La Audiencia Nacional comienza a investigar el presunto espionaje con Pegasus a Sánchez y a Robles con pocas posibilidades de encontrar al autor

La investigación del caso Pegasus abierta por un presunto delito de revelación de secretos echa a andar. José Luis Calama, el juez de la Audiencia Nacional, ha abierto la investigación sobre el posible espionaje con el software Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El magistrado, que da luz verde a la causa por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos en relación a la denuncia que ha presentado el Gobierno a través de la Abogacía del Estado, detalla en su auto que, según el Centro Criptológico Nacional, el móvil de Sánchez “fue infectado por Pegasus en dos ocasiones”, el 9 y 31 de mayo de 2021. “Se produjo exfiltración de información [transferencia de información sensible entre la red de una organización víctima y una ubicación externa] del dispositivo debido a esta infección en esas fechas; y actualmente el móvil no presenta indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus”, apunta Calama.

Según el auto del juez que investiga el caso Pegasus, la primera intrusión se produjo horas después del masivo paso de inmigrantes marroquíes a Ceuta, entre ellos muchos menores. Fue la más grave ya que se sustrajeron hasta 2,6 gigas de información. El teléfono de Robles fue infectado en el mes de junio. 

El juez escribe que abre una causa penal “con objeto de practicar aquéllas diligencias de investigación que resulten necesarias en orden a la determinación de la naturaleza y circunstancias del hecho y las personas que en él hayan participado”. Calama considera que se ha vulnerado la “libertad informática” de los afectados y su derecho “a la autodeterminación informativa, entendido como libertad de decidir qué datos personales pueden ser obtenidos y tratados por otros”.

¿Tiene recorrido jurídico esta investigación del caso Pegasus?

Los expertos consultados por Newtral.es advierten de las dificultades de una investigación de este tipo con muy pocas posibilidades de prosperar y averiguar quién o quiénes han sido los autores del espionaje. El problema es la propia opacidad de la compañía propietaria del software Pegasus, la israelí NSO Group. Pero no solo. A los servicios secretos españoles tampoco les interesa que la investigación llegue lejos para evitar el riesgo de que información clasificada y sensible acabe saliendo a la luz. 

“El recorrido penal de este caso Pegasus será mínimo porque no se va a poder demostrar nada durante la investigación”, explica a Newtral.es, Carlos Sánchez, abogado experto en delitos informáticos. “Tanto Israel como España argumentarán la protección de su defensa nacional”, añade.

Según el magistrado, para resolver este caso es necesario investigar documentación clasificada, relativa a la seguridad nacional de cada país. “Una información que puede tener relación con el uso de Pegasus por parte del servicio de inteligencia español para espiar a Rusia, por ejemplo, o a otros países”. Para los expertos, esta investigación supone tirar de un hilo del que no interesa a nadie porque sacaría a la palestra otros secretos. 

Además, a esto se suma la dificultad de determinar si NSO Group proporcionó el servicio de Pegasus a un tercer país (como podría ser Marruecos), o que fuera la empresa la que lo ejecutara por orden de los servicios secretos del Estado concreto. “Para cada caso la conclusión sería diferente pero, en cualquier caso, complejo de determinar”, indica por su parte David Maeztu, abogado especialista en nuevas tecnologías. 

¿Cuál es el siguiente paso, una vez abierta la investigación de Pegasus?

El magistrado Calama ha atendido la demanda interpuesta por el Gobierno a través de la Abogacía del Estado y comenzará una investigación que ha sido declarada secreta por periodo de un mes o porque afecta a altos cargos del Gobierno. 

Calama reclamará al Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, los informes del análisis de los teléfonos móviles de Sánchez y Robles para comprobar si hay “hechos, a priori, constitutivos de delito”, como indica el abogado Sánchez en declaraciones a Newtral.es. “Lo que se pueda encontrar, los rastros que haya dejado este software en los teléfonos personales del presidente y de la ministra es lo más relevante para poder establecer un rastro tras el ataque y determinar la autoría del espionaje”, añade Maeztu.

Después, todo quedará en el aire. “En cuanto estiren un poco el tema y no encuentren pruebas ni indicios que apunten a una persona física en concreto o a una persona jurídica, tendrán que plegar velas”, insiste el abogado experto en tecnología.

“La investigación del caso Pegasus debería poder acreditar detalles técnicos como el volumen de gigas de información descargada, pero no interesa detallar en el auto el contenido de estos gigas porque puede afectar a la seguridad del Estado”, añade Maeztu. “Es un material muy complejo de tratar”, termina. 

¿Por qué es tan difícil encontrar pruebas que delaten al autor del espionaje?

El software Pegasus necesita una autorización legal del Estado de Israel para poder ser utilizado. Sin esta autorización, es ilegal venderlo o importarlo. Para comprobar este hecho, hay que presentar pruebas y, a partir de ahí, seguir el rastro informático. 

“El problema es que Israel no va a colaborar”, sentencia Sánchez. “Lo que harán los jueces es dirigir una comisión rogatoria [cuando se pide colaboración a otro juzgado del que no se tiene competencia, como el de Israel] y el Gobierno israelí, muy probablemente, alegará motivos de seguridad nacional para no contestar”, asegura el abogado. 

“España también ha sido cliente de la empresa israelí, por eso ya se sabe que NSO Group es la que proporciona el software Pegasus, pero más allá de ese punto, no se podrá determinar muchos más detalles. Evidentemente Israel no va a dar información ni va a colaborar con la justicia”, explica, por su parte, Maeztu. “Ahí moriría todo”. 

Ambos coinciden, sin embargo, en apuntar que, a diferencia del judicial por las dificultades que entraña su investigación, el caso Pegasus sí tendrá un recorrido político y mediático largo.

¿Es legítimo que Israel se niegue a colaborar con España?

Israel, como Estado soberano, no tiene obligación de colaborar con la Justicia española, por lo que el caso quedaría en tierra de nadie. Un caso diferente sería si se tratara de la Unión Europea, donde existen mecanismos de colaboración judicial entre países.