Las causas penales contra Laura Borràs a las que Junts exige aplicar la amnistía para hacer presidente a Sánchez

Pese a que Junts apoyó la candidatura de la socialista Francina Armengol para hacerla presidenta del Congreso de los Diputados, sus votos para una posible investidura de Pedro Sánchez siguen en el aire. La portavoz del partido nacionalista en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, aseguró en una entrevista a la Agència Catalana de Notícies que exigirán al PSOE una serie de condiciones, entre ellas, una ley de amnistía que exculpe a Laura Borràs, actual presidenta de la formación, de las causas penales.

La que fue también presidenta del Parlament de Cataluña está condenada a una pena de cuatro años y medio de cárcel por falsedad documental y a nueve años de inhabilitación por prevaricación, como informó el Consejo General del Poder Judicial. 

Las causas por las que se ha condenado a Laura Borràs

En diciembre de 2019, el Tribunal Supremo abrió una causa penal a Laura Borràs, que en ese momento ostentaba el cargo de diputada en el Congreso. El objetivo del Alto Tribunal era investigar los indicios de “diversos delitos” apreciados por uno de los juzgados de Barcelona durante la etapa en la que Borràs fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Y es que, como contamos en Newtral.es, a Borràs se le acusó de fraccionar contratos de la entidad pública para beneficiar a un conocido. Entonces, el Supremo aseguraba que los hechos descritos “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”. 

Según medios como El Confidencial, los contratos llegaron a rozar los 260.000 euros, troceados en adjudicaciones menores “para que no saltaran las alarmas”. Este mismo medio informó de que, en 2020, la acusada se negó a declarar ante el Alto Tribunal alegando que no colaboraría “con la injusticia”.

No obstante, tras las elecciones de Cataluña de 2021, Laura Borràs fue nombrada presidenta del Parlament, por lo que dejó su escaño en el Congreso de los Diputados y, por tanto, el Supremo ya no era el órgano competente para investigar sus causas, y estas fueron enviadas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). 

La evolución de las acusaciones contra Borràs

Casi tres años después de la apertura de las causas contra Laura Borràs, en junio de 2022, el magistrado del alto tribunal catalán Josep Seguí dio por finalizadas las últimas diligencias del caso y consideró que los indicios eran suficientes para enviar a juicio a la investigada, como detalló la agencia de noticias Efe. 

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias, Seguí consideró que la presidenta de Junts “abusó” de sus funciones como directora de la ILC, adjudicando hasta 18 contratos menores a través de resoluciones “injustas” y “con plena conciencia de que entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público”.

Finalmente, el 10 de febrero de 2023 arrancó el juicio contra la acusada, que se prolongó hasta el 1 de marzo. El tribunal de la sala Civil y Penal del TSJC decidió por mayoría (salvo un voto particular) condenar a Laura Borràs por las siguientes causas:

• Delito continuado de falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. La pena acordada fue de cuatro años, seis meses y un día de prisión, más una multa de 15 meses y un día, junto con una cuota diaria de 80 euros. A esto se añadió la inhabilitación especial para ejercer cualquier cargo público durante cuatro años. 
• Delito de prevaricación administrativa. Esto conlleva penas de inhabilitación especial para el ejercicio de empleos o cargos públicos electivos y de funciones de gobierno o administración, sean en el ámbito local, provincial, autonómico, estatal o supranacional por tiempo de nueve años. 
• Además, Borràs también fue condenada a costear dos sextas partes del coste del proceso judicial.

No obstante, en relación a las causas abiertas contra Laura Borràs, el tribunal explicó en el fallo que consideraba “excesiva la duración de la pena privativa de libertad en la medida en que no admite ninguna posibilidad de que pueda acogerse a las fórmulas sustitutivas de cumplimiento”. Por ello, la decisión fue la de “elevar al Gobierno una propuesta de indulto parcial de la pena de prisión en aquella parte que vaya a exceder de los dos años”.