Circulan en redes sociales mensajes que afirman que algunos juramentos pronunciados por diputados y senadores en la constitución de las Cortes Generales del 17 de agosto de 2023 “no son válidos”. Se refieren a fórmulas como la empleada por la diputada Tesh Sidi (Sumar), que reivindicó la “descolonización de los territorios” en referencia al Sáhara, o por la que optaron algunos parlamentarios nacionalistas con referencias a la “soberanía” de sus respectivas comunidades, como la vasca, la gallega o la catalana.
“La formación del Congreso es ilegítima por no cumplir la ley […] Todos estos juramentos no son válidos, lo dice la Constitución”, dice una de las publicaciones de Twitter sobre las promesas de los diputados elegidos en las elecciones del 23-J. Los artículos 4 y 20 del Reglamento del Congreso de los Diputados prevén que los Diputados proclamados electos habrán de prestar, en la primera sesión del Pleno a la que asistan, el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.
Los mensajes que se han viralizado critican los juramentos constitucionales de algunos diputados en la Sesión Constitutiva de la XV Legislatura con fórmulas que se salían del tradicional “sí, juro” o “sí, prometo” o que habían realizado en lenguas cooficiales. Algunos ejemplos son Carla Antonelli (Sumar), que prometió su cargo como senadora con el objetivo de luchar “contra los discursos de odio, la LGTBIfobia y la transfobia”; el diputado Néstor Rego (BNG), que prometió por imperativo legal “traballar para defender o pobo galego e a soberanía da Galiza”; la diputada saharaui Tesh Sidi (Sumar), que prometió “por la descolonización de los territorios y por una política donde primen los derechos humanos”; o el senador Jordi Gaseni (ERC), que prometió acatar la Constitución también “per imperatiu legal” y hasta la consecución de “la república catalana“.
Sin embargo, no es la primera vez que estas fórmulas son objeto de debate entre los partidos que componen las Cortes Generales. En 2019 el PP recurrió al Tribunal Constitucional (TC) la aceptación de la Presidencia del Congreso de las fórmulas de acatamiento de la Carta Magna que pronunciaron entonces diputados de formaciones independentistas y de Unidas Podemos. Además, en las segundas elecciones de ese año, Vox presentó un recurso ante la Mesa del Congreso por la promesa pronunciada por diputados de Junts, ERC, Bildu, CUP, PNV y BNG. No obstante, el Alto Tribunal no ve vulneración de derechos en estas promesas.
El Tribunal Constitucional establece que las fórmulas añadidas a la expresión tradicional no limitan el derecho de igualdad y representación de otros diputados
El 6 de junio de 2023, el Pleno del TC resolvió el recurso de amparo interpuesto por ocho diputados del PP cuatro años antes, recurso que reprobaba la actuación de la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por aceptar los juramentos y promesas constitucionales de diputados que añadieron fórmulas de acatamiento a las expresiones tradicionales “sí, juro” y “sí, prometo”. A juicio del PP, estas fórmulas atentaban contra el artículo 23.2 de la Constitución Española (CE) al incluir “expresiones o proclamas secesionistas”, atacaban a la monarquía y al Poder Judicial y “suponían un trato desigual entre representantes”.
No obstante, en una nota informativa el Alto Tribunal aclaró que la decisión de la Presidencia de la Cámara Baja de aceptar estas fórmulas no afectaba a los derechos y facultades de los diputados demandantes. “El Tribunal manifiesta que su análisis no va a comenzar por determinar si la decisión impugnada –la aceptación de los juramentos– implicó una contravención de las normas parlamentarias, sino por verificar si dicha decisión […] es susceptible de incidir en el núcleo esencial del derecho de representación política de los demandantes de amparo”, explicó el tribunal.
Según el Constitucional, en aquella ocasión no se produjo un trato desigual, debido a que fueron validadas todas las formas de acatamiento, y de haberse dispensado un trato diferente a los 29 diputados que utilizaron fórmulas añadidas, no habría quedado amparado por el principio de igualdad.
Por ende, el TC rechazó el recurso de amparo, ya que consideró que en 2019 se permitió acceder a la plena condición de diputados a quienes utilizaron en sus juramentos a la Constitución fórmulas añadidas y a quienes no, sin que se vulneraran los derechos de los segundos en relación con el artículo 23.2 de la CE, como sí alegaban los diputados populares.
Asimismo, durante la constitución de las Cortes celebrada el 18 de agosto de 2023, PP y Vox protestaron ante la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, por los acatamientos de algunos diputados. No obstante, la presidenta de la Cámara validó todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución.
El uso de lenguas cooficiales no está recogido en el reglamento del Congreso
Al margen de los juramentos constitucionales de los diputados, Armengol anunció en su primer discurso como presidenta del Congreso que permitirá el uso de todas las lenguas oficiales del país, ya que afirmó creer en la pluralidad y lo considera una forma de “acercarse a la España real”. El uso de las lenguas cooficiales es un tema recurrente en el Congreso y la Presidencia de la Cámara Baja ya cortó algunas intervenciones anteriormente. Como contó Newtral.es, en 2022 hubo una proposición de reforma del Reglamento, que fue rechazada por 268 votos. Sin embargo, el Senado sí reconoce el uso de las lenguas cooficiales en las intervenciones desde que llevó a cabo una reforma de su reglamento en 2005.
Si bien el artículo 3 de la Constitución señala que el idioma oficial de todo el territorio español es el castellano, el artículo 70 del reglamento de las Cortes, que regula las intervenciones de los diputados, no establece un idioma exclusivo para hablar en las cámaras. Por lo tanto, no existe ninguna referencia al uso de lenguas cooficiales.
Resumen
A pesar de que el Tribunal Constitucional no analiza si la decisión de Meritxel Batet de aceptar los juramentos con fórmulas diferentes en 2019 implicó “una contravención de las normas parlamentarias”, sí considera que estas fórmulas no vulneran el derecho de igualdad ni la representación del resto de diputados del Congreso. Además, aunque el idioma oficial del Estado es el castellano –junto a otras lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas–, el reglamento de las Cortes no establece un idioma exclusivo para realizar las intervenciones.
Y si uno jura por el perro del hortelano también vale????
y porque öscar Puente no vuelva a la política ljamás. que se vaya de vacaciones permanentes en el yate de su amigo.