Las regularizaciones extraordinarias de inmigrantes que ha habido en España

En España se han aprobado nueve regularizaciones de ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo o residencia, cinco impulsadas por el Partido Popular y cuatro por el PSOE. La última fue en 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó los papeles a 576.506 trabajadores no comunitarios.

• Las regularizaciones extraordinarias de inmigrantes son un instrumento utilizado por las administraciones para conceder permisos de trabajo y residencia a los inmigrantes que viven en el país fuera de los trámites burocráticos ordinarios. 

Las primeras regularizaciones extraordinarias de los ejecutivos socialistas

La primera regularización extraordinaria de inmigrantes sin permiso de trabajo ni de residencia en España fue impulsada en 1986 por el Gobierno socialista de Felipe González. El único requisito fue que las personas extranjeras en situación irregular en España acreditasen su estancia en el país desde antes del 24 de julio de 1985.

• En este primer proceso fuera de los cauces ordinarios, el proceso estuvo abierto ocho meses y medio. Se presentaron 43.815 solicitudes y fueron concedidas 38.294, el 87,14% del total, según los datos facilitados a Newtral.es por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

En 1991 el Gobierno de Felipe González puso en marcha la segunda regularización extraordinaria. La administración puso como requisitos que el solicitante acreditase su estancia en España desde antes del 15 de mayo de 1991, además de presentar “una oferta regular y estable de empleo” o un “proyecto permanente y viable de actividad por cuenta propia”. El proceso estuvo abierto seis meses.

Poco después, el Gobierno socialista decidió impulsar otro proceso extraordinario, abierto durante nueve meses entre 1991 y 1992, con el requisito de acreditar la estancia en España con anterioridad al 15 de mayo de 1991 y “ser familiar dependiente de algunos de los extranjeros regularizados por el proceso de 1991”. 

• En estos dos procesos llevados a cabo entre 1991 y 1992, se presentaron 142.170 solicitudes, de las cuales 114.423 fueron concedidas, el 80,48%. 

Aznar también facilitó los papeles a trabajadores no comunitarios en sus ocho años de gobierno

El primer proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el popular José María Aznar se llevó a cabo en 1996, poco después de su llegada a la Moncloa. El Gobierno de Aznar diseñó un mecanismo para conceder papeles a quien acreditase su estancia en España desde antes del 1 de enero de ese mismo año, 1996, y hubiese sido “titular de un permiso de trabajo y residencia o permiso de residencia con posterioridad al 26 de mayo de 1986”.

• En un proceso abierto durante cuatro meses, las solicitudes presentadas en 1996 fueron 25.128. De ellas, 21.294 fueron concedidas, el 84,74%, ha informado a Newtral.es el Ministerio que dirige Elma Saiz. 

En el año 2000, Aznar impulsó otro proceso extraordinario de regularización de inmigrantes residentes en España. Para obtener el permiso de trabajo y residencia en España, se exigió a los extranjeros haber entrado en el país antes del 1 de junio de 1999 y “haber solicitado en algún permiso de residencia o trabajo o haberlo tenido en los últimos tres años”, detallan a Newtral.es desde el Ministerio de Inclusión.

• Las solicitudes presentadas ascendieron a 272.482, de las cuales 264.153 fueron concedidas, un 96,94% del total, la mayor tasa de aceptación de solicitudes de todos los procesos extraordinarios de regularización de extranjeros en situación irregular en España.

En 2001 Aznar impulsó la regularización “por arraigo”, su revisión y el “retorno voluntario” de ecuatorianos

En 2001, Aznar puso en marcha la llamada “regularización por arraigo”, como lo definió el propio gobierno del Partido Popular. Al finalizar este proceso, la administración comenzó una revisión de las solicitudes. 

Además, también en 2001 el Gobierno de Aznar impulsó otro proceso extraordinario al que solo pudieron acogerse ciudadanos ecuatorianos. El 3 de enero de 2001, 12 inmigrantes de Ecuador que carecían de permisos de residencia y trabajo en España murieron en un accidente de tráfico en Lorca al ser arrollada por un tren la furgoneta en la que se dirigían a trabajar al campo. 

La tragedia llevó a cerrar un acuerdo con las autoridades de Quito para una «operación humanitaria de regularización» que financiaría el retorno voluntario de ecuatorianos a su país para obtener en Ecuador su permiso de residencia y trabajo en España. Poco más de 2.600 ecuatorianos realizaron aquel viaje de ida y vuelta, ya que se comprobó que era más eficiente realizar los trámites sin el traslado. Finalmente, más de 20.000 ecuatorianos consiguieron sus papeles, según ha informado la agencia EFE.  

• Entre estas tres iniciativas se presentaron 351.269 solicitudes, de las cuáles fueron concedidas 239.174, el 74,29% de los demandantes.

En sus ocho años al frente del gobierno, Aznar facilitó los permisos de trabajo y residencia a 524.621 inmigrantes no comunitarios.

La última regularización extraordinaria de inmigrantes fue en 2005 

La última regularización extraordinaria de personas que viven sin papeles en  España fue impulsada en 2005 por José Luis Rodríguez Zapatero en la llamada “normalización de trabajadores extranjeros”. En un proceso abierto durante cuatro meses, los inmigrantes en situación irregular debían acreditar su estancia en España con anterioridad al 8 de agosto de 2004 y presentar un contrato de trabajo de seis meses o más y 40 horas semanales. 

• Este mecanismo ha sido el que más permisos de residencia y trabajo ha concedido de todos los procesos de regularización extraordinaria en España. De las 691.655 solicitudes presentadas, 576.506 fueron concedidas, el 83,35% del total.

Este mecanismo de regularización extraordinaria ha sido utilizado por un importante número de países a lo largo de las últimas décadas: solo en la Unión Europea, entre 1996 y 2008 se llevaron a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros.

Las regularizaciones más recientes fueron las realizadas por Portugal e Italia en plena pandemia, una respuesta apoyada por el Relator Especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes.