En su último informe, el Consejo de Transparencia ha pedido al Gobierno que aporte información o parte de ella que, por distintos motivos, se ha negado a dar a los ciudadanos. Entre ellas se encuentran diversas reclamaciones al Ministerio del Interior por no responder sobre los gatos del ministro y otros altos cargos en 2021, sobre qué altos cargos de este departamento reciben clases de idiomas y cuántos migrantes han sido expulsados de España o están en Centros de Internamiento de Extranjeros.
Este organismo justificó que la documentación solicitada en las peticiones que analizamos en este artículo tiene la condición de información pública, que existen precedentes sobre las materias y que el Gobierno no ha justificado su inadmisión.
El informe, que se ha actualizado con los datos del mes de agosto, recoge que el Consejo ha dado la razón a los ciudadanos en 50 reclamaciones que estos han interpuesto contra el Gobierno por no facilitar la información requerida a través del Portal de Transparencia.
Este organismo se encarga de instar a la Administración Pública a cumplir con sus obligaciones en un plazo máximo de 10 días hábiles. Por tanto, existe la posibilidad de que el órgano público al que afecta la reclamación pueda haber subsanado las quejas en el plazo previsto enviando la información oportuna, aunque en el informe del CTBG del mes de agosto consten como incumplidas.
El Consejo de Transparencia publica el grado del cumplimiento del Gobierno respecto a sus resoluciones. El último dato anual disponible es de 2021, año en que cumplió el 80% de las veces frente al 11,8% en las que no consta cumplimiento y el 2,8% que terminaron en la vía contenciosa-administrativa. Hay, además, un 5,4% que se encuentra pendiente de tramitarse.
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En Newtral.es analizamos algunas de las reclamaciones de información que el Gobierno ha denegado a los ciudadanos y que el Consejo de Transparencia ha dictaminado que debe ser pública.
Los gastos de Marlaska y otros altos cargos en 2021
El Ministerio del Interior recibió el pasado mes de enero una solicitud de información en la que se pedían los importes abonados por este departamento ministerial y por la Dirección General de la Guardia Civil por los gastos del ministro Fernando Grande-Marlaska y dos directores generales durante 2021.
En concreto se requerían los datos desglosados por locomoción, manutención, alojamiento o atenciones protocolarias, entre otros.
Interior no respondió. En primera instancia, el ministerio no respondió ni para dar acceso a los datos ni para denegarlos. Es el conocido como silencio administrativo y se da cuando el ciudadano no ha recibido contestación alguna por parte de la administración.
En la Ley de Transparencia el artículo 20.4 recoge que cuando ha transcurrido el plazo máximo (un mes) para dar una respuesta, “se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. El silencio se traduce en una respuesta negativa.
Tras la reclamación llegan los datos. Ante la falta de respuesta, el solicitante reclamó al Consejo de Transparencia y éste le dio la razón instando al ministerio a enviar la información en un plazo de 10 días.
Así, Interior cifró en 43.437 euros el gasto en atenciones protocolarias de Marlaska en 2021 como cuenta El Independiente, lo que supone que los datos llegaron 247 días después de que se registrara la solicitud.
El ministerio del Interior mantiene silencio en las preguntas sobre migrantes
Por otro lado, en las últimas resoluciones publicadas por el Consejo de Transparencia se distinguen tres reclamaciones estimadas al Servicio Jesuita de Migrantes en España. Esta organización sin ánimo de lucro registró varias peticiones de información a Interior y en todas la Administración se mantuvo en silencio.
En concreto, pidieron datos sobre entradas irregulares en territorio español en 2021 desglosados por provincia, sexo y edad. También cuántas detenciones fueron relacionadas con la extranjería y cuántas personas fueron conducidas a Centros de Atención Temporal de Extranjeros.
De igual modo, solicitaron cuántas personas había internadas en cada Centro de Internamiento de Extranjeros en 2021 y por qué motivos, además de que se detallara la nacionalidad y la duración media de internamiento, entre otras cuestiones.
Y en la tercera solicitud, el Servicio Jesuita de Migrantes en España reclamaron cifras de expulsión y devolución de migrantes con el mismo nivel de detalle (sexo, nacionalidad, causa).
Clases de idiomas a altos cargos sufragadas por Interior
Por otro lado, Interior tampoco ha respondido a una petición de información en la que se solicitaba qué altos cargos del ministerio están recibiendo clases de idiomas. En concreto, requerían que se diese detalle de quiénes son los alumnos, el número de horas previstas de las lecciones y los idiomas que se imparten.
Así, se basan en el contrato adjudicado a Interlang Servicios de Idiomas S.L por 14.652 euros (con impuestos) para cursos de formación de idiomas para altos cargos que se están llevando a cabo entre enero y diciembre de 2022.
Al tratarse de un contrato menor de suministros, es decir de menos de 15.00 euros, la normativa española permite que se le adjudique a cualquier empresa con capacidad de obrar sin la necesidad de un concurso público y le obliga a publicar un mínimo de información. Como vemos en el Portal de Contratación detallan únicamente plazo de ejecución, la empresa contratada y el precio del contrato.
¿Qué hace el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?
- Primero, reclamar. Si tras realizar una solicitud de acceso a la información a través del Portal de Transparencia, el acceso a dicha información ha sido denegado o la respuesta no es satisfactoria puedes reclamarlo ante el CTBG.
- Fase de evaluación. Este organismo revisa la decisión de la Administración sobre la petición presentada en un plazo máximo de tres meses.
- Resolución final. Y finalmente resuelve si da la razón al reclamante (resolución estimada) e insta a la administración a facilitar la información que se pide, o por el contrario, justifica la decisión de la administración (resolución desestimada) en su negativa de dar acceso a la información solicitada.
- La administración debe acatar. Según recogen en su portal, la decisión del Consejo es “de obligado cumplimiento para la Administración”.
Aquí puedes leer más detalles acerca de cómo ejercer tu derecho de acceso a la información pública.
¿Cómo son las resoluciones del CTBG?
Para resolver las reclamaciones presentadas por los ciudadanos, el CTBG emite resoluciones en las que establece si la información solicitada tiene que ser facilitada o no.
Estas pueden ser:
- Estimadas: da la razón al ciudadano e insta a que la Administración facilite la información solicitada.
- Desestimadas: no se acepta la pretensión del ciudadano de conocer la información, algo que también se entenderá si no se resuelve la reclamación en el plazo máximo de tres meses.
- Suspendidas: hay pendiente un procedimiento judicial en una reclamación de idénticas características, por lo que la solicitud se suspende hasta que haya una sentencia en firme.
- Archivadas: el procedimiento termina normalmente porque la persona que ha reclamado renuncia a seguir con la reclamación. Algunos casos son porque en periodo de alegaciones el Ministerio competente le da una contestación.
- Inadmitidas: aquellas que no se procede a tramitar
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