La crisis económica fue, entre otras cosas, una crisis del ladrillo. Los precios de las viviendas se dispararon durante la burbuja sin que lo hicieran los salarios, y si algo se hizo “por encima de nuestras posibilidades”, el mantra de aquellos años, fue edificar. Durante la crisis, la construcción cayó en picado: por cada diez viviendas que se terminaban en 2008, cinco años después solo lo hacía una.
Pero mientras la vivienda libre registraba sus máximos en pleno boom inmobiliario, con casi 600.000 construidas en un año, la protegida apenas creció. En cambio, sí sufrió los recortes presupuestarios posteriores y todavía no se ha recuperado: la construcción de viviendas protegidas ha caído un 83% en una década. En 2021 se calificaron como protegidas 9.567 viviendas, frente a las 58.308 de 2011.
Aunque la legislación actual es un decreto de octubre de 1978 -y sus modificaciones posteriores-, la vivienda protegida nació con el fin constitucional de hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Se trata de una competencia transferida a las comunidades autónomas, por lo que son éstas las encargadas de definir qué viviendas tendrán tal consideración. Una vez calificadas como protegidas, gozan de una serie de obligaciones: hay un precio máximo de venta o alquiler, debe destinarse a la residencia habitual, tienen una superficie máxima útil o construida y unos parámetros de diseño determinados.
Entre las viviendas protegidas, las de protección oficial (VPO) son las más conocidas. Los criterios para acceder a las VPO suelen ser muy exigentes y están reservadas para colectivos vulnerables, jóvenes o rentas bajas. Los promotores pueden ser públicos o privados (vivienda de precio tasado).
La vivienda protegida “no pasa un buen momento”
Aunque ha crecido ligeramente en 2020 y 2021, “el volumen actual de vivienda protegida no pasa un buen momento y es muy marginal si lo comparamos con los niveles precrisis”, asegura en nota de prensa Antonio Gallardo, experto financiero del comparador y asesor hipotecario iAhorro. “En 2021, más de ocho de cada diez viviendas protegidas fueron construidas por promotores privados mientras que menos de dos de cada diez viviendas las construyeron promotores públicos”, añade.
El problema es que la escasa oferta de vivienda protegida se produce en un momento en que es especialmente difícil acceder a un hogar asequible: alquilar un piso en solitario supone el 80% del sueldo de los jóvenes y el alza del euríbor augura el fin de las hipotecas baratas.
La mayor caída de vivienda protegida, la que ocurrió entre 2013 y 2012, tiene entre sus causas que en 2011 se eliminaron las ayudas que se daban a los promotores para compensar la limitación de precio de la vivienda, explica Gallardo.
En un informe elaborado por el Gobierno en 2020 sobre el estado de la vivienda social en España señalaba que el parque de vivienda social -porcentaje de vivienda social sobre el total de hogares- se sitúa en el 2,5%, frente al 9,3% de media de los países de la UE. España tendría que incrementar su parque en casi un 8%.
Datos desiguales por comunidades autónomas
El reparto es muy desigual por autonomías. Según los datos que facilitaron las comunidades al Ministerio, el parque de viviendas protegidas de titularidad pública era de 290.000 (un 1,6% de los hogares), de las que 180.000 pertenecían a las comunidades autónomas y 110.000, a los Ayuntamientos.
El Gobierno señalaba que “se trata de una cifra muy alejada de los más de 2,3 millones de viviendas protegidas construidas en el periodo 1981-2019”. Esto ocurre porque las viviendas protegidas pueden ser descalificadas y pasar a ser libres una vez transcurrido el plazo que establezca el Plan de Vivienda al que se acoja, por lo general fijado en 30 años.
En cuanto a las calificaciones nuevas, Andalucía lleva tres años con el contador a cero. En el caso de Ceuta son siete años sin nuevas viviendas protegidas. Y Asturias, Baleares o Castilla y León tampoco calificaron ninguna en 2021.
