2021, según UNODC. En Estados Unidos, casi la mitad de los presos en las cárceles federales (45%) tienen cargos relacionados con la droga, y la tasa de muertes por sobredosis de cocaína se ha triplicado entre 2015 y 2020. 

La violencia tampoco ha retrocedido: la propia UNODC reconoce que el auge del mercado de la cocaína ha supuesto un aumento de asesinatos, tiroteos, bombardeos, incendios, secuestros, torturas e intimidaciones que en el último año han mostrado “su forma más ofensiva”.

Aun así, son pocas las voces que creen que la legalización de la cocaína esté cerca. “Desde la perspectiva estadounidense sería un mal negocio. El peligro es que haya más consumo”, resume Jonathan Caulkins, profesor especializado en políticas públicas sobre drogas en la Universidad Carnegie Mellon, que cree que legalizar el mercado de la cocaína abarataría el precio y haría que más personas tuvieran problemas con la dependencia. Aunque también reconoce que el debate es muy diferente para un país productor que para uno consumidor.

Colombia quiere convertirse en un laboratorio para la descriminalización del cultivo de coca

Torres también cree que las posibilidades reales de que Colombia legalizara la cocaína son “ninguna o muy pocas”. “Ya no se trata del fantasma de convertirse en un país paria. Aun si Colombia decidiera unilateralmente asumir ese costo político, ¿quién va a comprarla si nadie más la ha legalizado? Ningún otro país consumidor de cocaína ha legalizado ese consumo, ¿a quién le vende la cocaína legal? Es un problema económico que trasciende el político”. 

El debate en el país se centra en la descriminalización del cultivo, como precisó el ministro de Justicia colombiano, que advirtió que aunque no se plantea la posibilidad de legalizar la cocaína, sí de despenalizar la plantación de la hoja de coca y alejar a los campesinos de un enfoque que los criminaliza. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, contempla una idea similar en su programa de Gobierno para cambiar “el paradigma de la guerra contra las drogas por el de la regulación”.

Las propuestas giran en torno a ofrecer un tratamiento penal diferencial al campesinado cocalero, impulsando la transición hacia otros cultivos y diversificando los usos de la hoja de coca hacia otras industrias. Varios senadores han planteado propuestas en esta dirección como, por ejemplo, que el Estado controle su producción y comercialización.

El argumento de la recaudación fiscal también pesa. El director de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, Luis Carlos Reyes, apoya la idea, y señaló en un tuit que “hay que legalizar y gravar la cocaína”. 

El aumento de un 43% en los cultivos de coca el último año es uno de los argumentos más compartidos. Aunque Caulkins considera que este aumento responde al anuncio que hizo el Gobierno con los acuerdos de paz de compensar a los productores que hicieran una transición hacia otros cultivos. “Una vez que los agricultores oyeron que iban a ser compensados, empezaron a sembrar más hoja de coca. Hubo un error de cálculo del Gobierno”, advierte.

50 años de guerra contra las drogas y la producción de cocaína sigue en aumento

Si hay algo claro en Colombia es que la estrategia de combate contra las drogas que declaró Estados Unidos cinco décadas atrás no ha tenido efecto. “La guerra contra las drogas no funcionó. A Colombia le costó muchas décadas decidir que no iba a seguir usando el glifosato. Ahora hay un consenso de lo que no hay que hacer”, añade Torres.

El país lleva al menos una década denunciando los fallos de la guerra contra las drogas que proclamó el expresidente estadounidense Richard Nixon en 1971 y que ha afectado a su país como a ningún otro. La droga se convirtió en el “enemigo público número 1” y los gobiernos han empleado “una ofensiva total” para combatir a este enemigo que no ha dado resultados.  

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos ya lo había advertido en 2012, cuando aseguró que “la guerra global contra las drogas ha fracasado”, y dijo que era hora de “buscar mejores alternativas”. En una entrevista reciente con El País, Santos insistió en que hay que “abolir la prohibición en la lucha contra las drogas”, y recordó sus palabras una década atrás, cuando advirtió que “la guerra global contra las drogas ha fracasado”, y dijo que era hora de “buscar mejores alternativas”. 

“El mundo entero, particularmente América Latina y África, sufre por el crecimiento y el empoderamiento de las mafias… Hay que abolir la prohibición (…) y si Asia o el Medio Oriente no quieren, pues que lo haga toda América”, señalaba.

La despenalización del consumo personal de cannabis se abre paso entre los países 

“Se ha roto el tabú”, advertía la Comisión Global sobre Drogas. “Cada vez más países despenalizan el consumo personal, adoptan enfoques innovadores basados en la salud pública y legalizan sustancias antes prohibidas. Cada vez se reconoce más que las políticas represivas sancionadas a nivel mundial son más perjudiciales que el consumo ocasional de drogas”.

La regulación del cannabis está abriendo un camino, y el debate que se tuvo entonces sobre esta droga se está expandiendo a otras sustancias.

Uruguay fue el primer país en legalizar el uso recreativo del cannabis en 2013. A él se han sumado otros como Canadá, o Colombia, que ha regulado su uso medicinal. En Europa, los Países Bajos introdujeron la producción legal de cannabis como proyecto piloto en diez ciudades y el año pasado Luxemburgo anunció la legalización del consumo y el cultivo de cannabis para adultos en el ámbito doméstico, similar a Suiza, que ha puesto en marcha experimentos para legalizar el cannabis para uso recreativo. España también ha aprobado una regulación del cannabis medicinal para que las farmacias comunitarias puedan dispensarlo con fines terapéuticos.   

La percepción sobre el consumo también ha cambiado en los últimos años. En Estados Unidos, donde la marihuana ya es legal en 19 estados, nueve de cada 10 personas están a favor de algún tipo de legalización, según el Pew Research Center.