Qué son los jueces de paz y por qué podrían desaparecer

Si se aprueba el anteproyecto sobre los servicios judiciales, desaparecerán los jueces de paz. Una figura que existe desde el siglo XIX y que garantiza que haya presencia de la Administración de Justicia en los municipios que no son sede de un juzgado de primera instancia o de instrucción. 

En su lugar, el Gobierno planea abrir oficinas de justicia, “unas oficinas más modernas pero también más profesionalizadas”, según explicó la ministra de Justicia, Pillar Llop, en una entrevista el 15 de noviembre en Radio Aragón (min. 04:39). 

Pero desde las asociaciones de jueces de paz se quejan de que no se les ha tenido en cuenta en la redacción del anteproyecto de ley, y que no queda claro cómo se suplirán todas las necesidades de las pequeñas poblaciones que dependen esta figura al desaparecer esta. 

Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2020, había 7.700  jueces de paz en España que resolvieron 646.835 asuntos. Desde la  Asociación de Jueces de Paz de Málaga explican que aunque se siguen nombrando nuevos jueces, no saben qué ocurrirá con los actuales si se aprueba el anteproyecto. 

¿Cuáles son las funciones de los jueces de paz?

Los jueces de paz son jueces no profesionales, es decir, que no pertenecen a la carrera judicial, explica a Newtral.es Jesús María González García, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense. “Un juez de paz no tiene que ser licenciado en derecho ni superar ninguna oposición. Es elegido por el ayuntamiento por un periodo de cuatro años”, añade.

Las competencias de los jueces de paz están reguladas por ley (Ley Orgánica 6/1985), pero González dice que tienen una competencia civil “muy escasa», en asuntos que reclamen hasta 90 euros. “Además, la competencia del juez de paz es concurrente a la de los jueces de primera instancia”. Es decir, que aunque un caso lo pueda llevar un juez de paz, también puede ser tratado desde un juzgado de primera instancia. 

Las principales funciones de los jueces de paz consisten en auxiliar al resto de tribunales. “O notificar actos judiciales cuando el destinatario se encuentra en el territorio del juez de paz”, explica el catedrático. También pueden celebrar actos de conciliación. En estos se busca el acuerdo entre las partes sin la necesidad de que el caso llegue a juicio. 

Además, realizan labores de protección de pruebas. Por ejemplo, explica González, en un accidente de tráfico, el juez de paz estaría presente para garantizar que no desaparezcan pruebas y que se pongan después a disposición del juez de instrucción. 

Al final, según González, los jueces de paz garantizan que haya presencia de la Administración de Justicia en todos los municipios que no son sede de un juzgado de primera instancia o de instrucción. 

Según Iluminada Regateiro, presidenta de la Asociación de Jueces de Paz de Málaga y jueza de paz retirada en Alhaurín de la Torre, el juez de paz aporta algo que no se le exige a otro tipo de jueces: “Ser una persona del pueblo, que viva en él, y en la que las personas confían”. 

Han perdido competencias en los últimos años

La ministra de Justicia dijo en la misma entrevista que “los jueces y juezas de paz apenas tienen ya competencias después de las últimas reformas legales en materia penal y de registro civil” (min. 04:49). 

Regateiro cuenta a Newtral.es que desde su asociación han solicitado durante años que se dé más formación a los jueces de paz, tanto en temas legales como de digitalización, pero según ella no se ha proporcionado suficiente. “En su lugar, estamos viendo que nos van quitando competencias”.

En los últimos años, los jueces de paz han visto reducidos sus asuntos. El catedrático de la Complutense explica que antes de 2015 atendían también los asuntos de faltas penales. Sin embargo, se hizo desaparecer esa categoría con la Ley Orgánica 5/2015. En esta ley, explica González, “se suprimen las faltas y se sustituyen por los llamados ‘delitos leves’. El enjuiciamiento de estas infracciones penales va a corresponder en todo caso al juez de instrucción”. 

Con la entrada en vigor de la ley del Registro Civil, las funciones relacionadas con este registro se redujeron, cuenta el catedrático. Al final, “los asuntos en los que juzga el juez de paz son escasísimos, prácticamente anecdóticos”. 

Cómo afecta el anteproyecto de ley a los jueces de paz

“Es verdad que ese diseño era más útil cuando las comunicaciones eran peores, como en el siglo XIX”, dice González. “Hoy es más sencillo ir a la sede judicial”, añade. Dada la reducida lista de competencias, a priori González no ve que existan “problemas graves de actualizar el sistema, siempre y cuando alguien asuma sus funciones”.

En el anteproyecto desaparecen de los jueces y juzgados de paz y se crean unas oficinas de Justicia en cada municipio que cuente con jueces de paz. Se argumenta en el texto que estos cambios contribuirán a la digitalización y el desarrollo de las capacidades digitales de la Administración.

Francisco Lasheras, que presidía la extinta Federación de Asociaciones de Juzgados de Paz, explica a Newtral.es que este anteproyecto se ha realizado sin tenerles en cuenta. Tanto Lasheras como Regateiro confirman que solo se celebró una reunión con el Ministerio de Justicia en la que participaron ambos. En esta, cuenta, se acordó convocar una segunda reunión que no llegó a realizarse. “Ni contestaron a los escritos que dejamos encima de la mesa para que lo estudiaran”, dice Lasheras. “Desde la asociación de Málaga mandamos varios escritos después y no nos han contestado”, cuenta Regateiro. 

Esta exjueza de paz no tiene dudas sobre la aprobación del anteproyecto de ley. “En un año, o en un año y medio, no creo que existan los jueces de paz”, dice la exjueza. Pero desde su asociación se pide que si desaparece el juez de paz, la persona encargada de las nuevas oficinas “sea una persona del pueblo, que conozca a los vecinos”, se llame como se llame el cargo.

Otra de las funciones de los jueces de paz es oficiar matrimonios civiles. “Ya hay notarios que están supliendo estas funciones, pero ahí tienes que pagar, en los juzgados de paz no. La justicia tiene que seguir siendo gratuita”. Regateiro dice estar preocupada por si, al desaparecer la institución, sus funciones se sustituyan por servicios que no sean gratuitos o totalmente digitales, y que las personas mayores tengan dificultades para acceder a ellos.

“La alternativa va a ser más cara”, dice Regateiro. Ella fue jueza de paz durante cinco años en Alhaurín de la Torre, una localidad malagueña. Durante ese tiempo, ingresaba unos 4.000 euros brutos al año por su cargo de jueza. “Pero en otros municipios más pequeños, hay algunos que cobran 1.200 euros al año”, afirma Regateiro. 

Aunque en el anteproyecto se explica que al desaparecer el juez de paz, las oficinas de justicia continuarán ofreciendo una atención presencial en los municipios más pequeños, para evitar desplazamientos. “Pero no nos han dicho cómo se va a garantizar esto”, dice Regateiro. “Nosotros estamos 24 horas de guardia todos los días del año. Estás en la comida de Navidad o la noche de Reyes con tus nietos, y si te llaman por un difunto, te tienes que ir. Si tienen un sistema que vaya a suplir todo esto, genial”.

Los jueces de paz están presentes en otros países

En España, la figura de los jueces de paz que puede desaparecer pronto, existía ya en el siglo XIX. En la Constitución española de 1812, se le asigna al alcalde la función de conciliador. Cuatro décadas después ya parece legislado y separado de la figura del alcalde en el Real Decreto de 22 de octubre de 1855.

Una figura similar a los jueces de paz está también presente en otros países como Canadá, Reino Unido, o en países de la Unión Europea como Bélgica. En este último, se encuentran en la parte más baja de la jerarquía judicial, y atienden casos civiles donde la pena no excede los 5.000 euros. También cuentan con jurisprudencia en temas de desahucios e impago de facturas. 

En Escocia, una figura asimilable actúan solos o en tribunales de tres. Tratan casos menores, sobre todo de infracciones de tráfico, y pueden imponer penas de hasta 60 días de cárcel o de 2.500 libras (unos 2.970 euros). En Canadá, tienen funciones más extendidas que en España. Pueden autorizar órdenes judiciales, y tratan “casi todos los casos de vistas para fijar una fianza, y otras vistas penales” a nivel provincial, explica la página oficial de Ontario.