El comisario de Justicia busca en España respuestas sobre Pegasus tras el silencio del Gobierno

España es el único de los cuatro países europeos consultados que no ha contestado a la carta de la Unión Europea en la que se le pedía información sobre las investigaciones en marcha en torno al uso de Pegasus y otros software de espionaje con fines políticos, y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, llega esta semana al país para buscar una respuesta.

Tanto el Gobierno de España como los de Grecia, Hungría y Polonia se han visto envueltos en escándalos recientes de espionaje a políticos, periodistas y activistas a través del uso de estos programas, y Bruselas ha tratado de indagar cómo evolucionan las investigaciones, aunque con distintos resultados. 

La visita de Reynders, entre el 29 y el 30 de septiembre, estará centrada en la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero también busca indagar sobre el informe publicado por el Citizen Lab el 18 de abril, que reveló el espionaje a 65 políticos catalanes, incluidos el actual presidente de la comunidad, Pere Aragonès, y otros políticos.

Mientras, los expertos consideran que todavía no se han hecho los cambios necesarios para controlar que los servicios de inteligencia no vulneren derechos como el de la protección de datos. 

Polonia rechaza las reuniones con la Comisión de investigación sobre Pegasus

Polonia se negó a reunirse con la delegación europea durante la misión de investigación que realizaron a Varsovia la semana pasada. «Es lamentable y condenamos el hecho de que las autoridades polacas no hayan querido cooperar con nuestra comisión de investigación (…) Esto demuestra que este Gobierno no valora el control democrático», dijo Jeroen Lenaers, jefe de la delegación, en una rueda de prensa.

«Creemos que también es una señal reveladora de la total falta de importancia que este Gobierno concede a los controles y equilibrios, al escrutinio democrático y al diálogo con los representantes elegidos», subrayó. 

España también podría recibir una misión de la Comisión de investigación PEGA, creada por el Parlamento Europeo para esclarecer los casos de espionaje con software maliciosos, aunque por ahora no hay un acuerdo, como comentan desde este organismo a Newtral.es.

Grecia y Chipre, los próximos en la lista de misiones de la Comisión de investigación sobre Pegasus

Grecia es el próximo destino de la Comisión de PEGA, que viajará al país en noviembre, después que las autoridades negaran tener conocimiento del espionaje a periodistas en su respuesta a Europa. 

Además del espionaje a los periodistas Stavros Malichudis y Thanasis Koukakis, en agosto se conoció que el Servicio Nacional de Inteligencia (EYP) había estado espiando el teléfono de Nikos Androulakis, jefe del partido de centro-izquierda Pasok. El teléfono del líder también se había tratado de intervenir a través del software Predator, similar a Pegasus, pero las autoridades griegas niegan que tuvieran una relación con esto último.

La Comisión, que incluye también a Chipre, plantea otra misión a Hungría a partir de febrero de 2023, como señalan a Newtral.es. Los grupos políticos deciden las misiones en las reuniones de los coordinadores, a puerta cerrada. En caso de desacuerdo sobre realizar una misión de investigación, los coordinadores de cada grupo político deben votar en función del peso relativo de su grupo en la Comisión. 

Además, con el fin de recopilar información para su próximo informe, la Comisión PEGA ha enviado un cuestionario a cada Estado miembro preguntándoles sobre sus prácticas y experiencias en materia de programas espía. Pero España tampoco ha respondido a este cuestionario, según informan desde la Comisión de PEGA.

Las investigaciones en curso dejan a España a la espera de una respuesta sobre los casos de espionaje

La renovación del CGPJ será el punto central en la agenda del comisario, aunque desde Moncloa han puesto en duda su imparcialidad después de conocer que el comisario se reunió con el eurodiputado del PP Esteban González Pons, ya que consideran que está alineado con las tesis del partido y está tratando de imponerlas, según recoge El País.

El otro eje de la agenda será el Informe sobre el Estado de Derecho en España, en el que la Comisión Europea resalta las investigaciones judiciales que se han iniciado para determinar las escuchas ilegales a través de Pegasus y Candiru, al igual que la investigación por parte del Defensor del Pueblo. 

Esta última aseguró que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había actuado conforme a la ley, pero también concluyó que se necesitan mejorar los controles judiciales y parlamentarios para supervisar que las labores de investigación no vulneren los derechos de los ciudadanos.

El Parlamento Europeo también ha subrayado en sus informes las críticas a los mecanismos de control por considerarlos insuficientes y superficiales, y subraya que el control parlamentario ha estado “ausente” los últimos tres años. “Preocupa que una ley concebida para controlar la interceptación de las conversaciones telefónicas convencionales sirva para autorizar la infección de los móviles con programas espía que permiten extraer toda la información almacenada y manipular el sistema de destino".

Aunque la Comisión ha dejado claro en varias ocasiones que son los Estados los que deben esclarecer la polémica, la UE ha seguido de cerca los pasos de España para reforzar el sistema y evitar que las labores de inteligencia no vulneren los derechos fundamentales. 

España afina los mecanismos legales de control, pero los expertos siguen viendo deficiencias en el sistema

El Consejo de Ministros aprobó en agosto el anteproyecto de ley de información clasificada, que reemplazaría a la ley de secretos oficiales. Aun así, los expertos creen que se necesita reformar tanto el control parlamentario como el judicial.

“Hay un déficit muy grande político y normativo”, resalta Miguel Revenga, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz. “Lo que hemos visto a lo largo de los años es que la Comisión de secretos oficiales [del Congreso] no funciona de manera adecuada; va a impulso de pequeños escándalos o cuando el director del CNI comparece por voluntad propia, pero no hay un mecanismo rutinario e incisivo del control que de a los ciudadanos confianza sobre cómo actúa”.

Revenga también resalta que la ley que regula el CNI “cubre con el manto del secreto a todo lo que se refiere a las fuentes de información del servicio, en contra de lo que dice la Constitución, por lo que es el propio director el que da la información que considera oportuna y cuando lo considera oportuno”.

Dolors Canals, profesora de Derecho Público en la Universidad de Girona, añade que el control judicial también necesita un refuerzo. “Tienen que extremarse las garantías en el control judicial. Hay dos problemas: una falta de conocimiento técnico sobre cómo funcionan este tipo de programas, que son bastante complejos, y por otro lado que debería haber más garantías”, explica a Newtral.es.

“Todas las actuaciones del magistrado son secretas, y el ciudadano no tiene información sobre cuántas se han solicitado, cuántas se han negado, y no parece un verdadero control judicial, sino que es hacer partícipe a un único magistrado del mundo del secreto”, insiste Revenga.

El catedrático apunta a que la tendencia es crear comisiones de control independientes en las que participen expertos en informática que puedan ofrecer una asesoría técnica sobre los sistemas que se adquieren y las potencialidades invasivas que tienen. “Se va más bien a un control preventivo en un mundo en el que las posibilidades de espionaje se han incrementado exponencialmente. Lo que tenemos que tener los ciudadanos es seguridad en torno a las reglas del juego”, precisa. 

Por otra parte, organizaciones como Amnistía Internacional apuntan a la necesidad de poner límites a la venta de este tipo de programas maliciosos y exigen una moratoria mundial para evitar que la industria de la vigilancia continúe sin control. "Toda la industria de la vigilancia está descompuesta y necesita una reforma urgente (...) Seguimos pidiendo una moratoria mundial sobre la venta, la transferencia y el uso de programas espía hasta que se establezcan salvaguardias reguladoras de los derechos humanos que rijan su uso", advertía Danna Ingleton, directora adjunta de Amnesty Tech, en un comunicado.