Las comunidades autónomas gastaron más de 284 millones de euros en 2019 para dar servicio jurídico gratuito a los ciudadanos que lo solicitaron y cumplían con los requisitos establecidos en la ley. Así se desprende en los últimos datos anuales cerrados del XIV Informe del Observatorio de Justicia Gratuita de la Abogacía Española.
Un dinero que proviene por un lado del presupuesto que el Ministerio de Justicia dirige a la Abogacía Española, con fin en las comunidades y ciudades autónomas que no tienen transferidas las competencias de justicia: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla. Y por otro lado, de la partida que el resto de comunidades autónomas incluyen en sus cuentas anuales para pagar a los abogados que realicen el turno de oficio.
Para este 2021 el Gobierno ha aprobado un presupuesto de 43,7 millones de euros, para el Consejo General de la Abogacía Española y 3,67 millones de euros para el Consejo General de Procuradores de España. La subvención a la Abogacía es menor que la concedida en 2020, cuando tenía presupuestado 45 millones de euros.
Además, este miércoles 10 de marzo se ha publicado en el BOE la aprobación del nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita que modifica los plazos para pagar a los abogados en turno de oficio estableciendo el pago mensual en las regiones que gestiona directamente el Ministerio de Justicia. También crea el Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, un órgano de coordinación entre las administraciones públicas, los consejos del Poder Judicial, la Abogacía y los Procuradores .
Te contamos en qué consiste el acceso a una defensa gratuita y cuánto gastaron las comunidades autónomas en 2019 para pagar a los abogados de oficio, el último año con datos de gastos disponibles. La Abogacía Española sostiene que aún están recopilando los datos de 2020 pero que advierten que el número de servicios ha disminuido debido al cierre de los juzgados durante varios meses por la pandemia y el descenso en los delitos cometidos.
Cataluña y Andalucía, las comunidades que más gastaron en 2019
En 2019 se invirtieron más de 284 millones de euros en asistencia jurídica gratuita, con Cataluña y Andalucía como las comunidades que más gastaron, según los últimos datos anuales cerrados del XIV Informe del Observatorio de Justicia Gratuita de la Abogacía Española.
En España hay en torno a 46.000 abogados adscritos al turno de oficio, según el Consejo General de la Abogacía, “aún sabiendo que recibirán una compensación que la mayoría de las veces apenas cubre los gastos que le genera”.
El precio medio de retribución son 143 euros por asunto y en el mejor de los casos tienen una guardia por mes en los colegios más pequeños, indican a Newtral.es desde la Abogacía Española. Además, asumen estos gastos de forma anticipada ya que la compensación suele llegar con al menos dos meses de retraso, aseguran.
Así, las administraciones públicas – Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas – fijan un presupuesto para que los ciudadanos puedan acceder a una asistencia jurídica gratuita y de esta forma pagan a los abogados de oficio.
En el caso de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, el presupuesto parte de lo asignado por Justicia, y la Abogacía Española se encarga de su distribución en función de los servicios realizados. En las demás regiones que cuentan con presupuestos autonómicos lo gestionan a través de los distintos colegios de abogados.
Acceso a una defensa gratuita
El derecho a tener un abogado gratis es un derecho que reconoce la Constitución en su artículo 119 para aquellos que justifiquen “insuficiencia de recursos para litigar”. También cuando lo reconozca la ley como en casos de violencia de género, víctima de terrorismo, trata de seres humanos, menores de edad o con discapacidad intelectual que hayan sido víctima de abuso o maltrato.
Puede solicitar justicia gratuita cualquier ciudadano español o extranjero, residente o no, que justifique que no tiene recursos para contratar una defensa o en los anteriores casos mencionados.
Pero para acceder a este servicio, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita establece unos umbrales de ingresos económicos brutos por unidad familiar. Para ello, toman como referencia el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM), que para 2021 es de 6.778,80 euros al año.
Así, una persona deberá ingresar como máximo 13.557,60 euros al año para poder acceder a justicia gratuita. Cuando se trate de una unidad familiar de cuatro o más integrantes no podrán ingresar más de 20.336,40 euros anuales.
Fuentes
- Gabinete de prensa de la Abogacía Española
- XIV Informe del Observatorio de Justicia Gratuita de la Abogacía Española.
si quiero comentar que me parece bajisimo el baremo para acceder a justicia gratuita porque algunos pleitos se pierden y generan costas. Sin justicia gratuita el justiciable queda arruinado al pagar las mismas tras haber pagado abogado y procurador