Laura, obligada a testificar en el ‘caso Isadora’ por abortar: “La Guardia Civil vino de noche a mi casa a interrogarme delante de mis hijos”

Laura se quedó embarazada durante la cuarentena del posparto de su segundo hijo. Ese tercer embarazo no era ni deseado ni planificado, así que cuando se enteró, decidió abortar. Lo hizo un 16 de febrero de 2007. Acudió a la clínica Isadora y se acogió a uno de los tres supuestos que permitía la ley de 1985, todavía en vigor. En su caso, “riesgo para la salud física o psíquica de la gestante”.

Para abortar por riesgo psíquico, las mujeres debían ser evaluadas por un psiquiatra que acreditase alguna alteración de su salud mental, como ansiedad o depresión. No significa que todas las mujeres tuviesen un diagnóstico psiquiátrico previo, se trataba de corroborar que seguir adelante con un embarazo no deseado implicaba un riesgo grave para su salud mental. Porque la realidad es que una maternidad forzada conlleva graves secuelas psicológicas y, además, de larga duración, como expone esta publicación científica.

Laura acudió a la clínica Isadora y tras pasar la consulta con la psiquiatra Sara Moreno, entró en quirófano y abortó. Lo que no sabía es que ese mismo día dos agentes del SEPRONA acudirían también a Isadora a buscar bidones con restos biológicos de las interrupciones realizadas ese día y los anteriores. Comenzaba así una operación orquestada para tratar de imputar algún delito a la clínica. Una persecución policial y judicial sin base fáctica que acabaría implicando un año más tarde a Laura y a otra veintena de mujeres que, como ella, habían abortado en Isadora en esos días. 

10 de enero de 2008. Eran cerca de las nueve de la noche cuando alguien llamó a la puerta de Laura. Estaba sola con sus hijos, bañándolos. Le dijo a la mayor, que tenía seis años, que vigilase al pequeño, de año y medio. Bajó a abrir la puerta y vio a dos hombres vestidos de paisano. “Sacaron sus placas y me dijeron que eran de la Guardia Civil y que no me asustase pero que tenían que hacerme unas preguntas. Se abrieron paso y se sentaron en mi comedor”, comienza a contar Laura. 

Bajó a sus hijos y una vez con ella, los dos agentes comenzaron el interrogatorio. Primero le preguntaron a bocajarro si había abortado el 16 de febrero de 2007 en la clínica Isadora. “Les dije que sí, claro. Estaba tan asustada. No sabía si había cometido un delito ni si decir que sí implicaba que me estaba metiendo en un lío, pero, claro, eran agentes de las Fuerzas de Seguridad, sentía que no podía mentir”, prosigue. 

A pesar de que los agentes solo debían entregarle la citación para que declarase como testigo en la causa judicial contra Isadora —algo que además podía hacerse por correo postal o burofax—, decidieron realizarle todo tipo de preguntas fuera de sede judicial, en su propia casa. “Me sentí totalmente desamparada. No tenía abogada, estaba sola con mis hijos y ni siquiera sabía si estaba diciendo algo por lo que luego pudiesen imputarme algún delito”, recuerda. 

Además de preguntarle si había interrumpido su embarazo, también lo hicieron por el motivo, y le inquirieron si tenía el informe médico que probara la razón del aborto y por la conversación mantenida con la psiquiatra exactamente. Después, según cuenta Laura, procedieron a mostrarle los expedientes de otras mujeres que habían abortado el mismo día que ella. “Me enseñaron el de una menor de 15 años. Aparecían su nombre y sus apellidos. Estaba claro que les daba igual nuestra privacidad. Me dijeron que si la recordaba en la sala de espera, si la había visto. Contesté la verdad, que sí que la había visto, pero lo hice por puro miedo”, añade. 

En cuanto se marcharon, Laura rompió a llorar con un ataque de ansiedad. Llamó a su hermana mayor y le contó todo lo sucedido. Le explicó que la citación para declarar era para el día siguiente, pero que ya la habían interrogado y que no sabía si se había metido en un lío. Los agentes de la Guardia Civil ni siquiera le habían dicho que tenía derecho a ser asistida por un abogado. “Por suerte, mi hermana se las ingenió y me consiguió una letrada para que me acompañara al día siguiente”. 

11 de enero de 2008. Ese día, Laura tenía que estar en la Comandancia de la Guardia Civil, en Tres Cantos, a las 17 horas para declarar como testigo en la causa contra la clínica Isadora. Acudió junto a su abogada y su hermana tras haber recibido la citación menos de 24 horas antes. “Allí me hicieron preguntas muy similares. Que cuándo había abortado, por qué, si tenía el informe psiquiátrico, qué me había preguntado la psiquiatra y me mostraron unas fotos para ver si la reconocía. Fue muy traumático”, dice como disculpándose. 

Cuando Laura creía que ya había pasado el peor trago, declarar sobre algo tan íntimo sin que en realidad hubiese motivo para ello —como reconoció la propia Fiscalía en su escrito—, le dijeron que no podía salir por la puerta principal. A la salida se había congregado un grupo de manifestantes antiaborto que, de alguna manera, sabían que ese día iban a declarar algunas de las mujeres que habían abortado en Isadora. 

aura desconoce cuántas personas había, solo recuerda los gritos y la advertencia de que salir por ahí era peligroso, sobre todo porque su identidad quedaba al descubierto. “Me tapé la cabeza con un pañuelo que llevaba la abogada y me dejaron unas gafas de sol. Salimos por la puerta de atrás. Fue horrible, no sé cómo algo así pudo pasar en 2008, en plena democracia. Ni tampoco sé cómo esa gente sabía que ese día testificábamos”, explica. 

Primeros interrogatorios en marzo de 2007. En febrero de 2007 había comenzado la causa contra la clínica Isadora después de que dos agentes del SEPRONA decidiesen incautar unos bidones con restos biológicos alegando que la retirada de esos residuos no era la correcta. Más tarde, los tres guardias civiles al mando de la investigación hablarían de “abortos ilegales”, tratando de buscar imputarles algún delito a los principales responsables de la clínica, Francisco Javier Hidalgo y Salim Chami Succar.

En los bidones de restos biológicos encontraron siete fetos (y otro más seccionado), cuatro de ellos en botes de formol. Así, un mes después, en marzo de 2007, los agentes comenzaron a identificar a las pacientes que constaban en las etiquetas de los botes de formol y fueron llamadas a declarar. 

Así comenzaron los primeros interrogatorios. En el primero de ellos, los guardias civiles le mostraron a la testigo el bote de formol con su propio feto, y le preguntaron si la persona que aparecía en la etiqueta de dicho bote era ella. También le preguntaron por el motivo del aborto —pérdida  de líquido amniótico y malformaciones—, si tenía en su poder los informes médicos —los presentó ante la Comunidad de Madrid, donde certificaron que todo estaba en orden y le dieron un volante para Isadora—, y de cuántas semanas estaba —21—. 

Ella, como las otras tres mujeres interrogadas cuyos fetos fueron hallados en botes de formol en los bidones incautados aquel 16 de febrero de 2007, dirán que autorizaron el estudio patológico de los fetos tras las interrupciones —por eso estaban en botes de formol—. Este estudio es habitual cuando se trata de abortos por malformación, pues precisamente permite dilucidar algunas cuestiones relacionadas con el origen de las malformaciones.

Una vez realizados los estudios de los fetos, la clínica simplemente procedió a su retirada como hacía siempre, depositándolos en los bidones destinados para ello.

Más interrogatorios en enero de 2008. Tras haber interrogado a las pacientes relacionadas con los fetos hallados en formol y no haber encontrado ningún indicio de delito ni a raíz de sus testimonios ni tras el estudio de los restos biológicos, el juez que instruía el caso, José Sierra Fernández, permite que sean llamadas a declarar las 25 mujeres que habrían abortado el 16 de febrero y los días previos, a pesar de la oposición del fiscal. Entre ellas, Laura. 

Estas habían comenzado a ser identificadas en diciembre de 2007, después de haber requerido a la clínica las historias de las pacientes cuyos restos biológicos procedentes de interrupciones se habían encontrado en los bidones. Había mujeres no solo de Madrid, sino de otros puntos de España que se habían trasladado a Isadora, ya fuese por derivación del sistema de salud o por decisión propia. Hasta esos lugares (Galicia, Andalucía o Gran Canaria) se habían desplazado los agentes para personarse en sus casas e interrogarlas, como el Alférez instructor señala en uno de sus oficios. 

El nuevo objetivo era probar que esos abortos eran ilegales no por el tamaño de los fetos o por no encajar en el supuesto de malformación, sino por haber sido realizados sin que las pacientes realmente tuvieran un problema psíquico, que era el supuesto por el que abortaban la mayoría de mujeres. El análisis de los restos biológicos de los bidones pasó a un segundo plano, y la psiquiatra que evaluaba a las pacientes, Sara Moreno, pasó a estar en el centro de la diana. 

“Por eso insistían tanto en qué habíamos hablado con la psiquiatra y si teníamos informe médico”, recuerda Laura. Los agentes de la Guardia Civil, en connivencia con el juez Sierra, lograron autorización para intervenirle el teléfono a la psiquiatra Sara Moreno, alegando que esta podría no solo haber estado haciendo diagnósticos psiquiátricos falsos, sino que  podría estar tratando de llamar a algunas de las mujeres a las que les pudo diagnosticar al saber que estaba siendo investigada. 

Es decir, los agentes del SEPRONA insinuaban que la psiquiatra podría estar coaccionando a estas mujeres para que declarasen a su favor y mintieran por ella. La intervención telefónica a Sara Moreno duró un mes, hasta el 18 de enero de 2008, tras no hallar prueba alguna.

Además de identificar a las pacientes e interrogar a algunas de ellas en sus casas, mostrándole incluso expedientes ajenos, en las declaraciones tomadas los agentes reseñaron la identidad de las mismas, con nombres, apellidos y, en ocasiones, hicieron fotocopias de sus DNI. Y no solo eso. También requirieron información médica personal.

Entre las mujeres llamadas a declarar estaban dos menores —13 y 15 años, esta última era la que había coincidido con Laura—. La menor de 13 años tuvo que aportar un informe que relataba que llevaba en tratamiento en la Unidad de Salud Mental Infantil de la Comunidad de Madrid “de forma irregular desde 2005 por alteraciones de conducta y somatizaciones asociadas a las dificultades para adaptarse a su entorno por su condición de inmigrante”.

Como consta en el auto del magistrado Ramiro García de Dios, que fue quien finalmente archivó la causa después de una pugna por la competencia del caso, “el derecho a la intimidad fue devastada”. Sus identidades dentro de una causa “arbitraria” quedaron expuestas, añadía García de Dios. 

La privacidad y la intimidad de todas las pacientes quedaron expuestas por el hecho en sí de haberse visto implicadas en la persecución pero también porque sus datos fueron accesibles para quienes se personaron en la causa.

Organizaciones antiaborto piden personarse en la causa. ¿Y quién podría tener acceso a la causa más allá de abogados, juez, agentes y fiscales? Pues cualquiera que se personase en la causa y cuya petición fuese admitida. En este caso, lo logró el partido de ultraderecha Alternativa Española (AE).

En 2007, recién abierta la causa contra Isadora, lo intentaron el Centro Jurídico Tomás Moro y el Partido Social Europeo, pero el juez denegó la petición. ¿Cuál podría ser el vínculo de ambas organizaciones con la causa, más allá de ser abiertamente antiaborto y ultracatólicas? El nombre clave es Juan Francisco Sánchez Galera. 

Sánchez Galera era el presidente del Partido Social Europeo, de corte ultracatólico, y fundador de la plataforma La Vida Importa, de la que apenas consta nada más que este blog dedicado a “investigaciones sobre el aborto en España”. Esta plataforma era la que decía estar detrás de la causa Isadora, al haber sido la que habría denunciado en 2006 ante la Guardia Civil supuestas irregularidades de dicha clínica. 

El propio Sánchez Galera asegura en su blog dedicarse a rebuscar en lo que él llama «cubos» de las clínicas que realizan abortos: “No más de seis personas nos dedicamos a rebuscar entre los asquerosos cubos de basura de los diversos centros abortistas, intentando encontrar pruebas de los horrores que allí se cometían. En contra de todo pronóstico, eso fue lo más fácil; pues esos matarifes asesinaban acostumbrados a una impunidad total, por lo que no tenían el más mínimo pudor en tirar, junto con restos de niños descuartizados, documentos incriminatorios”. 

• Los restos biológicos procedentes de abortos no se introducen en bidones normales y corrientes —o cubos de basura, como afirma Sánchez Galera—, sino en arcones frigoríficos específicos para mantener la cadena de frío. Estos arcones solo se sacan cuando toca retirarlos.

Así que además de estar tras la supuesta denuncia que la Guardia Civil habría usado para orquestar la operación judicial, Sánchez Galera trató de personarse en la causa a través del Partido Social Europeo. Lo hizo junto con el Centro Jurídico Tomás Moro, presidido entonces por Javier Pérez Roldán, actual abogado de la organización ultracatólica HazteOír. 

Como recoge el escrito de oposición a esta personación de la causa presentado por la defensa de Isadora, tanto el Centro Jurídico Tomás Moro y el Partido Social Europeo presentaron la querella por la que pidieron personarse como acusación popular con el mismo procurador, el mismo letrado y el mismo escrito. De hecho, cuando el juez Sierra inadmitió sus peticiones, recurrieron la decisión de forma conjunta. 

Quien sí logró personarse en la causa fue el partido de extrema derecha Alternativa Española (AE). El juez Sierra contravino el propio criterio que había seguido unos meses antes para inadmitir las personaciones del Centro Jurídico Tomás Moro y del Partido Social Europeo cuando, en su auto de junio de 2007, señaló que esta personación “entraña un riesgo de que la acción popular se ponga al servicio de intereses extraños a la finalidad a la que está constituida”.

Aunque no hemos hallado ninguna vinculación pública entre AE y Sánchez Galera, sí sabemos que el partido trabajaba mano a mano con el Centro Jurídico Tomás Moro, como reconocía el Secretario General de AE, Rafael López-Diéguez, en esta carta contra el director de una clínica de abortos de Barcelona. 

La petición de personación en la causa Isadora Alternativa Española fue admitida por el juez Sierra en junio de 2008, y en rueda de prensa, López-Dieguez llegó a decir que su partido preservaría la identidad de las pacientes pero que analizarían sus expedientes y pedirían su imputación si fuese necesario. De hecho, en un escrito que AE remitió al Juzgado, el partido ultra señalaba que protegería los datos de las pacientes “en tanto en cuanto no adquieran la condición de imputadas”. 

Un mes después de admitir su personación, esta quedó suspendida temporalmente tras el recurso interpuesto por los abogados de la clínica. Pero durante ese mes, AE tuvo acceso a la causa y, por tanto, a toda la documentación personal de las mujeres interrogadas: nombres completos, sus domicilios, sus DNI e información médica personal. 

Un año después, en junio de 2009, la Audiencia Provincial de Madrid suspendió definitivamente dicha personación al considerar que no se concretaban las imputaciones. “Las informaciones que se contienen en este proceso afectan de un modo particularmente intenso a la vida privada de un grupo numeroso de mujeres, quienes sin ser sospechosas de haber cometido delito alguno, han visto como datos relevantes de su vida íntima han quedado expuestos al conocimiento ajeno, rompiéndose la confidencialidad de sus historias clínicas”, se recoge en el auto. 

La asociación ultracatólica Unidos por la Vida hizo el cuarto intento de personarse en la causa, aunque no lo logró. Su entonces presidenta era Pilar Gutiérrez Vallejo, hija del ministro de Planificación y Desarrollo durante la dictadura de Franco. Aunque no hemos hallado una vinculación pública entre esta asociación y Juan Francisco Sánchez Galera, sí la había entre Unidos por la Vida, Partido Social Europeo y Centro Jurídico Tomás Moro dado que, como recoge la defensa de Isadora en una de sus apelaciones, el escrito que presentó Unidos por la Vida para personarse en la causa era idéntico al de las otras dos organizaciones. 

Reacciones feministas a la persecución judicial. Tan solo unos días después de que Laura y otras cuantas mujeres declarasen, cerca de 70 asociaciones feministas de todo el territorio español convocaron una concentración en Madrid con el lema “Por el derecho de las mujeres a decidir”, donde denunciaron la criminalización a la que se estaba sometiendo a las testigos por haber abortado y el abuso de poder ejercido por los agentes del SEPRONA. 

Un mes después, en febrero de 2008, estas mismas asociaciones armaron una campaña en apoyo a las mujeres obligadas a testificar que consistió en miles de escritos de autoinculpación en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ya fuese por haber abortado “libremente” —supuesto fuera de la legalidad— o por haber acompañado a una mujer a hacerlo.

“Declaro haber interrumpido voluntariamente mi embarazo de forma consciente y responsable” y “declaro haber acompañado a una mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo”. Así, una tras otra, hasta 4.000 autoinculpaciones para denunciar la “inseguridad jurídica y social” a la que se vieron sometidas las 25 mujeres obligadas a testificar.

En octubre de 2009, cuando la Audiencia Provincial de Madrid determinó que la causa debía volver al Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, el magistrado Ramiro García de Dios archivó el caso Isadora. En de marzo de 2010 se aprobó la ley que reguló el aborto a voluntad propia hasta la semana 14 de gestación, norma que fue reformada en 2023 para blindar el derecho al aborto en la sanidad pública.