Lectura fácil: palabras sencillas para reducir la desinformación y entender el mundo

Por Carla Pina | En los textos de lectura fácil nadie tiene mariposas en el estómago. Allí, el tiempo no vale oro ni los proyectos están en pañales; se encuentran en una fase inicial. “Una de las normas cuando se adapta un texto a lectura fácil es que no se deben utilizar metáforas” explica Silvia del Pino, usuaria y validadora de esta herramienta. “Las frases son cortas, no se pueden usar números romanos y si las palabras son complicadas, hay que cambiarlas para que sean más fáciles de entender, y si no se puede, definirlas para que se entiendan”, enumera otras pautas de redacción de la lectura fácil.

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Como Silvia, alrededor de un 30% de la población, según los datos de diversos organismos internacionales, entre ellos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene dificultades de comprensión lectora. Algunas, de forma permanente: personas con discapacidad intelectual, afasia o dislexia. Otras, sufren una merma de sus capacidades de manera temporal: personas mayores o migrantes. Estos últimos ejemplos evidencian que la dificultad de comprensión lectora no siempre se relaciona con un nivel educativo bajo, ya que muchos de estos individuos poseen estudios superiores. 

Para todos estos colectivos, la lectura fácil -una técnica para crear textos más fáciles de entender- se erige como una herramienta fundamental para poder comprender aquello que leen y reducir así el volumen de desinformación. También, funciona como trampolín para poder ejercer otros derechos como votar en las elecciones o participar en el debate público.

Este método de redacción se fundamenta grosso modo en dos fases: adaptación y validación, comprobación con lectores reales de que ese texto funciona. “La clave de una buena adaptación es mantener la esencia”, resume Mario Tascón, expresidente de la Fundación del Español Urgente (Fundéu), lo que, a veces, supone que la versión en lectura fácil sea más larga que la original. La lectura fácil sigue una metodología precisa regulada en la UNE 153101:2018 EX, la primera norma técnica a escala mundial. 

Para hacerse una idea de la importancia de adaptar algunos textos “es suficiente comparar cualquier documento administrativo original con la versión en lectura fácil”, resume Blanca Mata, fundadora de Lectura Fácil Euskadi.

Más vulnerables a los bulos

Si todos podemos ser víctimas de noticias falsas, una persona con menos herramientas para comprender su entorno “puede verse en una posición mucho más vulnerable”, señala Óscar García, coordinador de proyectos de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil en Plena Inclusión Madrid.

A diferencia de la información de las administraciones, “los bulos son fáciles de entender, y en un mundo lleno de información, al final, vas a lo más simple”, agrega. No obstante, el problema de estos colectivos no es solo que les hagan creer que un bulo es cierto, sino el acceso para comprobar la veracidad de lo leído, una barrera que hace que cuestionen sus propias habilidades.

 Ante esta situación de desamparo, es habitual que las personas con problemas de comprensión lectora recurran a personas cercanas para que les ayuden a filtrar el contenido y a discernir la información veraz de la que no lo es. “De lo contrario, estos colectivos se encuentran perdidos en una maraña administrativa que no comprenden y que no les presta la ayuda necesaria, incrementándose la desafección y el distanciamiento entre estos colectivos y las instituciones públicas”, señala Miguel Ángel Blanes, Técnico Jurídico del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. 

A juicio de Diego García, al frente del Instituto de Lectura Fácil, esas situaciones pueden y deben evitarse: “La Administración tiene que hacer un esfuerzo y clarificar la información para garantizar la autonomía de estas personas”, lo que también reduciría la frustración que sufren. “Al final, no poder acceder a la información les inhabilita para contrastar información”, agrega, una desventaja que tiene consecuencias tan graves como poner en riesgo su economía o su propia vida.

Además, a la hora de verificar cualquier texto, se enfrentan a una barrera previa: la brecha digital. Existe una brecha vinculada a cuestiones económicas -tener un ordenador propio o no disponer de acceso a Internet en casa- y otra relacionada al manejo tecnológico, el saber utilizar ordenadores o tablets o ser capaz de identificarse correctamente para acceder a cierta información administrativa. “Se piensa que como hay Internet, la información está al alcance de las personas, pero nada más lejos de la realidad”, apostilla Mata.  

Accesibilidad cognitiva: un derecho olvidado que por fin es ley

La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 21 de diciembre la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, para recoger y regular el derecho a la accesibilidad cognitiva, las herramientas y dispositivos que facilitan el acceso a la información y la comunicación. La lectura fácil es una de ellas.

Este cambio llega tras años de trabajo y se espera que se traduzca en un cumplimiento normativo más elevado al que existe en la actualidad. “Si no tienes algo específico que te diga que tienes que adaptar los textos, los interpelados no se van a ver llamados a ejecutar nada”, señala Óscar García. Dependía de la voluntad de funcionarios e instituciones. 

Esta modificación  legislativa incluye el desarrollo normativo específico, la elaboración de estudios integrales, la creación de un centro estatal de accesibilidad cognitiva y plazos para que estos procesos se ejecuten. Pero no solo eso, la existencia de parámetros permitirá que los afectados puedan reclamar el cumplimiento de esos derechos y, por ende, sancionar a aquellas instituciones que no acatan la ley. 

No obstante, para pasar del papel a los hechos se necesita tiempo. En concreto, el plazo que ha fijado para aprobar el reglamento que regule las condiciones básicas de accesibilidad es de dos o tres años.  

Hasta la fecha, solo dos normativas habían incorporado la lectura fácil de manera específica. La primera en hacerlo fue la Ley de Accesibilidad de Cataluña de 2014. Sin embargo, no se aplica porque no ha desarrollado “ningún reglamento”, matiza Elisabet Serra, co-directora de la Associació Lectura Fácil, la primera organización de lectura fácil en España.  La otra excepción era Aragón, “que está vinculado a la accesibilidad al gobierno abierto, la transparencia y la gestión pública”, destaca German Arenas, investigador experto en la materia. Un esfuerzo que se ha materializado en la Ley de Simplificación Administrativa, que recoge que los trámites y la información deben aparecer en lectura fácil.

La ilusión de la Ley de Transparencia

Desde que se aprobó en España la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la transparencia es la palabra de moda en las instituciones. Sin embargo, quien hace la ley, hace la trampa, ya que, si los textos no son comprensibles para los ciudadanos, no sirven de nada. “Es un clásico de la desinformación, publicar todo para que nada esté a la vista”, matiza Tascón. 

Para que exista esa transparencia, tal y como cita la norma, se debe utilizar un lenguaje claro y accesible para todas las personas. Pero esta ley, en ningún caso, se refiere a la lectura fácil como medio para conseguirlo. Los expertos son realistas: no es necesario que todos los textos administrativos estén en lectura fácil, “pero sí que una gran parte tenga su versión”, dice Diego García.

En palabras de Blanca Mata, “la transparencia tiene efectos muy positivos en la sociedad”: genera confianza en las instituciones y supone un ahorro de tiempo y dinero, porque reduce, por ejemplo, “las llamadas de consulta para aclarar si se ha comprendido la información”.

Falta de voluntad política y desconocimiento

La historia de la Lectura Fácil comienza en Suecia en 1968, un hito que permite que todavía se mantenga como un ejemplo a seguir en la materia, aunque en la actualidad, el máximo exponente sea Inglaterra. A España llegó en el año 2003, con la creación de la Associació Lectura Fácil (Cataluña). Desde entonces las palabras precisas y concretas de esta herramienta se han ido extendiendo por la geografía española, principalmente a través del trabajo que realizan las asociaciones de personas con discapacidad intelectual. De hecho, España “se sitúa por delante de países como Francia o Alemania», apunta Óscar García.

Así, en los últimos años, las administraciones han desarrollado de manera gradual iniciativas para implementar esta herramienta, principalmente aquellas que tienen competencias en materias como servicios sociales, discapacidad e igualdad. En el resto de los organismos los proyectos son puntuales, debido a que hasta hace unos días no existía ningún plan transversal a nivel nacional, un paso necesario para establecer cómo y cuándo desarrollarla. Con dos excepciones: el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya.

Sorteado el gran escollo para implementar la lectura fácil, el legislativo, ahora la principal dificultad es el desconocimiento que existe sobre esta herramienta por parte de funcionarios y ciudadanos. Por ello, resulta fundamental concienciar a la sociedad de sus ventajas, entre las que destacan la igualdad de derechos y oportunidades. Al final, asentar este recurso es “cuestión de tiempo, dinero y personas”, enumera Óscar García y para conseguirlo todavía queda un largo camino.